Todo indica que estamos peor

Desde el año pasado, y en diferentes instancias del presente, nuestro sindicato advirtió al CoDiCen de la ANEP que el comienzo de los cursos, tal y como estaba resuelto, sería caótico, y que el fracaso de la estrategia era inminente.

La arrogancia de quienes dirigen hoy la Educación Pública hizo caso omiso, evidenciando así la nueva forma de gobierno de la Administración según la 19.889 (LUC): autoritaria, vertical, y concentrada.

Como si fuera poco, se nos acusó de faltar a la verdad, y de establecer un falso relato de índole tremendista.

Por esto, debemos hoy explicitar públicamente, una vez más, la problemática que se está atravesando.

1 – El vigente protocolo para la garantía sanitaria de los centros educativos se ve restringido, y en la gran mayoría de los casos inaplicable por la reducción presupuestal que ha sufrido el sistema educativo público en todos los subsistemas, llegando a límites históricos desde el retorno a la Democracia. Asistimos a una coyuntura donde la política económica debería haber tendido a incrementar la inversión en los sectores público -sociales, no obstante, el gobierno ha decidido tomar la postura inversa. Esto también fue advertido por nuestro sindicato en el marco de la discusión de la vigente Ley de Presupuesto. Hoy, las Instituciones educativas no cuentan con los insumos y el personal suficiente para brindar las garantías necesarias, los grupos están superpoblados, cientos de docentes no tienen horas de trabajo, y la presencialidad plena es un elemento que sólo se pudo manifestar en el discurso.

2 – La alta movilidad que caracteriza al sistema educativo nacional, sujeta a los criterios de aforo de transporte departamental e interdepartamental, no está garantizada, y a diario se imposibilita o posterga el trayecto desde los hogares hasta los centros de estudio y viceversa, tanto de estudiantes como de docentes. Menos aún está garantizada la conexión entre lugares de trabajo. Cabe recordar que, según el último censo de la ANEP (2018), el 40 % del cuerpo docente del Uruguay trabaja en localidades donde no reside, y que casi el 70 % lo hace en dos o más instituciones. En los casos de las líneas en las que el aforo no es una limitación, las condiciones se presentan radicalmente opuestas a cualquier protocolo de prevención sanitaria.
Nos resulta inadmisible la cantidad de trabajadoras y trabajadores de cualquier sector que deben someterse diariamente a estas circunstancias, muchas veces generándose confrontaciones por el afán de conseguir un lugar, pero más aún rechazamos que estudiantes deban permanecer horas varados en la vía pública, siendo que la gran mayoría se trata de menores de edad.3 – El rol social y de contención hacia nuestras y nuestros estudiantes más vulnerables, por quienes las instituciones necesariamente deberían permanecer abiertas,
se ve lesionado e imposibilitado en múltiples factores. No se está garantizando la alimentación en lugares donde los planes la contempla, y, en nuestra zona, en la medida en que algunas instituciones no poseen habilitaciones de cantina, no se accede a las becas de cantina. No se cuenta con equipos multidisciplinarios para atender situaciones complejas de diferente índole, y los roles de docencia indirecta han debido abocarse a problemáticas de tipo organizativas, reduciendo sus funciones a una mínima expresión.

4 – El caos generalizado por la ausencia de criterios sanitarios preventivos y la no obligatoriedad ponen en jaque el quehacer educativo en cuanto a la presencialidad diaria y constante, posicionando en situación de continua incertidumbre el derecho a la educación.
Cuando la Educación no es obligatoria, el Estado no asume la responsabilidad de garantizarla.

5 – La negociación colectiva ha sido desconocida constantemente, y el actual gobierno ha asumido la totalidad de las decisiones, por ende, entendemos que sobre él debe recaer la totalidad de las responsabilidades ante lo que acontece en todo el país.

Entendemos necesario hacer hincapié en este aspecto, debido a que en los últimos días hemos sufrido el embate de algunos medios, señalando al cuerpo docente de irresponsables o negligentes. Nuestro sindicato no tiene una postura política colectiva sobre las vacunas y no debe tenerla, por el contrario, esta declaración está sustentada, en gran medida, por las últimas recomendaciones de profesionales científicos y de la salud.

Negligente es hacer caso omiso a estas voces y llegar a la situación en la que se encuentra el Uruguay a la fecha.

Por todo lo expuesto:

Dadas las condiciones que atraviesa nuestro país en general, y el sistema educativo público en particular, y atendiendo a la situación en la que las y los profesionales de la educación estamos llevando a cabo nuestra tarea, es que esta filial se declara en CONFLICTO.
Sostenemos que no se puede concebir a la institución educativa como un fenómeno aislado de la realidad social, la cual se encuentra sumergida en una profunda crisis económica y sanitaria. Esta situación excepcional amerita resoluciones excepcionales,
aunque éstas conlleven, muy a pesar nuestro, el cierre momentáneo de las instituciones, tal y como lo sugiere la mayoría de los posicionamientos científicos.

ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR

En defensa de la educación pública, y de la dignidad de estudiantes, trabajadoras y trabajadores, este colectivo se compromete a:

• Continuar, como desde hace años, acompañando a estudiantes y familias que sufren la mayor desprotección, frente a un panorama de crecientes dificultades económicas.

• Seguir apoyando, con nuestro trabajo académico, a los y las estudiantes que presenten dificultades, a través de diferentes medios.

• Permanecer atentas y atentos a las condiciones para garantizar la presencialidad plena en los hechos, y denunciar cada vez que la salud de todas y de todos esté en riesgo.

• Tender los puentes necesarios intra e intersindicales a los efectos de promover medidas en conjunto.

JAMÁS LE DAREMOS LA ESPALDA A QUIENES MÁS LO NECESITAN

Fenapes Filial ESTE.