El caos de la Intendencia de Colonia

Por Gabriel Gabbiani, Partido Colorado (*) Arribadas las épocas electorales llegan también, claro está, las épocas de los discursos y de las promesas, muchas de ellas pueriles e insustanciales, y la mayoría de ellas grandilocuentes y ampulosas.
Y no es algo exclusivo de algunos candidatos a intendente sino, y principalmente, de algunos candidatos a alcalde que, en muchos casos, desconocen cómo funciona la administración y, mucho menos, los recursos con que se cuenta para financiar los anuncios que realizan.
En el departamento de Colonia ello puede observarse a simple vista. Cada día.
Luego de 35 años de gobierno tras el retorno de la Democracia, vemos como el Partido Nacional en general promete y se compromete a ejecutar cosas que no ha hecho en ese extenso período; y ahora, como por arte de magia, parece tener no sólo la intención, sino también la capacidad intelectual y los recursos económicos para ejecutar. Es difícil entender cómo lo que no se ha atendido en 35 años pueda atenderse ahora, como si fuera por generación espontánea, y mucho menos cuando los actores que quieren manejar los hilos de la conducción departamental son los mismos de las últimas tres décadas.
Llama la atención -o no, depende de quién se trate- esa posición autocomplaciente y el relato de quienes hoy aún insisten en “lo bien que está el departamento de Colonia” y ven, con ojos subjetivos, una situación muy diferente a la realidad que ve la población cada día en general. Una realidad que se hizo más evidente cada día a lo largo de todo este tiempo y que terminó por visibilizarse recientemente, apenas conocido el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) correspondiente a la Rendición de Cuentas (Ejercicio 2019). La misma arrojó un déficit de casi 3 millones de dólares, más una cifra cercana a los 2,3 millones de dólares que la Intendencia debe abonar a la familia Porras tras la pérdida del juicio por el terreno del Hospital de Colonia, cuyo proceso de expropiación (?) o autoadjudicación y cesión a ASSE fue irregular por donde se lo mire.
Y ello teniendo en cuenta que durante la última administración del ex intendente Carlos Moreira, se administraron aproximadamente unos 350 millones de dólares, esto es, alrededor de 70 millones por año.
Ni siquiera aparece un mínimo grado de autocrítica y reconocimiento de responsabilidad habiendo estado el nacionalismo a cargo del gobierno departamental todo ese período, lapso durante el cual se justificaron muchas irregularidades, dificultades y problemas no resueltos que habían sido generados por las propias administraciones nacionalistas.

Desorden endémico

Hoy tenemos una intendencia con un desconcierto administrativo y financiero que no es una novedad para nadie.
El desorden es histórico, incontrovertible, inmutable, endémico. Y allí está, para demostrar lo irrefutable de esta afirmación, el informe del TCR que citamos e ingresó a la Junta Departamental el pasado 30 de junio advirtiendo respecto a varios procedimientos mal ejecutados por la comuna.
Lejos de encauzar adecuadamente las malas prácticas administrativas, la gestión encabezada por Moreira no le puso fin a las mismas y, por el contrario, siguió incumpliendo la normativa vigente en materia presupuestal.
En 2015, tras una auditoría encargada por la nueva administración a la Consultora PwC, el intendente Moreira presentó el estado de situación financiera al 10 de julio de 2015 –fecha de finalización de la administración de Walter Zimmer- en conferencia de prensa, señalando que la comuna tenía entonces una deuda de $ 716 millones (26,5 millones de dólares al cambio de entonces). El análisis de la consultora constató irregularidades y obras innecesarias. “Saquen conclusiones”, dijo aquel entonces, pasándole la pelota por elevación a su antecesor, el ex intendente Zimmer.
Ese “estado de situación grave, nos pone en una situación comprometida, debemos recurrir inexorablemente a una línea de crédito, un financiamiento externo, de por lo menos 15 millones de dólares para hacer frente a esta situación. No llegaríamos a fin de año pagando los sueldos”, indicó Moreira cinco años atrás.
Frente a tal anacronismo, la intendencia contrató a especialistas para que trabajaran en la refinanciación de la deuda, y al término del Ejercicio 2018, la situación logró revertirse. Tras muchos años de déficit, al 31 de diciembre de 2018 la IDC había obtenido un superávit acumulado de $ 190:811.846 (es decir, 5,9 millones de dólares al cambio de entonces).
Ahora bien, con esa reversión, ¿mejoró la IDC su sistema de compras, su forma general de trabajo, se tecnificó y, sobre todo, cumplió con la normativa vigente en lo que refiere a las buenas prácticas administrativas? Definitivamente, no.

