Homicidas de Vladimir Roslik: indignos para los cargos pero no para ir a la Justicia

El 16 de abril de 1984 fue ultimado en una sesión de torturas el médico sanjaverino Vladimir Roslik. Hasta este momento sólo un militar pasó pocos meses en prisión. Fue Sergio Cauraberre en una pantomima de la Justicia Militar de la época. Luego todos han sido chicanas y expresiones técnicas judiciales a pesar que la mesa está servida, con los autores materiales e intelectuales ampliamente reconocidos para que se haga justicia.
Ello no ha ocurrido y el sistema político y el militar saben muy bien qué pasó. Ahora desde el gobierno le pidieron la renuncia al hoy general Daniel Castellá quien, cuando era de rango capitán, estaba en la sesión de torturas donde ultimaron a Roslik en el Batallón de Fray Bentos el 16 de abril de 1984.
De acuerdo a lo que se conoció en la noche del martes, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, le solicitó la renuncia al presidente del Supremo Tribunal Militar, Gral. (r) Daniel Castellá, porque se encontró la sentencia de la Justicia Militar “que afirma que el Gral. Castellá -entonces capitán- estaba presente, junto a otros oficiales, en el interrogatorio al doctor Vladimir Roslik, en abril de 1984 en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos”, dijo el ministro.
En un comunicado, la cartera señala que “el pedido de renuncia se fundamenta en la notoria incompatibilidad entre el cargo de presidente del Supremo Tribunal Militar y la información a la que se accedió en la noche del lunes, en documentación hallada en el archivo documental del Ministerio de Defensa Nacional”.
Castellá ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014, y la presidencia del Supremo Tribunal Militar desde marzo de 2017.

La sentencia de la Corte

El pasado miércoles 28 de julio, se conoció que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió mantener cerrado el expediente del homicidio de Vladimir Roslik. No dio lugar al recurso de casación solicitado por la Fiscalía Especializada de los Derechos Humanos.
La decisión la tomó el pasado martes 20 de julio. Una semana antes que el ministro García bajara a Castellà. Hoy la SCJ está hoy integrada por la presidente Bernadette Minvielle Sánchez y sus cuatro ministros: Elena Martínez Rosso, Eduardo Turell Araquistain, Luis Tosi Boeri y Tabaré Sosa Aguirre.
Ante esta decisión de la SCJ EL ECO se comunicó con el doctor Pablo Chargoñia representante del Observatorio Luz Ibarburu, quien señaló que luego de conocida esta decisión tienen dos caminos a seguir:
a) Ir a la Comisión Interamericana de DDHH y plantear el caso;

b) Prestar atención al siguiente “mensaje” de la propia SCJ en el final de su sentencia: “Cabe anotar, finalmente, que en caso de existir hechos que a criterio de la Fiscalía escapan al objeto del presente proceso -que fue oportunamente clausurado por la sentencia Nº 125/2014-, aquélla podrá, si así lo entiende pertinente, proceder a investigarlos y a iniciar él o los procesos respectivos”.
No obstante esta posibilidad, para el doctor Chargoñia, “esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia constituye un nuevo incumplimiento de parte del Estado uruguayo de perseguir casos de graves violaciones a los derechos humanos, de juzgar y eventualmente castigar a sus responsables. Concretamente desconoce lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman de 2011”.
En el caso de Vladimir Roslik lo hace por segunda vez. La primera fue en el año 2014 cuando se archivó la causa y la Fiscalía pudiendo recurrir no lo hizo. “Tanto en el 2014 como ahora existe un desacato ante el fallo de la Corte Interamericana y una continuada violación del derecho de la familia a la Justicia y a la protección de los Tribunales”.
“En tal sentido tiene una dimensión muy dañosa para las expectativas de Mary Zavalkin y de su hijo Valery y del pueblo uruguayo que tiene el derecho a la verdad y a la justicia en un hecho tan infame como es el del doctor Roslik”.

Doctor Perciballe: “vamos a intentar abrir definitivamente esa puerta”

“La Corte por un tema formal no ingresó al tema sustancial”, dijo a EL ECO el doctor Ricardo Perciballe, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en los Derechos Humanos y que fuera quien presentó la reapertura del expediente.
La Corte de Justicia no desconoció todo lo que dijo y presentó la Fiscalía a cargo de Perciballe y “resolvió no darle ingreso al recurso de casación, que eso es malo. Pero, por otro lado, hay que mirar lo positivo, que dejó la puerta abierta para que la Fiscalía con el Nuevo Código de Proceso Penal realice la investigación que estime pertinente, con los elementos que quedaron al margen de la sentencia. Entonces nosotros vamos a analizar la posibilidad de abrir definitivamente esa puerta”, indicó Perciballe.

Los nombres

Además del militar destituido Daniel Castellá, ya en abril de 2018 en EL ECO publicamos los nombres de policías y militares que están involucrados en el asesinato de Vladimir Roslik y en la persecución y tortura de decenas de sanjaverinos.
-El teniente Ivo Dardo Morales y el policía Adán Mendieta participaban directamente en las sesiones de tortura.
-El médico militar Eduardo Saíz Pedrini las fiscalizaba.
-Conforme documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la época (DNII), a pedido del Jefe de Policía de Río Negro coronel Walter Tito, viajaron desde Montevideo a Fray Bentos el comisario Homero Vaz Bresque y los sargentos Roberto Rivero y Walter Vivone. En San Javier operaban además el inspector Elbio Canti y el comisario Esteban Silva. El jefe de Policía de Paysandú coronel Ruben González quien también colaboró en tareas de inteligencia.

-La dirección del operativo estaba en manos del Ejército. Concretamente quien lo dirigía era el Jefe del Batallón coronel Oscar Roca.

-Cuando los torturadores llamaron a Sáiz al llegar encontró al sargento Agustín García intentando vanamente prestarle auxilio a Roslik que ya estaba muerto.
-El cuartel estaba al mando del comandante del Batallón teniente coronel Mario Olivera, con el Jefe de División del Ejército general Hugo Medina, y con el comandante de la Brigada de Infantería de Salto, coronel Ruben González.

-El juez militar coronel Carmelo Betancourt ordenó que fuera el Dr. Sáiz quien realizara la autopsia.

-Estuvieron presentes en la pericia tres agentes de la represión: Agustín García, el policía Luis Carcozo y el teniente Ivo Dardo Morales.

El 15 de abril de 1984 en horas de la noche, el capitán Daniel Castellá y el teniente Rodolfo Costas junto a otros agentes del ejército detienen a Vladimir Roslik. Su esposa Mary Zavalkin contaría después que Vladimir comenzó a gritar “otra vez no, otra vez a lo mismo no, no y no”.