Propuesta para que no sigan cerrando Juzgados de Paz

Por el Senador Carlos Camy (Partido Nacional). En nuestro país existían 135 Juzgados de Paz en Villas, ciudades o pueblos del interior. Han sido suprimidos 68 Juzgados, quedando en la actualidad 67 Juzgados de Paz en estas localidades. Menos de la mitad. En agosto del presente año por Acordada de la Suprema Corte de Justicia, se dejó en suspenso los efectos de anterior Acordada que suprimía 20 Juzgados de Paz más.

Los Juzgados de Paz poseen más de 191 años, estableciéndose la existencia de los mismos en nuestra primera Constitución del año 1830, con el propósito de conciliación previa de los pleitos que pudieran entablarse en materia civil y de injurias. En este sentido, el proyecto de ley presentado proponemos cambios, entre los cuales se establecen nuevas competencias a los Juzgados de Paz de ciudad, villas o pueblos: como por ejemplo en procesos de separación de cuerpos y separación de bienes, procesos de ratificación de tenencia, homologaciones de convenio en cualquier materia cuando cualquiera de las partes posea domicilio real o constituido dentro de su jurisdicción; competencia de urgencia en materia de guarda, visita y pensión alimenticia; competencia de urgencia en asuntos en materia de violencia doméstica y violencia basada en género, las primeras medidas pasan a ser preceptivas y dentro de las 24 horas debe remitirse las actuaciones al Juzgado Letrado, en procesos rurales hasta un valor de $ 1.000.000, en procesos laborales cuya cuantía no exceda de $ 273.000 que pasan a tener segunda instancia, entre otros.

En referencia al costo de mantener estos 67 Juzgados de Paz abiertos el 90% del presupuesto anual corresponde a recursos humanos (retribuciones de Jueces y funcionarios) y el 10 % restante del presupuesto a gastos de funcionamiento (Tte, gastos de limpieza, Antel, Ose, etc.) y alquileres de locales.

Con la supresión de los 68 Juzgados de Paz Seccionales, de ciudades, villas o pueblos, se comienza a eliminar una de las instituciones pioneras en nuestro país con más de 150 años de historia. La administración de justicia está abandonando los pequeños centros poblados para acumularse en las grandes concentraciones urbanas. Estamos abandonando el Juez de cercanía que tradicionalmente ha construido relaciones de vecindad, de comunicación y respeto entre sus habitantes.

En la exposición de motivos del Proyecto de ley indicamos que los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impidan o limiten la posibilidad de acceso a la justicia, fundamentalmente de aquellos ciudadanos más vulnerables.