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Se reclama que la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo tenga facultades para investigar desapariciones forzadas en Uruguay

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Señalando el cráneo ubicado en el ex Batallón 13

El hallazgo de un nuevo cuerpo humano en el Batallón n° 13 ha conmovido nuevamente a la sociedad uruguaya. Es un tema siempre vigente. Ya el pasado 20 de Mayo con una lluvia torrencial, más de cien mil uruguayos manifestaron por 18 de Julio reclamando Verdad y Justicia. Sin embargo, la profunda conmoción que generó, en plena campaña electoral, este nuevo descubrimiento por parte del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) de la Udelar fue de tal magnitud que obligó a todos los candidatos presidenciables a pronunciarse de una manera categórica y hasta sorprendente. Siendo sinceros, en algunos casos, por lo incongruente, hasta  hirió la sensibilidad de una parte de la ciudadanía.

Una labor titánica

El trabajo llevado adelante por los equipos de antropología durante todos estos años ha sido extraordinario, muy especialmente en lo que tiene que ver en el entorno del Centro de Detención y Tortura conocido como “300 Carlos”. Ha sido necesario dar vuelta todo el terreno, con mucho cuidado, con mucha paciencia, meticulosamente, para lograr los resultados obtenidos. Anteriormente ya se habían hallado los restos del escribano y docente Fernando Miranda, secuestrado a fines del año 1975 en el marco de la ‘Operación Morgan’, nombre con el cual las Fuerzas Armadas denominaron el operativo represivo destinado a descabezar al Partido Comunista (PCU).

Este nuevo descubrimiento se llevó a cabo en un territorio de muy difícil acceso, cercano al centro de torturas,  en una zona inundable con mucha facilidad por la cercanía del arroyo en estas épocas del año pero accesible en períodos de mucho calor y escasas lluvias como era el clima cuando se desplegó la Operación Morgan, en pleno verano del año 1976.

Desde noviembre de 1975  a febrero de 1976, más de 600 militantes y dirigentes del PCU fueron secuestrados y torturados en el “300 Carlos” o “Infierno Grande” como se lo denominó. Se trató de un enterramiento primario. Este hecho pone en cuestión la existencia de la Operación Zanahoria. Cada día parecería  más evidente que la misma fue un invento para desalentar las investigaciones y la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos.

La inoperante actuación judicial

Es público y notorio que en febrero del año 1976 el general ® Esteban Cristi, uno de los más prominentes golpistas de derecha, un auténtico caudillo militar del “proceso”, emitió una orden por medio de la cual felicitó a un número importante de militares por su activa y destacada participación en dicha operación represiva. Entre los mencionados figura el coronel ® Avelino Ramas, ya condenado por otros crímenes y gozando de una saludable prisión domiciliaria desde hace muchos años, sin haber estado nunca en algún centro penitenciario. Un auténtico prisionero VIP de la Suprema Corte de Justicia.

El general Esteban Cristi fue Jefe de la Región Militar N° 1 desde el año 1971 hasta su retiro en 1977. Encabezó junto al general ® Gregorio ‘Goyo’ Álvarez la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) durante el año 1972, fue un destacado golpista y el creador del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) al cual dirigió a través del general ® Juan Vicente Queirolo.

También figura felicitado por su accionar el  coronel ® Jorge ‘Pajarito’ Silveira, condenado y procesado. Recientemente tomó notoriedad pública al conocerse, a través de la denuncia del periodista y escritor Leonardo Haberkorn,  las acusaciones que realizó contra José ‘Nino’ Gavazzo en el Tribunal de Honor en su contra.

Vale la pena mencionar que en dicho tribunal,  José ‘Nino’ Gavazzo reconoció que asesinó y pretendió desaparecer a Roberto Gomensoro Josman arrojando su cuerpo en el lago de la represa del Rincón del Bonete, en las inmediaciones del Campo III del Ejército en Paso de los Toros. Dicha conducta no mereció ni para el ex comandante en Jefe del ejército general ® Guido Manini Ríos ni para seis generales que integraron  dichos tribunales el calificativo de falta grave al honor del Ejército.

La Ley de Caducidad promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, recientemente designado Secretario General del Partido Colorado por el presidenciable Ernesto Talvi, impidió la actuación de la justicia en el cumplimiento de sus obligaciones básicas, durante más de 20 años. Fue un obstáculo casi insalvable. En octubre del 2011, durante el gobierno de José Mujica, a través de la Ley 18 831, se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Desde ese momento, no existen obstáculos legales de ningún tipo para que los operadores del sistema investiguen y actúen.

Una causa irrenunciable

Más allá de las dificultades, de la negativa de los responsables de los hechos a colaborar, del apoyo económico, político y mediático de quienes defendieron y defienden hasta el día de hoy la inconstitucional Ley de Caducidad, el Estado, sus órganos no pueden renunciar a la labor de investigar y sancionar a los responsables de los delitos, de buscar  los restos de todos los detenidos desaparecidos.

No se trata solamente de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. Los Estados no pueden renunciar nunca al repudio de los actos criminales, no pueden dejar de condenar una y otra vez el terrorismo Estatal, de generar las condiciones que impidan la repetición de los hechos.

El proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo y a estudio del Parlamento que otorga nuevas potestades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que pueda investigar estos casos es una medida en tal dirección. Todo el respaldo de nuestro colectivo a dicha iniciativa.

Crysol Uruguay

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