Se alquila Patrullero: ¿la “uberización” policial?

Por Fernando Gil Díaz (El Perro Gil) – Gestionar la seguridad no resulta tan fácil como parecía, a estar no solo por los resultados de la inseguridad (una vez que la pandemia aflojó, se incrementó la violencia de forma extrema y con ella los delitos), sino también por las tareas propias de mantenimiento y gestión de las decenas de Unidades Operativas que hacen parte de la cartera. Transcurriendo el tercer año de gobierno y con ostensibles recortes presupuestales, era casi una obviedad que la gestión empeorara. Ya no valen las excusas, porque a esta altura del ciclo electoral, todo lo que se haga o deje de hacer es por obra y gracia de su administración. Obra y gracia de un presupuesto, que dejó meridianamente claro que la seguridad nunca fue una prioridad, a pesar que decían tener la fórmula secreta. A dos años y poco de cumplirse “los mejores 5 años de nuestras vidas”, la realidad marca la falsedad de aquella frase y la mayoría de la sociedad uruguaya acumula más pérdidas que ganancias. Si hay algo que no descansa es la imaginación de los gestores, y ahora surge la idea de alquilar patrulleros. En poco tiempo a la Policía la vamos a ver pidiendo un “Uber” o asistiendo a una emergencia en Taxi…

Del 911 a un 0900 Emergencia

Es verdad que muchos servicios que antes se hacían de forma oficial (no solo en el Ministerio del Interior sino en toda la Administración), fueron perdiendo pie ante el avance de servicios tercerizados. Aunque resulte ingrato admitirlo, la función pública –al menos en nuestro país- ha dejado que desear muchas veces, y llevado a la decisión final de privatizarlo. Claro que no todo lo público es malo ni todo lo privado es la panacea.

En lo que refiere a los servicios públicos esenciales, su carácter público es una garantía que permite conservar los recursos como parte del acervo nacional y no ceder soberanía entregando los mismos para que los explote un privado y, encima, pagar por algo que nos pertenece. Uno puede entender que se pague por un servicio pero no que le sumemos un costo adicional: la ganancia del proveedor del mismo. La diferencia es clara: si la empresa es pública, los recursos que genera son de todos y se invierten en servicios para el Estado. En definitiva, hay un retorno que nos comprende en tanto vivimos y somos parte de la ciudadanía.

Pero si, en cambio, el servicio público lo brinda un tercero (privado), hay una expectativa lógica de ganancia que hace atractiva la inversión, con la crucial diferencia que esos recursos no solo incrementarán siempre los costos a pagar por el servicio sino que los mismos ya no se volcarán a otro lugar que no sea el bolsillo del inversor. En suma, perdemos todos los miembros de ese Estado que cedió esos recursos y ya no los podrá contar en Rentas Generales.

Esta es la razón que me lleva a pensar lo inapropiado de la idea presentada en un programa de televisión que está categorizado como de espectáculo o comedia, en cuyo caso nos queda la ilusión de que haya sido una broma…

Alquilar Patrulleros no me parece una buena idea, no ya por las razones económicas que podrían esgrimirse, sino por la esencia misma de entregar nada menos que la principal herramienta con la que cuenta la Policía, a manos privadas, demostrando –una vez más- su ineficacia. En lugar de seguir perdiendo áreas de decisión que hacen a la esencia misma de la gestión de la seguridad, deberíamos estudiar las razones que llevan al deterioro sistemático de las unidades y atacar el punto con otras herramientas sin que impliquen perder autonomía.

Si el mal manejo de las unidades es la principal razón, capacitemos mejor a los choferes policiales. Esos que irremediablemente deben saber conducir en situaciones extremas, con maniobras arriesgadas y en situaciones límites. Porque si se piensa que solo alquilando unidades se soluciona, se equivocan si no capacitan mejor a quienes son –muchas veces- los principales responsables del radiado de los vehículos.

Por eso lo del título de esta columna, porque el primer paso será alquilar las unidades, pero luego deberán pedirlas con choferes, con lo cual convertiremos a la respuesta policial en un servicio de transporte de policías en coches de alquiler (taxis o uber’s).

CAYMA, un foco de corrupción

En el año 2013, se cerró el Cuerpo de Abastecimiento Y Mantenimiento Automotriz (CAYMA), luego de haberse comprobado innumerables casos de corrupción y derroche de recursos públicos de un servicio que se brindó mal y con desvío de poder, generando sensibles pérdidas. Por aquel entonces fue muy cuestionada la medida por quienes hoy gobiernan, pero nunca pudieron rebatir las contundentes pruebas de arreglos particulares que pagaba el Ministerio, o sobreprecios descomunales de hasta 20 mil dólares por el arreglo de patrulleros, cifra con la que se compraban 2 patrulleros nuevos, por citar algunos ejemplos.

Desde entonces, un acuerdo con el Centro de Talleristas permitió sumar más de 200 empresas que asumían las reparaciones y donde los precios estaban estandarizados por el mercado, a lo que se sumaba una trazabilidad total sobre las unidades que permitía tener toda la información sobre la misma. Una política de gestión que se equiparaba con los sistemas de georreferenciación que hacían parte de la flota, permitiendo conocer su ubicación en tiempo real, así como el consumo de combustible (a través del SISCONVE, que también era georreferencial).

Hoy parece que todo eso quedaría en el olvido, y se apela a comprarlo hecho como la única forma posible de mejorar la gestión. Claro que olvidan que para comprar o alquilar los servicios, se necesitan recursos que por ahora son escasos por decisión misma del gobierno.

Además, entiendo que el Estado no puede delegar cuestiones que son esenciales para su funcionamiento y menos las que refieren a la seguridad, una de las funciones más sensibles, la de preservar la integridad de sus habitantes.

Se podrá argumentar que la idea apunta a mejorar la gestión y que los 2/3 que hoy están radiados de la flota total, dejarán de ser una constante, pero eso es una intención que dudo pueda concretarse sin recursos. Y mucho menos que se logre eliminar o reducir la causa principal de la desafectación de la mayoría de las unidades: el mal manejo. Es decir, podrán alquilar patrulleros, podrán comprar nuevas unidades, pero si no se capacita mejor a los choferes se seguirá teniendo un problema que afectará cualquier decisión que se tome.

Por eso, antes que alentar la idea de alquilar procuraría mejorar las capacidades de una fuerza operativa que adolece de carencias graves en su plantilla de conductores, apuntando a una especialización necesaria y urgente.

De lo contrario, para que la idea fuera lo realmente efectiva que se piensa, el paquete debería incluir a los conductores.

Pero, en ese caso, la uberización policial sería una triste realidad…

el hombre pidió un taxi,
el perro ladraba pidiendo cero ficha…