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En contar de verdad, justicia y nunca más ¡Qué desvaríos sesentistas!

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Lawrie Rodriguez (foto archivo Sudestada)

Por David Rabinovich, periodista, San José. El General Hugo Martín Medina Ferrer fue Comandante en Jefe del Ejército desde 1984 y luego Ministro de Defensa cuando los militares comenzaban un proceso –todavía hoy inconcluso- de traspaso del poder a gobiernos civiles. A fines de 1986, Medina guardó, en una caja fuerte de su despacho, las citaciones que le llegaron para convocar a varios militares a presentarse ante la justicia y declaró que no iban a salir de allí. Amenazaba con un desacato, cometiendo de hecho una insubordinación. Con su actitud creó un estado de crisis institucional que culminó con la sanción de la Ley de Caducidad, en diciembre de aquel año.

Se iniciaba un largo camino de enfrentamientos jurídicos, políticos y sociales. Por un lado quienes reclamábamos saber la “verdad” y que se hiciera “justicia”, para tratar de que “nunca más” tuviéramos una dictadura y la terrible secuencia de actos aberrantes, tipificados como delitos de lesa humanidad por la parte sana de las sociedades civilizadas. En la vereda de enfrente todos los que, por convicción, conveniencias o simple cobardía promueven dar vuelta la página, perdón, olvido…

Guido Manini Ríos Stratta ejerció el cargo de Comandante en Jefe del Ejército Nacional entre 2015 y 2019. El General ocupa, desde marzo una banca en el Senado.

Este 14 de abril fue martes, sesionaba la cámara y en la media hora previa Don Guido esputó: “Fue detenido en Santa Clara de Olimar el 26 de marzo, por una causa que se le inició hace más de una década por un supuesto crimen cometido en una unidad militar hace más de 46 años y fue trasladado a Montevideo en un vehículo con cinco ocupantes. Su detención fue una violación a los derechos humanos”. Eso dijo el General (R) Manini en la Cámara de Senadores sobre la detención de Lawrie Rodríguez dispuesta por la justicia luego de un muy extenso trámite judicial. Transcurrieron más de 30 años para que el militar fuera conducido ante la justicia. Más de una década el juicio. ¡Casi medio siglo de impunidad y el tipo está acusado de torturar hasta la muerte a un joven militante de izquierda! El ‘supuesto crimen’ dijo Guido. De supuesto nada. Iván Morales tenía 26 años al momento de su detención, el 21 de noviembre de 1974. Pertenecía a una organización armada, el anarquista OPR 33. Consigna en su dictamen la fiscal Ana María Tellechea que tras la detención lo llevan a la Dirección de Inteligencia policial de la calle Maldonado, por “30 minutos”, y luego al Regimiento de Caballería Nº 6, donde fue interrogado y murió: “aproximadamente a las 20:30 del mismo día; se le informó al juez militar de Instrucción de 4º turno su fallecimiento”. Según las investigaciones en el interrogatorio también estuvieron presentes los militares Manuel Cordero y el capitán Gustavo Taramasco.

A partir de allí, el encubrimiento involucra una autopsia falsa y un estudio fraguado del cadáver firmado por el Dr. José Mautone1, que caratuló en principio el caso como “suicidio”.

Sobre Lawrie Rodriguez ya pesaban acusaciones de torturas y homicidios. Según el testimonio de Beatriz Weissman en el ‘300 Carlos’… “enloquecieron a Silvina Saldaña; un día inolvidable, 31 de marzo de 1976, la bañaron y vistieron y se la llevaron, hablaba incoherencias… Luego supe que nunca la volvieron a ver con vida…” Mautone certificó “Suicidio por ahorcamiento. El Ministerio de Defensa Nacional informó que “fue puesta en libertad”. Murió en la tortura y –según la justicia- Rodríguez fue uno de los responsables. En 2006 cuando se fuga de la Justicia Gilberto Vázquez cuenta con la ayuda de Rodríguez.2

“¿Hasta cuándo se seguirán procesando militares octogenarios por hechos ocurrido hace 50 años?” se pregunta dolorido Guido Manini. Porque “el pueblo uruguayo en más de una oportunidad expresó en las urnas su voluntad de dar vueltas estas páginas de la historia, y tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad por sus desvaríos sesentistas que costaron muchísima sangre a nuestro país”. Los convenios internacionales que Uruguay ha suscrito consideran los delitos de Lesa Humanidad imprescriptibles. Se trata de los delitos más aberrantes que pueda imaginarse, sólo comparables a los que perpetraron los nazis. Lo único que no es admisible es la impunidad, por el aliento que significa para la conducta de los futuros déspotas. Sólo la convicción de que tarde o temprano, esos crímenes se pagan, porque nunca deja de perseguirse a los responsables, nos da algo de esperanza sobre la posibilidad de cortar con los desvaríos de quienes se proclaman salvadores y cuyas acciones cuestan tanto dolor y muchísima sangre a la humanidad.

Reitera, no obstante, el militar en su ilimitada soberbia: “… mi convicción de que cuando se trataba de juzgar a militares por hechos ocurridos hace 40 o 50 años, muchas veces no se le daba a la defensa las suficientes garantías y se violaban los principios más elementales del derecho” ¿Qué garantías ofrecieron a sus víctimas? ¿Dónde estaban los principios más elementales del derecho durante la dictadura, General? ¿Dónde, durante décadas de impunidad?
Ningún comandante quiso, supo o pudo encontrar caminos de verdad y justicia para decir con claridad que era necesario asegurar “Nunca más dictadura” como forma de reintegrar totalmente, al seno de la sociedad, a la oficialidad de las fuerzas armadas.
1 Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de las Fuerzas Armadas.
2 https://www.carasycaretas.com.uy/procesado-con-prision-lawrie-rodriguez/

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