Sin reconciliación vigente pacto de silencio que involucra a todos los gobiernos

Escribe: Walter Caimí – PACTUM. Tras los dichos de Gilberto Vázquez admitiendo que asesinó, torturó, y participó del segundo vuelo de la muerte, no hay excusas para que el Estado Uruguayo, por medio del Ministerio de Defensa Nacional, ponga a disposición de la ciudadanía toda la información de secuestros y desapariciones y enterramientos clandestinos en manos de sus familiares. De estos hechos debe tomar nota el Poder Judicial.

Precisamente en estos días uno de los temas más salientes a nivel nacional es el desafuero o no de un ex militar que mucho sabe y calla: Guido Manini Ríos, cabeza principal de Cabildo Abierto (partido militar).

El coronel Gilberto Vázquez claramente dejó establecido en actas al Tribunal de Honor efectuado en el año 2006, tras su fuga del Hospital Militar, su responsabilidad en diferentes hechos. Estas actas fueron enviadas al Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, por mandato del ministro de defensa Javier García. El Dr. Díaz ordenó que estos documentos fuesen enviados al fiscal Ricardo Perciballe que tiene a su cargo el tema Derechos Humanos, fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Gilberto Vázquez, declaró ante un Tribunal de Honor a raíz de que se fugó del Hospital Militar y para las Fuerzas Armadas afectó al honor militar.

Los hechos políticos decantan que en los gobiernos del Frente Amplio se concretaron detenciones y encarcelamiento a miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de ello, en el año 2006 en mandato de Tabaré Vázquez, siendo la ministra de defensa Azucena Berruti – 1 de marzo 2005 al 3 marzo 2008- y el subsecretario José Bayardi, este episodio de las actas no queda claro.
Bayardi salió al cruce afirmando que la ministra no había sido informada. Hay algo que no cierra o sí cierra: el ministerio de defensa lo dirigen los militares y no los civiles, allí está el mecanismo hermético entre otras cosas que tienen las Fuerzas Armadas. Javier García, actual ministro, hizo lo correcto, transparentó información y dispuso el pase a la Fiscalía.
Al admitir G. Vázquez sus delitos, se desploma lo que otros militares han negado una y otra vez, que no hubo segundo vuelo, etcétera. Aún mucho más preocupante es el tema en cuestión por la figura del senador Manini Ríos, que sabe todo y nada dice.
Todos estos sucesos del pasado y reciente han afectado la imagen del Poder Judicial, pues desde Cabildo Abierto se intenta desacreditar al sistema jurídico uruguayo pegándole consecuentemente.
Con tales declaraciones de G. Vázquez, también se compromete al resto de los ministros de defensa en todas las administraciones que ejerció el Poder Ejecutivo.
Según Bayardi la ministra de entonces recibió un resumen de las actas, si fue así ¿por qué no se pidió toda la documentación? ¿No leen lo que firman?
Peor aún es la actitud política de Jose Mujica que dejó en manos de su ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro que apañó con su actitud el silencio. Por este carril político, no se entiende cómo el Frente Amplio no pide explicaciones al senador, del porqué de su actitud pasiva.
Que quede claro, desde 1985 a la fecha, todos los gobiernos tienen su cuota de responsabilidad política y jurídica. La revista ‘Posdata’ oportunamente a través del colega Roger Rodríguez había sostenido con argumentos sólidos, que había existido un segundo vuelo.
Las nuevas generaciones de militares que no tuvieron participación directa durante la dictadura cívico militar, las coordenadas de Honor están sumamente desacreditadas.
Resultará casi imposible dar la vuelta la página, en tanto y por cuanto, los documentos no se desclasifiquen a los familiares de detenidos desaparecidos como a la opinión pública.
Las Fuerzas Armadas deben reformularse de la A a la Z; generación tras generación les fue ocultados distintos hechos en materia de derechos humanos y prohibido preguntar. Recuérdese que G. Vázquez dijo en el año 1985, que otro militar llamado Ricardo Arab alías ‘el Turco’, otro represor detenido, estuvo por ir preso por un cheque sin fondos y dijo en el Servicio que prestaba funciones que si no le “daban guita para tapar el agujero iba a largar todo lo que él sabía” en clara referencia los secuestros, muertes, torturas, en fin, palabra más palabra menos.
G. Vázquez había sido requerido por la República Argentina no pretendía ir y sabía que tendría una prisión larga y por entonces, entendió G. Vázquez que el Ejército lo mandaba en cana pues el presidente Tabaré Vázquez se mantuvo una reunión con el número del Ejército de entonces y éste le trasmitió G. Vázquez que “el presidente quiere su cabeza”. En definitiva, las facturas internas en el ejército están día a día, no se ven, pero se perciben.

En los últimos días de agosto del corriente año, en audiencia la Dra. Rossana Gavazzo tuvo una actitud violenta en plena audiencia judicial. La juez de la audiencia –Isaura Tórtora- interrumpió la misma e informó lo ocurrido a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. En dicha audiencia se indagaba por el secuestro y torturas en contra de Pedro Risso y Lydia Fernández su esposa. Agentes del cuerpo de fusileros navales (FUSNA) efectuaron este secuestro, corría el año 1975. El denunciado es el Capitán Eduardo Laffite y su defensor la Dra. Gavazzo. A este suceso, se sumó la actitud de la abogada y además Coronel del Ejército, Gianella Frachelle, hija de uno de los militares investigados por violaciones a los derechos humanos, que interrumpió la audiencia grabando con su celular y a viva voz dijo: “esto es un atropello”. Todos ellos de Cabildo Abierto según información recogida en mi investigación.

Remato afirmando que esta denuncia publicada por el diario ‘El Observador’, no es nueva; la Revista ‘Posdata’ oportunamente, reitero, había puesto en conocimiento de la ciudadanía tal información. Lo preocupante es que el sistema político todo tiene su cuota de responsabilidad, así como el mismísimo Poder Judicial que muda de color y postura según la ocasión (política).
Bienvenido pues, que Lacalle Pou solicite toda información al Ministerio de Defensa; lo propio debe hacer con el Ministerio del Interior que muchísimo material escrito posee. Desde el ángulo jurídico, señores magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ejerzan con ecuanimidad técnica a la hora de resolver, teniendo presentes los tratados de Derechos Internacional que la República firmó.