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Canciller uruguayo reclamó no intervención en Cuba y Venezuela y convocó a pacto contra la pobreza. Vea el video

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Dos buenos párrafos del Canciller de la República Rodolfo Nin Novoa sobre el principio de no intervención de los pueblos y sobre la eliminación de la pobreza. Ambos párrafos los reproducimos aquí.

En América Latina nos genera profunda alarma el avance de ideologías extremas que intentan aplicar por la fuerza sus propias recetas a otros países, violentando sin pudor la institucionalidad de los organismos regionales y generando situaciones de crisis y  violencia como excusa para imponer sus doctrinas por la vía armada y expoliar, en su propio beneficio, a los pueblos latinoamericanos. Más aún nos preocupa que algunos gobiernos de la región abracen esas mismas ideologías y procedimientos, de cuya utilización sufrimos aún el amargo recuerdo y no pocas consecuencias.

No podemos permitir que el principio de no intervención sea una barrera protectora para violaciones graves a los derechos humanos.

Tampoco podemos tolerar la intervención extranjera bajo el pretexto de defender la democracia mientras se aterroriza a los pueblos con la amenaza de una invasión presuntamente libertadora cuyo único resultado cierto es la pérdida de miles de vidas inocentes y se les asfixia con sanciones económicas que los sumergen más y más en la pobreza, como sucede actualmente con Venezuela.

Solamente el diálogo y el entendimiento entre las partes, permitirá una salida pacífica a la crisis.

De la misma manera, levantamos nuevamente nuestra voz en esta Asamblea, como desde hace 27 años, para condenar enérgicamente el salvaje e ilegal bloqueo comercial y financiero que desde hace más de cincuenta años se aplica contra la República de Cuba. Sanciones ilícitas, contrarias al Derecho Internacional, que han empobrecido al pueblo cubano y cuyas graves consecuencias hipotecan el futuro de las mujeres y los hombres de ese hermano país latinoamericano.

El Uruguay tiene una larga tradición en la defensa del multilateralismo, de la democracia, la autodeterminación y la protección y promoción de los derechos humanos.

Sobre la pobreza.

Me voy a referir hoy ante esta Asamblea a tres aspectos que para mi país constituyen un eje transversal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La eliminación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la educación de calidad.

Permítanme entonces en primer lugar, concentrarme en el peor flagelo de nuestro mundo, el mayor enemigo de la paz, el causante de la mayor parte de los males de nuestra era, el enemigo en cuya exterminación deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos: la pobreza.

Si eliminamos la pobreza podremos acabar con el déficit en la educación y universalizada; si eliminamos la pobreza, reduciremos el daño al medio ambiente; si eliminamos la pobreza, estaremos eliminando el hambre, la exclusión, la discriminación; si eliminamos la pobreza estaremos en fin, aproximándonos a ese estado de bienestar al que me referí al comienzo de esta exposición, la Paz Mundial.

La distribución equitativa de la riqueza y la erradicación de la pobreza extrema constituyen un objetivo prioritario para el gobierno uruguayo. Para el año 2030 nos propusimos erradicar, de forma definitiva los niveles de pobreza extrema e indigencia. Hace quince años que venimos trabajando para cumplir con este objetivo. Y es con gran satisfacción que podemos decir hoy, en esta sala, que en Uruguay no hay un solo niño o niña durmiendo en las calles.

El año 2005 marcó un hito en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema en Uruguay. Para responder a las necesidades del pueblo uruguayo se emprendieron importantes innovaciones institucionales, al tiempo que se impulsaron reformas normativas que han ampliado la matriz de protección social.

Este nuevo marco institucional otorgó un rol protagónico a las políticas sociales, se incrementó el gasto público social y se puso en marcha una planificación estratégica amplia en la materia. Todo ello en el marco de un crecimiento económico ininterrumpido en los últimos 16 años. Además, nuestro país apostó por el trabajo decente, dotando de mayores garantías y derechos a los trabajadores, incluyendo el derecho a la seguridad social y a la asistencia médica gratuita para los trabajadores rurales y al servicio doméstico, sectores históricamente postergados.

Estas políticas públicas han sido fundamentales para el cumplimiento de las metas de inclusión social del gobierno, llegando su éxito al extremo de provocar, en la última Asamblea General de la OIT, una queja del sector empleador contra el gobierno por lo que considera, equivocadamente, un exceso de derechos de los trabajadores.

Fruto de estas mismas políticas sociales, el total de personas bajo la línea de pobreza se ha reducido actualmente a un 8%, mientras la indigencia se ubica en 0,1% y la 7
desigualdad en 0,38%, guarismo que coloca a Uruguay como el país más igualitario de América Latina y el Caribe.

La agenda de derechos, por la que el Uruguay es internacionalmente reconocido, ha contribuido también en forma importante, al avance de una sociedad más libre y democrática. Al fin y al cabo, somos una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo, basada en una firme institucionalidad y en la fortaleza de los partidos políticos tradicionales, el más joven de los cuales tiene ya medio siglo de existencia.

Esa solidez institucional ha permitido al Uruguay mantenerse al margen de la oleada de corrupción que sacudió a la región.

Señor Presidente,

Si bien la riqueza mundial personal ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años, 736 millones de seres humanos viven en condiciones de extrema pobreza. Menos del 10% de la población mundial concentra el 86% de la riqueza a escala global mientras un 70% apenas se reparte el 2.7% de la riqueza. El 96% de los pobres viven en algunos países de Asia, en Africa y en Latinoamérica.
A impulsos de la explosión de la tecnología digital, el crecimiento de las economías emergentes y de la economía mundial luego de la crisis financiera de comienzos de siglo, el mundo ha aumentado su riqueza un 66%, en comparación con el año 1995.

Sin embargo, ese crecimiento en la riqueza no ha logrado acabar con la pobreza ni disminuir la desigualdad. Por el contrario, ésta ha aumentado y hoy los países de ingreso alto de la OCDE exhiben una riqueza per cápita 52 veces mayor a los países de bajos ingresos.

Hay aquí Sr. Presidente un reto de considerables dimensiones para Naciones Unidas. Sólo con una fortalecida institucionalidad y una gobernanza con alto grado de calidad y legitimación podría avanzarse hacia una conducción de complejos procesos globales determinantes de la desigualdad.

No somos utopistas pero creemos posible y necesario dar pasos en una gradual pero efectiva incidencia que permita ir revirtiendo esa abismal desigualdad que avergüenza al planeta. Desigualdad que afecta grandemente la entera arquitectura de derechos y tiende a convertirla, en no pocas ocasiones, en un formalismo de escasa sustancia, valiosa en su enunciación de un deber ser, pero poco real y presente en la vida cotidiana de muchas naciones.

Para terminar con la pobreza y reducir la desigualdad, debemos invertir en la gente, que es el componente más importante de la riqueza de las naciones y del cual las mujeres representan menos del 40 %, porque siguen percibiendo menos ingresos que los hombres, a lo largo de sus vidas. Lograr la igualdad de género en términos económicos, incrementaría el capital humano en casi un 20%.
Por eso Uruguay impulsa en todos sus acuerdos comerciales, un capítulo sobre comercio y género con un enfoque inclusivo, como lo hemos hechos en el reciente acuerdo con Chile y con nuestros socios del MERCOSUR, con Canadá.

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