Una causa sagrada y permanente

La presentación del proyecto de ley se remitió este lunes 12, en el marco del Dia Internacional del Detenido Desapaercido. Crysol (Asociación de ex presas y presos políticos del Uruguay, que se conmemora el próximo 19.
La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.
Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor Píriz Castagneto y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973 durante el gobierno de Juan María Bordaberry y el resto luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973.
Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto,  por diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1989 a 2011), entre otras, aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba. La Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

La investigación criminalística es decisiva

Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles.
Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

Dotar de recursos

Para cumplir los nuevos cometidos asignados a la INDDHH,  deberá ser dotada de los recursos básicos e imprescindibles para ello. Desde la perspectiva de nuestro colectivo no tenemos una visión optimista. Hasta el momento, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, una gran herramienta en la batalla histórica por la construcción histórica del pasado,  para contrarrestar las tesis negacionistas, no cuenta con recursos para funcionar. La Oficina de Atención a las Víctimas del terrorismo de Estado (OAVTE), dependiente de ASSE y del MSP, a pesar de las reiteradas gestiones llevadas adelante por Crysol en los últimos dos años, no cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos a los proveedores. Un mayor compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los tomadores de decisiones al respecto, sería muy importante.

Un auténtico compromiso con la Verdad y la Justicia

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino imprescindible de afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales, el Estado de Derecho y afirmar la institucionalidad democrática.
La discusión que en las próximas semanas, antes de su receso debido al ciclo electoral, se procesará en el Senado y luego en diputados, será una prueba inexcusable para conocer el alineamiento de todos los partidos acerca de esta temática, tan importante y tan decisiva.
La INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años para afirmar una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la temática en general. Si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.
Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática,  tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente. Debería ser aprobado por unanimidad en ambas cámaras. No somos optimistas al respecto. Lo sucedido con la petición de destituir a generales en actividad que consideraron que torturar, asesinar y desaparecer a una persona detenida no afectaba el honor de las Fuerzas Armadas,  no fue votada por los senadores de   la oposición, es un motivo para ello.

Fuente Crysol