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Cárceles uruguayas: ni plan ni dignidad

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Penal de Libertad (Foto Udelar)

Por Fernando Gil Díaz – “El Perro Gil”. La muerte de Larrañaga no solo dejó sin líder a Alianza Nacional, sino que le produjo una fractura expuesta que los dejó a merced del “calderín” herrerista y del “oportunismo” de Gandini, por ocupar un espacio que no le entra ni con fórceps. Junto a esa estampida baguala, buscando aleros donde refugiarse, la gestión de la cartera sigue haciendo agua por todos lados y dejando por el camino los buques insignias que pretendió imponer el Guapo junto a sus más cercanos asesores. Entre aquellos “puntos altos” que proyectaba, un llamado Plan Dignidad supo ocupar titulares de prensa que no se extendieron más que unos pocos centímetros virtuales en algún caso. Ni siquiera supieron exponerlo, y menos defenderlo, tanto dentro como fuera de fronteras. Hoy, avanzando el cuarto año de gestión, las cárceles muestran un deterioro manifiesto al que se suma un incremento exponencial del hacinamiento y un proyectado e insuficiente incremento de plazas penitenciarias, que hacen más oscuro aún el panorama. Mientras tanto, las denuncias del Comisionado Parlamentario se dejan oír muy bajo y casi que en exclusiva para algunos ámbitos cerrados; sin las estridencias que supo imponer durante las gestiones frenteamplistas, siendo –el de ahora- un panorama mucho más oscuro todavía. Las muertes violentas en cárceles no cesan y el panorama está muy lejos de la dignidad tan promocionada…

Hacinamiento crítico

Vinieron con la idea de “terminar el recreo” y una orden explícita de “no aflojar”, que se benefició con los coletazos de una pandemia que redujo –ostensiblemente- los eventos de criminalidad en una problemática en la cual, la movilidad social, condiciona la actividad de la delincuencia de forma inexorable.

Tras ese panorama y sorteada la pandemia, en julio de 2021, (decretado el fin de la emergencia sanitaria con el reinicio de la actividad social y comercial), se produjo un incremento de la violencia que no ha cesado hasta hoy. Las muertes violentas no han parado de crecer y el ritmo de producción de los homicidios ha superado la constante de más de uno por día, llevando las cifras a números similares al registro de 2018. Y aún peor, si se suman las muertes dudosas, las que –extrañamente- más que se duplicaron durante esta administración, abandonando el promedio de 80 anuales para llegar a la friolera de las 200 en 2022, marcando un récord histórico de muertes violentas desde que se llevan registros (homicidios más muertes dudosas).

Mientras tanto, la principal consecuencia de la LUC fue un aumento exponencial de presos que se promociona como una mejora del trabajo policial, pero al que habría que ponderar con datos más finos respecto a la calidad de los privados de libertad y sus condenas (delitos menores y vinculados al consumo problemático de drogas). Ese aumento, que se promociona como efectividad policial, no tiene –en la cárcel- un complemento de rehabilitación que nos permita pensar en la ansiada reinserción de los liberados. Los efectos del tan promocionado Plan Dignidad, brillan por su ausencia.

Nada es por generación espontánea, todo es producto de una sucesión de acontecimientos, siempre. Y, en materia de gestión, NUNCA pudieron ser tan arrogantes como para afirmar que no se había hecho nada y que encontraron un panorama desolador en cárceles como se encargaron de repetir muchas veces. Dueños de un total desconocimiento, dejaron venir abajo un sistema penitenciario que, con sus espacios problemáticos, se entregó sin hacinamiento y con más plazas penitenciarias que privados de libertad. Un panorama que rápidamente saturaron por efecto rebote de una inflación punitiva que se correspondía con el discurso impuesto por las autoridades.

Herencia perdida

Sin perjuicio de haber perdido mucho de lo construido, si algo persiste es el registro y por ello es bueno recordar que:

– en el año 2010, la gestión Bonomi recibió un sistema penitenciario absolutamente compartimentado donde la Dirección Nacional de Cárceles administraba 5 centros penitenciarios, y el resto de las 19 Jefaturas de Policía hacían lo propio con sus cárceles departamentales. En concreto, existían tantos sistemas de rehabilitación como jefaturas que se complementaban con el que disponía la DNC, por su parte. Asimismo, el sistema penitenciario se caracterizaba por un fuerte hacinamiento generalizado, que se resumía en la existencia de 6.500 plazas penitenciarias para una población de 8.500 privados de libertad. Un sistema donde la inequidad y la corrupción eran moneda corriente, y un problema estructural endémico a corregir: las ranchadas. Estructuras precarias de individualización de los espacios de cada preso, que comprometía la seguridad de los internos y la de los establecimientos; fuente y causa principal de incendios como el de la cárcel de Rocha, del año 2010.

