Los edificios públicos deben traslucir información clara y precisa si hay caseros y cuáles son las condiciones laborales

Escribe: Walter Caimí – PACTUM. Tras la publicación vía web en referencia al departamento de San José que lleva por título periodístico la “Fiscalía Departamental alberga a funcionaria y sus hijas” publicado el día 11 de marzo del corriente año, debo expresar algunas consideraciones que estimo pertinente. El artículo en referencia lleva el siguiente link: https://elecodigital.com.uy/columnistas/fiscalia-departamental-alberga-a-funcionaria-y-sus-hijas-segun-resolucion-adoptada-en-2011/
Presentado el tema, recibí vía whasap innumerables mensajes al respecto, con comentarios de todo tipo condenando a la fiscalía tal situación. Hubo mensajes corporativos que me reservo el derecho de quienes lo hicieron. Tras reflexionar sobre los mensajes de whasap de diversos estrados y personas, resolví responder públicamente tales cuestionamientos. Debo decir, que todos los whasap fueron efectuados en un tenor de respeto como debe ser.
Nuestro país tiene establecido por la Constitución de la República, tres Poderes del Estado, y cada uno con su cometido específico. Como periodista, entendí –al noticiar de tal situación en la fiscalía departamental de San José- y entiendo en el presente de escribir este artículo, que me debo al lector, me debo a los ciudadanos en informar y presentar con responsabilidad hechos y/o sucesos documentados o con la mayor información posible cuando se trata del Estado en sí mismo.
Se me informó desde el Poder Judicial que tal situación es una práctica habitual tener caseros. Pues bien, no cuestioné ello ni lo cuestiono. Lo que sí pongo en tela de juicio, es no transparentar dicha información. Y también pongo foco en la doble función de un administrativo como es el caso que referí.
Los edificio públicos, cualquiera de ellos, están sujetos al derechos, se rigen “indefectiblemente por el derecho que por principio general no incluye a un funcionario con sus hijos tengan domicilio particular” escribí.
Quién paga la luz, agua, teléfono de línea, internet, etc. no quedó especificado en la información brindada por la Fiscalía y no tengo porqué ser adivino, no es mi función. Como ciudadano, tengo el derecho a saber cómo se instrumentó un uso habitacional para uso particular de vivienda con su familia.
Claramente, queda asentado el corporativismo del Poder Judicial que no es nada nuevo, hay infinidad de casos que hablan de ello. Y la sola mención de Javier Benech en representación de la Fiscalía como Director encargado del Departamento de Comunicaciones, al expresar que es una “situación prolongada”, refrenda lo que estoy sosteniendo.

Pero voy a ir más allá de lo que se conoció. Cómo se garantiza la confiabilidad de los documentos de un Edificio Público como la Fiscalía, donde hay intereses de todo tipo y color. Tengo derechos a saber, y tienen derecho a saber mis vecinos, la población en general, qué mecanismos de protección y seguridad se toman a la hora de resolver como vivienda que una funcionaria administrativa no pase la línea de la ética. Esto no es acusar al vuelo, es reflexionar con sentido común y con la Ley. En mi actividad periodística, hasta no hace mucho, los 222 que trabajan en diferentes reparticiones del Estado y en especial en el Poder Judicial, tenían acceso a expediente y presencie muchas veces, a policías llevar bajo el brazo expedientes para fotocopiar. En su debido momento, esa irregularidad administrativa, la puse en conocimiento del Jefe de Policía de San José. No es la función del 222 trabajar como funcionario del poder judicial, su tarea es otra. Este ejemplo que relato, puede perfectamente trasladarse a otros ámbitos. Queda claro también, que alguien de la Sede permitió tal situación; y hablo en pasado

Tengo claro, que la mayoría de los jueces del poder judicial son honestos. Sin embargo, hay una especie de corriente que supone que son intocables y que a la justicia no se le discute. La justicia aplica la ley y ese es su trabajo. Ahora, cuando se le aplica la ley a la justicia no gusta, hay mal humor en sus operadores.

La información debe ser transparentada afirman algunos políticos. Este concepto, debe regir también a la hora de tomar decisiones que pueden afectar a la opinión pública cuando se hace usufructo de un bien que pertenece al Estado. Vale el ejemplo de un vehículo con matrícula del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial; ese vehículo, ese conductor, no está habilitado para usarlo en forma personal y llevárselo a su casa, pues la nafta la pagamos todos al igual que el desgaste que sufre dicho rodado. Y así sucesivamente.

Por esta vía, del uno al diez como suelo decir, en esa escala, nueve, me han hecho saber que desconocían tal hecho en la Fiscalía Departamental y opinaban su total desacuerdo, entre los cuales se encuentra ni más ni menos que la Cámara del Pueblo maragato. Agregaban a los comentarios por whasap, que los edificios públicos debieran transparentar información de cuáles son aquellos en propiedad y cuáles son los que pagan un alquiler; así como si hay o no cuidadores con derecho a vivienda. Queda más que claro, que las exigencias no solo son para los mortales de a pié, sino para el mismísimo Estado que somos los habitantes de este bendito país al decir de Sánchez Padilla.
Concluyo expresando, que desconozco si este suceso se replica en todo el país. Las garantías constitucionales que refiere claramente la Carta Magna, también son valederas para el Estado.