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La colonización, el Instituto, producción y familias

El jueves 30, como para cerrar setiembre, llovió buena parte de la tarde en San José y recién paró al caer la noche. El par de leguas que separan la ciudad del paraje conocido como Cañada Grande (Km. 82 de la ruta 3) está en obras, pero no fue obstáculo para que la presencia del director de Colonización, Andrés Berterreche, congregara un importante núcleo de dirigentes rurales, productores, vecinos y hasta alguna referente política local.

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Escribe David Rabinovich, periodista, San José, columnista de EL ECO. Entre la concurrencia destaco la presencia de socios de la ANPL, de APL, colonos… Berterreche analizó el ‘problema de la tierra’ –propiedad, acceso, tenencia- a partir del Reglamento artiguista de 1815 que disponía el reparto de las tierras que pertenecían a ‘malos extranjeros y peores orientales’ con el criterio de que ‘los más infelices sean los más privilegiados’. Como segundo mojón histórico tomó el año 1948 y la creación del Instituto Nacional de Colonización. Tanto el Reglamento artiguista como la reforma agraria que planteaba la creación del INC en el 48, tuvieron la virulenta oposición de los grandes terratenientes. Ante el reclamo de las poderosas gremiales rurales por su apoyo a la ley N° 11.029 (de creación del Instituto), Herrera les dijo: ‘les votamos la ley pero no los recursos’… Sin embargo, a pesar de todo, el INC fue haciendo su obra.

Durante años, muchos años, con altibajos, resistiendo los intentos de desmantelarlo y las acusaciones de querer ‘sovietizar’ la propiedad de la tierra, hasta que llegamos al siglo XXI. En el primer quinquenio, se compraron 9has. por año. Sí, en el gobierno del Dr. Jorge Batlle se compraron 54 hectáreas. Simultáneamente se vendieron miles de hectáreas y vehículos, cerraron regionales y no se repuso el personal técnico que se fue jubilando. Se fue desmantelando el Instituto con la idea de cerrarlo. Asume el Frente Amplio con un INC fundido, endeudado y sumido en el caos y el clientelismo. En las fichas de inscripción de los aspirantes a colonos había un renglón que decía: “Recomendado por…”

Comienza una tarea de reordenamiento, saneamiento y dotación de recursos. En poco más de una década el Instituto está al día, tiene plata para comprar tierras y funcionar bien (aunque todo es perfectible). Berterreche informó ampliamente dando cifras contundentes. En el período que gobernó el Frente, la compra de tierras se multiplicó por 1000, pasó a 9000 hs. por año. Pero como el nuevo gobierno detuvo totalmente la compra de nuevos campos, le sacó recursos importantes y pretende quitarle ‘todos’ los recursos, la perspectiva es que a mediados del año próximo, lo que queda disponible (unas 20.000 hectáreas) esté todo asignado y entonces los aspirantes – se presentan unas 1.200 familias por año- se quedarán con la certeza de que por varios años no habrá chances para ellas.

En la conversación quedó claro que el Instituto no sólo entrega tierras en arrendamiento a la mitad del costo de mercado. Además apoya a las colonias con las obras necesarias para llevar luz, agua, caminos, salas de ordeñe o quesería, mejorar las viviendas o construirlas a partir de convenios con Mevir. Se trata de cifras importantes, cientos de miles de dólares para el caso de la luz, por ejemplo. Esas inversiones no sólo benefician a los colonos; otros productores familiares en la zona también solucionan el problema.
Otro dato importante: en el 2000, el 85% de los colonos estaba debiendo rentas y un 15% al día; hoy es al revés, el 85% está al día y la minoría registra atrasos. Los ‘contumaces’, están en proceso judicial de cobro o recuperación del predio.

Un caso particularmente brutal es el de una docena de arrendatarios con los que el INC se comprometió comprar sus campos y arrendárselos. Se trata aproximadamente de 1200 has. Eso es accesible. Pero la orden del gobierno es ‘no se compra ni una hectárea’. El incumplimiento traerá consecuencias graves y resulta difícil explicarse ese nivel de ensañamiento.

En algunas colonias hay predios que vienen del BHU o fueron vendidos a sus ocupantes y quedaron bajo un régimen especial que controla aspectos de su uso, por lo que suelen venderse un 25% por debajo de los ‘precios de mercado’. A esos predios la LUC simplemente los desafecta del sistema. Cuando alguno se ponía a la venta, por lo general, el Instituto lo compraba para luego arrendarlo a una nueva familia. También por las disposiciones vigentes los organismos, ministerios y entes públicos que tuvieran campos sin uso específico y afín a sus cometidos se los entregaban a Colonización que pagaba por ellos. A veces, por las razones que fueren, el colono decidía dejar el predio; el Instituto, en ese caso, le pagaba las ‘mejoras’. En todas esas situaciones, que de todas maneras no fueron muchas ni afectaron grandes extensiones, los precios se fijaban con criterios técnicos por parte de funcionarios especializados y el directorio tomaba esa recomendación. Pero las compras más importantes se hicieron por el mecanismo del llamado artículo 35. Cuando se pone a la venta una fracción de más de 500has. índice Coneat 100 en lechería y 1000has. en ganadería, luego de acordado el precio entre particulares, el INC podía quedarse con el negocio y comprar él. En estos casos el precio lo fijaba ‘el mercado’. Eso tiene varias y muy útiles implicancias en materia de control y acceso democrático a la tierra.

Se recordó en la reunión el caso de un campo en Gregorio Aznárez cuya venta se pactó en un precio muy por debajo del real y se procedió a la compra por parte del Instituto. Antes de que se concretara el negocio, los responsables lo arrendaron en una cifra ridícula, por un montón de años. Los conocedores de estos temas suelen recordar el triste y oscuro papel que como abogado le cupo, en contra del interés público, al Dr. Pedro Bordaberry. El pleito duró varios años pero hoy, en ese predio, hay varias familias afincadas y en buena situación.

Existen fundadas sospechas que el papel de fiscal que cumple Colonización en negocios inmobiliarios que significan millones de dólares y los impuestos correspondientes, molesta a algunos operadores del sector. Esa posibilidad se ejemplifica con la inquina que muestra el senador Sebastián Da Silva contra el Instituto. Él mismo es un intermediario importante en el negocio de la compraventa de tierras.

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