COLUMNISTAS
Compañero Carlos

Gonzalo Abella, Unidad Popular. La riqueza principal del territorio uruguayo es su fértil pradera, su reserva de agua dulce y su riqueza pesquera.
Hasta los años 50 del siglo pasado sus grandes exportaciones de carne y lana fueron el fruto de una alta renta diferencial, una parte de la cual fue utilizada por la burguesía nacional para desarrollar la industria textil, la del cuero, y algunas agroindustrias tales como el cítrico y el azúcar. La pesca fluvial y marítima tiene un potencial aún inexplotado.
Los monopolios capitalistas, patrones del imperialismo yanqui, decidieron apoderarse de esa riqueza. Como ocurrió en otros países hermanos, impusieron con sus cómplices locales una deuda externa impagable, hicieron inviables las políticas proteccionistas y se fueron apoderando de los recursos naturales.
Ya en los años 80, los gobernantes serviles impusieron una ley forestal que permitió la expansión del monocultivo forestal latifundista hasta afectar gravemente los ecosistemas locales de extensas regiones del país. Estos nuevos latifundios (de hasta 300 000 hectáreas) quedaron en manos de los productores extranjeros de pasta de celulosa para papel blanqueado mediante procesos altamente contaminantes que no se aceptan en sus países de origen.
Una superficie similar está en manos de extranjeros no residentes que plantan soja transgénica y la exportan sin detracciones. Estamos hablando en cada caso de más de un millón y medio de hectáreas de los 17 millones de toda la superficie nacional.
En el marco de una dura rebaja en los niveles de vida, al inicio del siglo XXI la ciudadanía votó un cambio político: ascendió el Frente Amplio, una coalición de centro izquierda donde estaban los partidos tradicionales de la izquierda, moderados y radicales, junto a nuevas agrupaciones de centro izquierda.
El Frente Amplio había nacido en 1971, ilegalizado en 1973 y recuperada su legalidad gradualmente desde 1985. Pero en el tiempo de su triunfo electoral en el siglo XXI ya no era el mismo. Legisló sobre el derecho de las minorías y de los discriminados, promovió programas asistencialistas para los más excluidos, llevó adelante una política exterior contradictoria, pero no tocó los intereses de las trasnacionales que nos saquean.
La extranjerización de la tierra llegó a casi la mitad del territorio, se desmantelaron las industrias nacionales y las empresas del Estado, los niveles de contaminación por sobredosis de agroquímicos hoy afectan a toda la tierra y el agua de superficie. Se disparó la deuda externa a niveles inmanejables y la Salud y la Educación del pueblo sufren procesos contradictorios pero con tendencia al retroceso. El desempleo y la inseguridad en las calles llegan a niveles alarmantes.
Después de tres períodos sucesivos, el Frente Amplio está en riesgo de perder el gobierno. En la primera vuelta de la elección presidencial, su candidato (Martínez) va a representar la minoría mayor, pero en la segunda vuelta la alianza ya concertada del bloque de la derecha tradicional parece sumar más votos que el FA, aunque no hay certeza de que dicho bloque mantenga la cohesión hoy prometida en esa instancia de segunda vuelta. El resultado es incierto.
Por otra parte, con la pérdida de prestigio del FA, aparecen fenómenos nuevos en el escenario político uruguayo. Hace ya diez años que existe Asamblea Popular –Unión Popular una alianza de organizaciones de izquierda que plantean un programa de Liberación Nacional en camino al Socialismo.
En las condiciones adversas de una contienda electoral donde danzan millones de dólares, sin otros recursos que su militancia y su organización, la UP obtuvo un diputado (de 99) y este año va por más. El diputado de la UP (Eduardo Rubio) y su equipo lograron una fuerte interacción con organizaciones sociales que se volvieron grupo de presión en su apoyo, logrando notoriedad en la defensa de causas populares. Cuatro militantes de la UP fueron los únicos participantes uruguayos en el Congreso de los Pueblos en Tiquipaya, Cochabamaba, en 2017.
Pero el desencanto con la claudicante “izquierda” gubernamental, generó el crecimiento de un partido neofascista (Cabildo) que tiene aparentemente el 8% de la intención de voto ciudadano. También surgieron partidos “ecologistas” que son casi unipersonales pero que concitan cierta simpatía entre ciertos jóvenes y entre algunos pequeños productores rurales.
Todos coinciden en que este acto electoral representa un momento crucial en la historia del país. Gobierno y bloque de derecha coinciden en que deberá hacerse un ajuste contra los trabajadores y contra los pequeños productores y empresarios. Por el contrario, el Programa de UP plantea que la crisis la paguen los privilegiados, y su bancada hará causa común con todas las causas justas del pueblo trabajador.

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