– en el año 2011, un acuerdo multipartidario firmado entre los partidos políticos con representación parlamentaria, acordó la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación junto con el objetivo de sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Ese mismo año, se pone en práctica la figura de los Operadores Penitenciarios, creada en 1986 y que después de 25 años vería la luz para empezar a pensar en la rehabilitación de los privados de libertad con personal civil encargado de dicha tarea.

– en el año 2012, se proyecta la construcción de una cárcel en régimen de Participación Público Privada (PPP), que se inauguraría oficialmente en 2019.

– entre los años 2010/2019, se construyeron 8 centros penitenciarios y se remodelaron otros 4. Entre los mismos se destaca: Cerro Carancho (Rivera); Las Rosas (Maldonado); Cárcel de Rocha; Campanero (Lavalleja); Centro para madres con hijos (Centro Nº 9); Cárcel de Florida; y la Unidad Nº1 Punta Rieles en régimen de PPP, entre los más importantes; una fuerte inversión para una reforma penitenciaria sin precedentes.

– en 2010 se recibió el sistema con 6.581 plazas, y durante la gestión se construyeron 6.923 de las cuales, 5.316 fueron nuevas y 1.607, reconstruidas. El sistema se entregaría en 2019 con más plazas que presos, sin hacinamiento.

– en 2014, se creó el Polo Industrial en Santiago Vázquez (ex ComCar);- en 2015, el Polo Agrícola, en Libertad junto con la chacra anexa a la cárcel de Canelones; junto al Polo Femenino de la Unidad Nº 5 y el Polo Industrial de Salto, dieron impulso al trabajo organizado en los centros penitenciarios. Por ese tiempo y con ese impulso nacieron las Unidades de Acción Ciudadana (UAC), conformadas por privados de libertad que -convenios mediante- brindaban servicios a la comunidad en la reconstrucción de escuelas, asistencia en eventos climáticos de emergencia, asistencia a bomberos, reconstrucción de espacios públicos, etc.

– a mayo de 2019, la población penitenciaria que trabajaba representaba el 36% mientras que la que estudiaba era el 42%, cifra que oscilaba en períodos zafrales como la vendimia donde aumentaba la masa de trabajadores menguando la de estudiantes durante la misma.

Este pequeño resumen habla a las claras de un herencia virtuosa que fue absolutamente ignorada y pretendidamente invisibilizada por una gestión que lo poco que ha mostrado es heredado. Parte de la gestión penitenciaria que el fallecido Bonomi reseño en ocasión de la inauguración oficial de la primera cárcel por PPP, la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles (ver informe).

Esa fue la verdadera dignidad de un sistema que pedía a gritos un cambio, tras el nefasto informe Nowak que marcó el punto de inflexión para una reforma impostergable que había comenzado a reconstruirse. Lamentable y rápidamente, se perdió todo ese camino recorrido, tras una gestión que desaprovechó lo invertido reinstalando la tranca y el encierro como premisa (el caso más emblemático es la vieja cárcel de Punta de Rieles, conocida como el Pueblo Penitenciario que mereció varios documentales y fuera reconocida como “la cárcel de la que nadie quiere fugarse”), que pasó de aquel ejemplo a ser una cárcel más del arcaico sistema anterior.

La dignidad está lejos de un sistema que puje sus peores estertores nuevamente. La figura del Comisionado Parlamentario se hizo oír -otra vez- para denunciar la deplorable situación de las cárceles uruguayas, esas que han vuelto a convertirse en depósitos humanos antes que centros de rehabilitación.

La muertes en cárceles son el dato más duro del sistema, uno que late al impulso de un hacinamiento a punto del colapso y que merece urgente atención antes de que sea demasiado tarde…

el hombre resumía datos,
el perro ladraba un aviso…

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