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Sobre la “portabilidad numérica” y los zorros cuidando el gallinero

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Sergio Sommaruga

Durante el 2021 los grandes frigoríficos instalados en el país exportaron el equivalente a 7 millones de dólares por día.
Estas cifras no incluyen las ventas en el mercado interno.

Por tanto, como bien se imaginan, las ganancias de estas grandes empresas fueron sensiblemente mayores.

Como es de público conocimiento todas las plantas frigoríficas que funcionan en Uruguay son privadas; muchas de ellas controladas por capitales trasnacionales.

En la mayoría de los casos, además, succionan esas utilidades hacia cuentas en el exterior, dejando aquí, en términos de riqueza, poco más que la despojada osamenta.

La fuga en masa de esa riqueza nacional, detentada en manos privadas, es sin duda uno de los problemas estratégicos que explica incapacidad del Estado de salir de sus lógicas deficitarias, superar el subdesarrollo histórico y erradicar las desigualdades sociales más torpes y dolientes.

Asentada esta reflexión y llegados a este punto, se preguntarán ustedes, que tiene que ver lo hasta aquí dicho con la portabilidad numérica que estrena hoy el gobierno, en ancas de los artículos 471 al 476 de la LUC (Ley de Urgente Consideración).

La pregunta es: ¿Se imaginan ustedes a este poderoso conglomerado empresarial reclamándole al gobierno la apertura de un frigorífico estatal en aras de una mejor competencia y de ampliar la libertad de decisión de los consumidores?

No, verdad?

Las empresas multinacionales propietarias de los principales frigoríficos saben que están sentadas sobre un negocio redondo y lo que menos se les pasa por la cabeza es invitar al Estado a participar de las suculentas ganancias de ese negocio, para beneficio de la sociedad en su conjunto.

Desde una perspectiva de negocios, y bajo las reglas del mercado capitalista, a nadie se le ocurre compartir ganancias con la competencia.
Sin embargo, Antel, que es una empresa del Estado que factura 7.533.480 millones de pesos al año de ganancia neta, está haciendo justamente eso.

Es decir, Antel y el gobierno están generando las condiciones jurídicas, técnicas y de inversión para compartir su negocio con dos transnacionales de escala global, que operan como sus competidoras locales en el 85% de los segmentos más rentables del negocio de las telecomunicaciones.

Bajo la farsa de la libertad individual, representada en la preservación del número telefónico (libertad que, vale decir, se termina cuando se deja de pagar la factura), el poder ejecutivo encabezado por el herrerismo está sirviendo en bandeja el negocio de las telecomunicaciones a las dos empresas globales que rivalizan con Antel, y de las que, llamativamente, surgen el actual presidente de Antel (Claro) y la actual presidenta de la URSEC (Movistar).

El negocio de la portabilidad numérica y el apresuramiento en su instalación (que no busca otra cosa que servirles en bandeja juicios contra el Estado a los amigos multinacionales en caso de que caigan los artículos de la LUC) es la demostración cabal de lo que pasa cuando se pone a los zorros a cuidar el gallinero.

Estamos frente a un gobierno que usa todos los recursos del Estado para apuntalar el avance del mercado, a costa inclusive del interés nacional.

Lo financian. Lo subsidian. Le hacen leyes a medida.

Esta orientación política desconoce el bien común, aunque no desconoce los estragos que suscitan las lógicas del mercado en los atrasos estructurales de la sociedad uruguaya.

El 27 de marzo, con el referéndum, tenemos una oportunidad política que no podemos desaprovechar para poner las cosas en su lugar.

Para defender la sociedad de los negocios del 1% más rico.

Para defender al pueblo de la sangría del gran capital.

Para poner el bien común por sobre los privilegios.

Porque sólo el pueblo salva al pueblo!

Sergio Sommaruga

Docente de Montevideo. Integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y de la Dirección Nacional de SINTEP (Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada)

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