Ningún ciudadano demócrata debe votar la Reforma Constitucional que propone Larrañaga

Alcanza con leer y analizar el texto que se plebiscitará para que ningún ciudadano demócrata lo vote.
Hoy, como ocurrió ayer en vísperas de la dictadura, se pretende llamar a los militares para que intervengan en asuntos de seguridad interna, como si estos fuesen “la solución”. Nada más alejado de “vivir sin miedo”.
Se propone crear una guardia nacional con intervención del ejército que tendrá competencia, entre otras cosas, para: “participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión del delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo”.
Aquí me voy a detener en un aspecto particular: los militares tendrían competencia, de aprobarse la reforma, respecto a “faltas o infracciones”. ¿Qué son las faltas? Son aquellos delitos menores que no se castigan con prisión, sino con trabajos comunitarios, por ejemplo: conducir una moto sin casco, arrojar basura en la calle fuera del contenedor, revender entradas, irse si pagar de un bar, viajar en un ómnibus sin pagar boleto, manejar alcoholizado, participar en un desorden durante un espectáculo público, orinar o defecar en un parque, etc. ¿Qué son las infracciones? Toda violación de una norma jurídica, aunque no sea delito, por ejemplo, estacionar en un lugar prohibido; cruzar la calle en un lugar no habilitado; ofrecer en venta un producto vencido; fumar donde no está permitido, etc.
Quiere decir que, si la propuesta de reforma constitucional obtiene los votos suficientes, los militares tendrán competencia “preventiva, disuasiva y represiva” prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida social.
Es demencial. Una propuesta irresponsable, del más puro militarismo, oculta y disimulada en el texto que se propone votar, basada en eslóganes engañosos.

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En materia de seguridad pública, en materia de control social por el derecho penal, en materia de política criminal, no se pueden lanzar propuestas irracionales que atentan contra las libertades.
Para que haya justicia frente al delito, la más alejada de las soluciones es llamar al ejército. Es una solución inconducente e inadecuada para lograr el cometido de combatir la delincuencia.
¿No nos damos cuenta de los efectos colaterales, ni de los efectos inmediatos y remotos que puede ocasionar?
¿No nos damos cuenta que la militarización de la sociedad nunca es gratuita?
La vez que se llamó a los militares para que se ocuparan de la seguridad pública interna perdimos la democracia, hubo tortura, desaparición de personas, detenciones arbitrarias, prisión política, exilio y muerte.
¿Perdimos la memoria? ¿No vimos, días pasados, desenterrar en un cuartel los restos de un desaparecido por militares?

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Considerar que la intervención de los militares se justifica para garantizar la seguridad interna es una visión simplista y equivocada de los problemas de la sociedad.
Querer recurrir a la fuerza militar para garantizar la seguridad interna es un regreso al viejo concepto de la ideología de la seguridad nacional que inspiró la dictadura.
Pensar que la militarización de la represión sea la última palabra y el último recurso de la sociedad contra el delito es una gravísima regresión en términos de civilización. Es una propuesta equivocada de política estatal.
Pensemos por un momento que, desde la recuperación de la democracia en 1985, la cuestión de las fuerzas armadas continúa siendo un tema pendiente al que el sistema político trató muy tibiamente, como para no herir susceptibilidades de la corporación militar.
Recordemos que hubo desacato frente al primer llamado de la justicia, que se generaron mecanismos de impunidad para evitar las responsabilidades penales en las gravísimas violaciones a los derechos humanos que cometieron contra la población; que institucionalmente los militares no admitieron el revisionismo ni su culpa; que el poder político fue sumamente permisivo, y para muestra alcanza con tener presente el caso Berríos, en plena democracia.
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El tema sin duda nos deriva a otro tema mayor. En mi criterio está pendiente debatir a fondo si Uruguay debe seguir teniendo un ejército o si es mejor, como ocurrió en Costa Rica o en Panamá, suprimirlo, hasta por razones económicas.
Mientras esté pendiente este debate, que deberá ser profundo, el rol de los militares debería ser la defensa de la soberanía frente a agresiones externas, siempre subordinado al poder civil. Aun limitados a esa función, tengamos siempre presente la frase de Clemenceau: “La guerra es una cosa demasiado grave para confiarla a los militares”. Y he visto los efectos de la guerra en pueblos que quieren paz. Acabo de regresar, días pasados, de la zona de conflicto entre Artsaj y Azerbaiyán. He visto poblados en ruinas y percibido en el pueblo armenio el peligro de nuevo genocidio.
En lo personal estoy frontalmente en contra de mantener un ejército en Uruguay. Filosóficamente, no puedo admitir que se enseñe para la guerra, que se instruya para matar, que se fabriquen armas, que haya guerra. Habría que cambiar armas por libros; dejar de adiestrar para la guerra y educar para la paz.
No obstante, mientras exista ejército, estoy frontalmente en contra de que se les llame para los temas de seguridad pública interna, para reprimir y perseguir delitos, faltas o infracciones. No es ni su deber ni su cometido.
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Sepan que no soy candidato a nada. Soy un ciudadano que cree en la ley, en la justicia y en la democracia. Toda mi vida la he dedicado a la abogacía. He visto impunidad, pero también justicia bajo el imperio del derecho. Siempre es poco lo que se puede hacer en la lucha contra el delito, pero no puedo admitir que se lancen propuestas irresponsables y peligrosas sin que la gente conozca el contenido de lo que se le está pidiendo votar.
Me duele profundamente el alma al imaginar los riesgos de una reforma constitucional que les deje la puerta entreabierta a los militares, sin perjuicio de que, además, otras disposiciones de la reforma que se plebiscitará violan normas internacionales de derechos humanos, lo que analizaré en una próxima nota.
Con total humildad hago un llamado de responsabilidad a todos mis compatriotas, para que el próximo domingo, cuando vayan a votar, no pongan en el sobre la papeleta por la reforma constitucional que promueve Larrañaga.
Preservemos la democracia y nuestras libertades.