De todo, como en botica

Y así lo hizo saber el TCR en sus resoluciones anuales.
El órgano de control constató que los sueldos de algunos funcionarios no se adecuan a lo establecido en la normativa presupuestal, que no coincide la cantidad de funcionarios contratados con los previstos en el planillado del Presupuesto, que se pagaron complementos de sueldos no previstos presupuestalmente, que en las Oficinas Descentralizadas se realizaron pagos sin ser intervenidos preventivamente por el TCR, y que el sueldo del Intendente es superior al que debería percibir.
También que en algunos pliegos de condiciones particulares de licitaciones públicas y abreviadas no se establecen los criterios de ponderación de cada uno de los factores de evaluación de ofertas, que en otros se exigen a los oferentes requisitos no vinculados al objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, que el mínimo de Contribución Inmobiliaria Rural cobrado por la Intendencia excede su potestad tributaria, que se efectuaron gastos que no fueron ordenados por la autoridad competente cuando cada Dirección, Oficina Descentralizada o Municipio contrata directamente, que no se realiza afectación previa del gasto -lo que no permite conocer la disponibilidad presupuestal en el momento del compromiso- y que se realizaron imputaciones de gastos a objetos distintos a los que hubiera correspondido, entre tantas otras irregularidades.
De tal forma, la Intendencia incumplió varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), ordenanzas del propio TCR, el Convenio N° 30 de la OIT toda vez que las horas extras trabajadas, en algunos casos, han superado los límites establecidos en el mismo, artículos del propio Presupuesto Quinquenal, el Decreto del 27/03/1984 (Estatuto del Funcionario Municipal) y posteriores modificaciones al incumplir los requisitos relativos al ingreso al haberse contratado mediante designación directa del Intendente a funcionarios en el escalafón “Administrativo”, sin concurso abierto de méritos y pruebas.

Pero no es todo.

Surge, además, del informe, que la IDC tiene debilidades en las actividades de control, información financiera y cumplimiento de normas legales. Entre otras, o existen controles posteriores sobre la exactitud de los importes de patente o aforos ingresados manualmente al sistema de recaudación; no existe una base de datos por contribuyente, sino por padrón; no existen manuales de procedimiento aprobados respecto al manejo del efectivo; no se dispone de los saldos contables en tiempo real en el momento de realizar los arqueos, y mucho más. Con referencia a las retribuciones personales, la IDC no posee manuales de procedimientos en el área de liquidación de haberes, y no tiene implementado un procedimiento de control externo a la Sección Sueldos.
Respecto al sistema de compras, no existen manuales de procedimiento aprobados. Un dato no menor: las Direcciones de la IDC, Oficinas Descentralizadas y Municipios, al comprar directamente, lo hacen sin solicitud de suministro ni pedido de precios, lo cual no cumple con los principios de buena administración. Y ello, claramente, deja la puerta abierta a no pocas suspicacias. En las dos últimas dependencias, las órdenes de pago se emiten con posterioridad al pago; no existen registros contable de los stocks de mercaderías a efectos de comparar con los recuentos físicos, y éstos no se realizan sorpresivamente por personal externo a ellas; tampoco los certificados de avance de obra realizados por la Dirección de Obras están firmados por un responsable del control.
El archivo de legajos con documentación de ingreso y egreso no es adecuado y puede dar lugar al extravío; el archivo de expedientes de compras no está centralizado y no se dispone de un sistema de Expediente Electrónico.
En lo que refiere a los controles generales de tecnología de la información, la política de contraseñas no se encuentra documentada, es débil y no tiene ningún requerimiento de seguridad, con lo cual se corre el riesgo de acceso y uso no autorizado de los sistemas y la información financiera.

La necesidad de un cambio

Hasta ahora, modificar esa realidad que golpea duramente los bolsillos de los colonienses ha sido imposible debido a la falta de alternancia de los partidos en el poder.
Salvo la auditoría realizada por el Dr. Gayol allá por 1993 y 1994, que confirmó anomalías que luego se comprobó algunas eran delitos contra la administración y derivaron en el procesamiento de algunos jerarcas y en la destitución de otros, y que el entonces intendente hizo públicas, las pocas auditorías realizadas son encomendadas por intendentes nacionalistas sobre administraciones nacionalistas, y los ciudadanos de a pie nos quedamos sin conocer los detalles de las mismas por cuanto los mismos se dan a conocer de acuerdo a la discrecionalidad del jerarca de turno.
No son pocas las voces que se han alzado para definir a las últimas administraciones blancas como “un club de amigos” o “un comité político” enquistado en la Intendencia.
Indagar en las formas de conducción de la administración departamental, y conocer la verdad respecto a la misma, sólo será posible si la ciudadanía opta por la alternancia de los partidos en el poder.
Y la única opción válida para manejar adecuada y transparentemente el gobierno departamental de Colonia, a la vista de lo actuado hasta ahora por un Partido Nacional que no renueva sus candidatos ni sus figuras, y también del irregular resultado que a nivel nacional ha mostrado el Frente Amplio, es el Partido Colorado.
Es hora de que la autocomplacencia y el relato de autosatisfacción dejen lugar a la autocrítica y el paso libre para quienes quieren hacer las cosas bien para beneficio de todos los colonienses.

(*) Candidato a la Junta Departamental de Colonia (Lista 1600) y a alcalde Juan Lacaze (Lista 1601-B), por el Partido Colorado.