La inseguridad cotidiana

Por Gabriel Gabbiani – Edil departamental – Partido Colorado. En los preludios de una nueva centuria, la inseguridad pública parece estar instalándose ya como una realidad asumida -a regañadientes, pero asumida- en la sociedad uruguaya, y prueba de ello es la mayor cantidad de elementos preventivos instalados en los domicilios, en los comercios y en las empresas: rejas, alarmas, casetas, empresas privadas de seguridad y perros entrenados para guardia y ataque, son hoy día parte habitual del paisaje.

Así, este fenómeno viene transformándose, día a día, en un problema de enorme amplitud en el que destacan, lamentablemente, los delitos contra las personas y contra la propiedad. Riñas, hurtos, rapiñas, copamientos y homicidios se suceden con asiduidad y se producen cada vez con más saña.

La enumeración de los ilícitos que con mayor frecuencia son dados a conocer a través de los medios, se antoja no sólo dolorosa, sino agobiante para las personas de bien. Y ello a pesar de que algunos funcionarios insultan audazmente a la inteligencia de los ciudadanos señalando que el auge delictivo es “una sensación térmica, infundada y pasajera”, pergeñada por el periodismo para desestabilizar.

Gran parte de los responsables de esos delitos contra la propiedad tienen menos de 18 años de edad, y es fácil verlos en el diario devenir. Algunos son parte de esos jóvenes que transitan con botellas de cerveza o cajas de vino, que se desmayan embriagados en las veredas, que dejan botellas y vasos rotos por doquier, que obligan a intervenciones de las emergencias médico-móviles para levantarlos de la calle cuando caen descompensados y, peor aún, que ocupan impune y amenazadoramente, como si de sus dueños se tratara, espacios públicos que otrora fueran puntos de paseos para toda la familia, intransitables a la sazón, debido al apropiamiento que aquellos detentan.

Y esto dicho respetando a los otros jóvenes, la mayoría, los que estudian, trabajan y respetan a sus semejantes.

La profunda consternación que delitos cada vez más frecuentes y más graves producen en el seno de la sociedad, se ve agravada por decisiones mal adoptadas y peor conducidas por el Poder Ejecutivo, que han determinado indirectamente que cada vez mayor cantidad de gente se vea golpeada por un hecho delictivo, sin importar su nivel de ingreso ni su posición social. No hay límites. No hay quien los ponga.

Hoy, ningún ciudadano transita por la vía pública plenamente confiado, y es que esa especie de paranoia demuestra la ventaja de recelar de todo, eventualmente hasta de la propia institución policial a quien la sociedad contribuye a instruir, financiar y equipar para que cuide de ella, mientras aguarda que se haga merecedora de su confianza.

El delito tiene los más variados orígenes, que van desde la pobreza y la falta de instrucción hasta el consumo de drogas o de alcohol, y no existe otra forma para su erradicación que identificar a todos y cada uno de ellos y combatirlos con una política de Estado, que es lo que la gente reclama a las autoridades. En ese sentido, en más de una oportunidad se ha conformado una comisión con integrantes de todos los partidos políticos que en determinado plazo debían formular propuestas de lucha contra el flagelo de la inseguridad. Pero siempre han fracasado.

Diversos actores sociales trabajan en campañas de información y movilización dirigidas a erradicar la violencia doméstica procurando la reinserción de niños y adolescentes en riesgo en actividades propias de su edad. Otros desarrollan iniciativas dirigidas a dar amparo a los menores abandonados, y otros, finalmente, a promover la ocupación sana de los niños de los sectores marginales. Esas medidas, y otras más inmediatas, tales como la de incrementar la presencia policial en zonas de riesgo -que entendemos difícil debido a la falta de efectivos- son claves en la construcción de una comunidad segura.

La calidad de vida de los ciudadanos no mejora con la inacción de las autoridades ni con reuniones dirigidas, las más de las veces, a realizar un intercambio dialéctico que poco deja de provechoso y que, para colmo, nadie pidió. Mucho menos, aprobando leyes que dejan en libertad a reclusos que no han cumplido su condena como forma de descongestionar las cárceles.

Para aquellos jóvenes que tienen posibilidad de recuperación, se imponen acciones y espacios específicos que los conviertan en personas de bien.

Para aquellos cuya recuperación es utópica, es la hora de actuar con rigor -lo que no significa violentamente- y mostrarse inflexibles; es momento de evitar males mayores a nuestros jóvenes, antes de que sea demasiado tarde.

Sobran razones para que nuestras autoridades se aboquen a esa tarea, cuya ejecución los ciudadanos reclaman sin admitir más dilaciones.

No hay más excusas.