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Desaparición forzada: un crimen de lesa humanidad

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Los Sitios de Memoria son, y deben ser, aquellos espacios, lugares, edificios e instalaciones que en su momento fueron centros de reclusión, de torturas, de humillación, de asesinatos, de miles de uruguayos. Lugares de enterramientos clandestinos. También aquellos espacios físicos que fueron en su momento lugares emblemáticos de resistencia popular.

El próximo viernes 30 de agosto se celebra el Día internacional del Detenido Desaparecido. En la mañana, a las 10.30 horas se inaugura un Sitio de Memoria en Camino a la Memoria y Ruta 85, en Toledo, Departamento de Canelones.  En ese lugar, se encontraron, hace algunos años, los restos mortales del maestro Julio Castro y, posteriormente, de Ricardo Blanco Valiente.

Dos casos paradigmáticos

Julio Castro fue un educador de prestigio y reconocimiento internacional. Un  periodista uruguayo, militante sindical y político. Un intelectual prestigioso. Fue secuestrado por la dictadura cívico-militar el 1 de agosto de 1977 debido a las acciones de resistencia que llevaba a cabo. Siendo una persona ya mayor en el momento de ser detenido, durante muchos años se pensó que había muerto mientras era torturado en el Centro de torturas conocido como “La Casona”. Al hallarse sus restos, se descubrió que fue ejecutado al pie de la tumba con un disparo a quemarropa en la cabeza.

Permaneció como detenido desaparecido durante 34 años, hasta el 21 de octubre de 2011, cuando su cuerpo fue encontrado en un enterramiento clandestino realizado por el personal militar uruguayo en este predio militar en Toledo. Su desaparición y búsqueda fueron emblemáticas, ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en la represión de las dictaduras en América Latina investigada en particular por las organizaciones de defensa de Derechos Humanos.

Ricardo Blanco Valiente, detenido el 15 de enero de 1978 cuando tenía 39 años de edad, oriundo de Mercedes, fue militante sindical de Aute y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Fue interrogado  también en La Casona por personal del Servicio de Información de Defensa (SID) y se lo vio por última vez, en muy malas condiciones físicas, debido a las torturas sufridas, en el centro clandestino de detención y torturas La Tablada que dependía del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Sus restos mortales, en un enterramiento primario, fueron encontrados el 15  de marzo de 2012 por el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias.

La desaparición forzada: una metodología cruel

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una metodología auténticamente condenable y repugnante.

Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Los primeros (Héctor  Castagneto  Da Rosa y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco. Roberto Gomensoro Josman fue desaparecido  en marzo de 1973 por parte de las Fuerzas Armadas como lo declaró recientemente José Nino Gavazzo,  durante el gobierno de Juan María Bordaberry. El resto, luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973. Muchos de ellos en el marco del Plan Cóndor y al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos y se han identificado solamente los  restos de cinco detenidos desaparecidos. Jurídicamente, la Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

Nuevas facultades a la INDDHH

Hace 15 días, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley atribuyendo nuevas facultades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que pueda continuar las investigaciones al respecto.

Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles.

Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

INDDHH: facultades para seguir investigando

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es un camino esencial  a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino imprescindible  para afirmar las normas de derechos humanos, el Estado de Derecho y la propia  institucionalidad democrática.

La creación de la INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años. Ha contribuido a mejorar la conducta estatal, una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la conciencia social de los DDHH.

Desde su constitución, si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores más conservadores y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.

Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática,  tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente.

Al convocar a estas actividades en este día tan especial, exhortamos a todas y todos los parlamentarios a aprobar, a la mayor brevedad, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sin desvirtuarlo. Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a seguir movilizados para construir un auténtico Nunca Más.

Crysol – Uruguay

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