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Amenazados por el Comando Barneix: Sin justicia y rodeados de silencio

Amenazados por el Comando del genocida Barneix, en una carta enviada al presidente de la República reclaman acciones del gobierno, del sistema judicial y parlamentario.

Publicado

el

General Pedro Barneix, uno de los asesinos de Aldo 'Chiquito' Perrini

28 de enero de 2018, a un año de las amenazas del Comando Barneix
Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez
Autoridades políticas y judiciales de la República Oriental del Uruguay
Nos dirigimos a Ustedes en nuestra calidad de defensores/as de derechos humanos que hace exactamente un año recibieron amenazas de muerte por parte del autodenominado Comando General Pedro Barneix.
Como es de público conocimiento, a través de varios correos electrónicos que fueron enviados entre fines de enero y comienzo de febrero de 2017, dicho Comando amenazó de muerte a 13 personas, tanto uruguayas como extranjeras, de destacada trayectoria y compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad por los
crímenes de la dictadura en Uruguay.
Los correos afirmaban que no se iba aceptar ningún suicidio más “por injustos procesamientos” y que “por cada suicidio de ahora en más” se iban a matar a tres “elegidos azarosamente” de la lista de 13 personas. La carta terminaba diciendo que además tenían varias personas más en la mira, “cuyos domicilios y hábitos” ya tenían
relevados.
La amenaza de muerte ha sido condenada por innumerables organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el Observatorio Luz Ibarburu, los Fiscales Generales del MERCOSUR, el Colegio de Abogados de Uruguay, Amnistía Internacional Uruguay, France Amerique Latine, Dónde Están Uruguay, la Asociación de ex preso políticos chilenos en Francia, the Washington Office on Latin America (WOLA), the Center forJustice and International Law (CEJIL), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe recordar que hasta este momento ningún representante del Estado uruguayo ha condenado y/o rechazado esta amenaza de forma pública y contundente. Tampoco ningún representante estatal apareció frente a la CIDH en fecha 25 de mayo de 2017, en una audiencia convocada por la Comisión para tratar específicamente la situación de la amenaza y de la justicia en Uruguay. La ausencia de Uruguay fue calificada por la misma CIDH como “preocupante”.
Cuando se cumple un año de tan lamentable acontecimiento, escribimos esta carta abierta para denunciar la falta, hasta la fecha, de cualquier avance satisfactorio en la investigación de los hechos y la identificación de los responsables. La investigación judicial, en nuestra opinión, ha sido insuficiente y limitada, y no ha arrojado ningún avance significativo que pudiera aportar resultados concretos. Resaltamos además que tampoco se ha tomado ninguna medida efectiva de protección en favor de las personas amenazadas.
En los casos específicos de los amenazados de nacionalidad extranjera, subrayamos cómo su posibilidad de viajar al Uruguay ha sido directamente restringida. La investigadora Francesca Lessa, en particular, quien estaba llevando adelante un proyecto de investigación académica en Uruguay, tuvo que abandonar el país, ya que tanto la Universidad de Oxford como la Embajada Italiana consideraban que no se daban las condiciones de seguridad e integridad física para continuar con su trabajo ahí.
Lamentablemente, esta amenaza no es un hecho aislado sino ya es parte de un patrón alarmante de eventos que han venido ocurriendo en el Uruguay en los últimos años en contra de periodistas, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, y antropólogos forenses. Recordamos, por ejemplo, como durante la Semana de Turismo de 2016, el Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República fue víctima de un robo en su laboratorio, junto con amenazas en contra de sus integrantes.
Posteriormente, en octubre de 2017, ocurrieron por lo menos dos intentos de robo y el ingreso de personas no autorizadas a predios donde los antropólogos estaban realizando excavaciones en búsqueda de los cuerpos de detenidos desaparecidos, en el Batallón 13 y el Grupo de Artillería Antiaérea N°1.
Finalmente recordamos como el Fiscal Jorge Díaz, ya amenazado por el Comando Barneix, fue nuevamente amenazado de muerte el 18 de noviembre de 2017, por un llamado telefónico de un llamado Comando de Restauración Nacional, quien afirmó que el Fiscal iba “a morir en la calle”.
Todos estos hechos siguen aún impunes.
Exigimos que el Estado uruguayo, y específicamente el Poder Judicial, realicen de una vez una investigación exhaustiva de la amenaza y sus responsables, que se exploren todas las posibles pistas y caminos investigativos adicionales y complementarios, indagando con qué tipo de apoyos o conexiones puede contar el llamado Comando Barneix, las posibles vinculaciones con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quiénes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar dichas amenazas cubriendo tan eficazmente sus rastros, etc.
Sabemos que se usaron diferentes procedimientos en cada uno de los emails (tres) a los que nosotros tuvimos acceso, demostrando la sofisticación y complejidad de la amenaza. Pero, a esa sofisticación y complejidad, la investigación judicial responde con lo que vemos como falta de adecuada estrategia.
El año 2017 estuvo signado por el casi nulo avance de las investigaciones por crímenes de la dictadura: solo hubo un nuevo procesamiento -cuando en realidad existen más de 35 pedidos de procesamiento- y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún no entró en funciones a muchos meses de su creación.
Estamos sumamente preocupados con esta situación de impunidad en el Uruguay que ya no abarca solamente los delitos del pasado reciente, sino también los del presente: amenazar de muerte constituye un delito bajo el Código Penal uruguayo.
La Corte Interamericana ha resaltado en muchas oportunidades como los estados tienen “la obligación de combatir” la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos” (Caso Bulacio Vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003). Parece propicio, señor Presidente, Autoridades políticas y judiciales de la República
Oriental del Uruguay, reflexionar seriamente sobre las palabras del sacerdote Luis “Perico” Pérez Aguirre, fundador de SERPAJ Uruguay: “Triste sería conservar para siempre en nuestra memoria colectiva el hecho fatal de que nos hemos convertido en pueblos pusilánimes doblegados por abyectas amenazas de algunos militares que obligan a olvidar y dejar impunes a los criminales. Sería insoportable convivir para siempre con la propia vergüenza y la dignidad perdidas. La paz, que siempre es fruto de la justicia restablecida, se volvería una ilusión inalcanzable y nostalgiosa”.
Con nuestros mayores respetos:
Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Mirtha Guianze, Belela Herrera, Jair Krischke,  Francesca Lessa y Louis Joinet

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