Familiares: “La justicia no decide porque espera que la sociedad olvide la dictadura”

Por Lucía Barrios, publicado en ‘Caras y Caretas’, diario. En los últimos días trascendió un número alarmante que, sin embargo, con la campaña para las elecciones internas, no tuvo la atención que merecía: en nuestro país hay 153 causas judiciales paralizadas que involucran a torturadores, sádicos, violadores de mujeres, asesinos, ladrones de bebés y secuestradores durante la dictadura. El integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Javier Tassino, dijo a Caras y Caretas Diario que el Poder Judicial “posterga su decisión porque espera que la sociedad olvide lo que pasó” en la dictadura.

“El hecho que las causas estén paralizadas no quiere decir que la justicia no tenga elementos para condenarlos. Hay una parte del Poder Judicial que ha sido inoperante y que no actúa. Habrá gente dentro de la justicia que cree que no son actos punibles. El tema claramente está mal llevado”, afirmó.

Tassino sostuvo que una parte del Poder Judicial ha demostrado que considera que las torturas, las muertes y las desapariciones no son delitos de lesa humanidad.

Hay otra parte de las justicia que sí condena estos delitos. El problema es que este tema no amerita dos interpretaciones, opinó.

“Durante todos estos años los militares han alargado los procesos, eso no es justo. No es que no hayan comprobaciones de lo que hicieron, pero a pesar de los delitos horribles que han hecho, los han premiado hasta con prisiones domiciliarias”, agregó.

Estos últimos años se han hecho cosas pero “no lo suficiente”, ya que existen “muchas trabas” afirmó Tassino.

“El poder político ha tenido varias instancias. Con la restauración de la democracia en el 85, durante 20 años no se hizo absolutamente nada. A partir del 2004 se comenzó a trabajar en esa situación. A partir de esa fecha, en tema de juicios se condenó a más de 20 militares y los mismos fueron procesados por varias causas”, agregó.

Afirmó que es “evidente” que dentro de las Fuerzas Armadas no han participado ni han contribuido en la dictadura, pero, sin embargo, al no trabajar en la investigación, también están involucrados, señaló Tassino.

“Cuando hay trabas, problemas, a uno le hacen pensar que evidentemente hay intereses que se quieren tapar, condenar. La cúpula militar ha estado amparando los delitos de lesa humanidad porque no ha trabajado para denunciarlos. La justicia sigue postergado las definiciones sobre todas las denuncias que se han hecho esperando que la sociedad olvide o retrasa para que eso no se resuelva nunca. En definitiva, tenemos militares, a gente que ha hecho cosas espantosas, felices en sus casas”, agregó.

En la actualidad existen 187 causas activas, entre las que sólo 14 tienen condenas, 3 procesamientos, 17 solicitudes de procesamiento a 52 acusados y 153 en etapa de investigación.

De estas 187, solamente 3 causas son posteriores a 2011. La mayoría fueron iniciadas en el año 2011, pero las hay también de los años 1984, 1985, 1986, 2008, 2010 y 2012.

A modo de ejemplo, en una carta realizada por los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos, se habla sobre la denuncia realizada por 26 mujeres por torturas y abusos sexuales en 1968-1983 que involucra a 108 denunciados “identificables”.

Sin embargo, hasta el momento el único proceso ha sido contra Ascencio Lucero, cuyo auto de procesamiento fue “reiteradas privaciones ilegítimas de la libertad”.

“No sabemos cuál es la situación de las causas nuestras que se encuentran allí, sí sabemos que se han presentado sistemáticamente dilatorias por parte de los acusados aduciendo inconstitucionalidad (…) También sabemos que una de las integrantes del cuerpo ha sido cuestionada y tiene 50 recusaciones de los acusados por expresar públicamente las opiniones vertidas en un expediente judicial”, afirmaron los denunciantes.

Sostuvieron que los que están en estas causas fueron parte de “organizaciones mafiosas que se dedicaron al saqueo y que estaban regidas por la ley del silencio, la omertá. Y hay que recordar que esos denunciados continúan delinquiendo hasta el día de hoy porque desaparecieron a muchos uruguayos y perpetúan, con su silencio, ese delito”, agregaron.

La inmensa mayoría de los pedidos de procesamiento están “paralizados desde hace demasiados años” y estas demoras hacen posible que se perpetúe la impunidad, denunciaron.