La fiscal Gabriela Fossati quiere un imposible: que periodistas revelen cómo consiguieron los chat del excustodio de Lacalle

Por Sergio Sommaruga. La fiscal que lleva el caso Astesiano emplazó a los periodistas que vienen publicando información de interés público sobre el caso a declarar ante la policía.

Dice la fiscal que el motivo de esta desafortunada decisión es saber quiénes fueron las personas que tuvieron acceso a los chat.

Por mal camino vas a puerto si ese ese el objetivo.

Por ley, los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes.

Tampoco es un delito en Uruguay que los periodistas ejerzan su oficio de manera tal de asegurar la libertad de información de la sociedad.

En tal sentido, pueden publicar lo que quieran sin riesgo de sanción legal alguna.

En conclusión, no hay delito alguno en la tarea que vienen desarrollando los periodistas.

¿Cuál es la razón entonces de esta decisión de la fiscal? No se entiende.

Al mismo tiempo, otra pregunta asociada. ¿Cuál es el objetivo de referentes políticos de la coalición, como Manini, Heber y Gandini cuando levantan sospechas políticas sobre la divulgación pública de la información que revela la mafia asociada al caso Astesiano y el uso del Estado para intereses privados y particulares?

Claramente el poder decide dar un mensaje intimidatorio.

El mismo mensaje que se lee en la editorial del diario el país, que trata de hienas y carroñeros a los periodistas que vienen publicando información sobre el jefe de custodias de Lacalle.

Interesante metáfora por otra parte: “carroñeros” son los animales que se alimentan de cadáveres…

En fin, las circunstancias son contundentes.

Le toca a la sociedad, a todos nosotros, salir a expresar su condena contra este ataque a la libertad de información, que es un derecho fundamental de la gente para tomar decisiones racionales sobre lo que acontece en la sociedad y para limitar el éxito de la impunidad, que es el más caro tesoro del poder.