Ministros de la SCJ desconocen normas constitucionales exigiendo lista de abogados

Escribe: Walter Caimí – PACTUM. La Suprema Corte de Justicia libró un comunicado por medio de la Secretaría Letrada intimando a los señores jueces Letrados del Interior, a efectivizar una lista de abogados para subrogar a los Defensores Públicos.
Tal hecho, no sale de mi asombro. Los ministros de la Corporación en un acto autoritario y fuera de contexto de sus competencias, exige que se le proporcione una lista de abogados en un plazo de 60 días a partir de la circular N° 86/2020 de fecha 19 de mayo de 2020.

La reacción en el departamento de San José no se hizo esperar. El tema no solo involucra a los abogados que están afiliados al Colegio de Abogados del Uruguay filial San José; sino que pega duramente a los propios Defensores Públicos. En este caso, voy a ceñirme al departamento, pero está claro que tal resolución incluye a todos los Defensores Públicos de TODA la República.

¿Qué dice la circular?

“Sres. Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior: La Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia cumple con librar la presente a fin de poner en su conocimiento que, en acuerdo de los Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia, se dispuso que dentro del plazo de 60 días a contar desde el libramiento de esta circular, deberán subir al correo electrónico de la Secretaría Letrada ([email protected]) la lista de los abogados de su jurisdicción que estén en condiciones de subrogar a los Defensores Públicos respectivos en caso de vacancia, licencia, excusación, impedimento o recusación de estos últimos , al efecto
De confeccionar la lista de Defensores de Oficio subrogantes prevista en el art. 7 num. 2 de la Acordada N° 6850”. Lleva la firma del Secretario Letrado Dr. Gustavo Nicastro.

Analizada la Circular, se percibe una especie de Suicidio colectivo para los Defensores Públicos, algo así como en el país trasandino –Chile- que éstos pasaron a manos de privados. PACTUM, contactó a la Dra. Adriana Berezán, Presidenta de la Asociación de Defensores Públicos. En este contexto, los Defensores Públicos se reunieron el día jueves pasado para considerar tal suceso y aún no hay pronunciamiento de éstos sobre el tema. Cabe preguntarse si este es un paso para que los Defensores Públicos queden al margen del Poder Judicial como funcionarios activos. Cabe considerar, si existen intereses de otro tipo, como ser que algún estudio jurídico de porte de la capital, tenga interés en que los Defensores Púbicos desaparezcan tal cual hoy se les conoce. Dos interrogantes, que se irán despejando y desmalezando el camino, con el transitar de los días.

El filial San José del Colegio de Abogados del Uruguay, tomó una postura acorde a las circunstancias dejando bien claro la relación laboral amparada en normas constitucionales. Téngase presente, que no todos los abogados están afiliados al CAU, hecho que ocurre en todo el país. Este es el contenido:

Sr. Juez:

De nuestra consideración:
Oportunamente se ha hecho llegar a diferentes miembros de la Directiva del CAU Filial San José, el contenido de la Circular No, 86/2020 de la SCJ, dirigida a los Sres., Magistrados, con la finalidad de que los mismos remitan una lista de los Abogados de sus respectivas Jurisdicciones, que se encuentren en condiciones de subrogar a los Defensores de Oficio para el caso de vacancias, licencias. etc. haciendo referencia a la Acordada No, 6850,
Con relación a los avisos que se han recibido, corresponde precisar que no todos los Abogados que desempeñan su actividad profesional en el Departamento de San José, son socios del CAU, por lo que no corresponde dejar de nuestro cargo la puesta en conocimiento de este Registro a los mismos.
Dada las circunstancias por las que atraviesa nuestro País y el Mundo entero, por todos ya conocidas, no se ha podido convocar a Asamblea Extraordinaria presencial de nuestros Socios, para recoger una Resolución escrita y formal.
Utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías, se ha obtenido la Resolución que a continuación de expondrá, fruto de serios comentarios y fundados motivos de naturaleza Constitucional y Legal, expuestos por nuestros Asociados.
En ese sentido, cúmplenos comunicar a Ud. la decisión de no integrar ningún tipo de Registro y/o Lista de Subrogantes, en atención a la defensa del Derecho Fundamental al Trabajo retribuido consagrado en nuestras Normas Constitucionales y Legales de profundo arraigo en nuestro País y el Mundo Democrático y Civilizado.
Sin perjuicio de todo ello, dejar constancia del sentimiento de Solidaridad no solo con Colegas (Defensores Privados o Públicos), sino también con los Justiciables, sobre todo cuando se tratare de Derechos Humanos vulnerados ya sea en Mayores, Niños y/o Adolescentes, que implican no solo una obligación ética y moral, que desde siempre hemos asumido, y en virtud de la cual continuaremos voluntariamente, y en la medida de nuestras posibilidades, desarrollando con plena convicción que con el trabajo de Todos, contribuimos a sostener los difíciles momentos que vive nuestra Sociedad, y en especial las Familias, núcleo fundamental que merece la protección del Estado en todas sus dimensiones.
Sin otro particular, saluda a Ud. Atentamente

Nota: el subrayado en negrita me pertenece.

Los ministros de la SCJ transitan por una línea muy fina a la hora de tomar decisiones hacia el interior del país. Debieran darse un baño de realidad. Las diferencias en Montevideo y el Interior del país son muy distintas, incluso, por zonas como lo es los departamentos fronterizos. Muchas de las actitudes asumidas por la Corporación, no se ajustan a la realidad y observan por encima del hombro. Esto no le hace bien a la Democracia. De hecho, ignoran las normas internacionales por dar un ejemplo, en materia de Derechos Humanos con el pasado reciente.