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Colorados salen con tapones de punta contra Lacalle

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José Batlle y Ordoñez (Foto Partido Colorado)

“Eso queda para las monarquías. En una democracia republicana la justicia debe tener acceso a los mensajes que se enviaron entre Astesiano y el Presidente de la República”, dijo a EL ECO la dirigente colorada Margarita Machado.

Machado que integra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado se sumó a un grupo de colorados que esta semana hizo pública una declaración fuerte contra la actitud del gobierno y de la coalición multicolor que integran dirigentes colorados.

En la carta que critica el accionar del presidente Lacalle, los colorados sostienen que “uno de los puntos que planteamos fue fundamentalmente que la entrega de los celulares donde existían comunicaciones con Astesiano con el propio presidente de la República, tenía que haber sido inmediata y entregado sin restricciones”.

“No nos pareció correcto que el presidente objetara o restringiera la entrega no permitiendo que se escucharan los mensajes que mantenía él personalmente con su custodio”, dijo Margarita Machado.

“No corresponde porque la presidencia de la República, como cualquier institución tiene un límite que es el límite del respeto a las leyes, y nadie tiene un poder absoluto, eso será para las monarquías, pero en una democracia republicana, la presidencia como el Parlamento, como todos nosotros, nos debemos limitar a respetar y cumplir las leyes”, remarcó.

En este sentido señaló que “ahora eso se ha corregido porque el presidente anunció que iba a permitir, pero es un poco extemporáneo. Esas demoras no le hacen bien a la democracia” dijo.

También criticó que se mantengan en su cargo los policías y autoridades del Ministerio del Interior que vienen siendo investigados, “cómo van a dar testimonio de un procedimiento donde ella misma es indagada, va a dar un testimonio como autoridad”.

Para Machado “hay que apartarlos y quitarle la investidura de su cargo, porque en el procedimiento de investigación están en una condición de indagados. Eso también son irregularidades que nosotros estábamos reclamando desde el punto de vista jurídico, no para interferir ni para presionar a la justicia, sino para señalar una actitud equivocada desde el punto de vista político y ético”, resaltó.

¿Y el pescado?

Sobre el tema del pescado señaló que le parece “increíble”, ya que “yo soy de la frontera, soy de Rivera y todos sabemos ahí que no se puede pasar una planta, una comida”, y ésta es una situación muy irregular “en cómo llegó ese pescado, sin revisión de bromatología, sin ningún tipo de control”, remarcó.

La carta difundida

“Los abajo firmantes, colorados y batllistas, identificados con los valores republicanos y liberales de Rivera, Suárez, Brum y los cuatro presidentes Batlle, manifestamos nuestra honda preocupación por sucesivos hechos de la vida pública que entendemos significan un retroceso institucional de nuestra República. Los actos delictivos llevados a cabo por el jefe de custodia presidencial parecen ir ampliándose a situaciones alarmantes de creciente gravedad, debido al daño institucional que ocasionan, por lo que entendemos que su investigación debe llevarse a cabo sin ninguna limitación ni injerencia política de ninguna clase. Los errores cometidos en la contratación del ex jefe de custodia conllevan responsabilidades que no pueden reducirse mediante el argumento de resguardar temas personales. En principio, las conversaciones del Presidente con su jefe de custodios deben referir a cuestiones del trabajo (esa debería ser la regla). Por tanto, la Fiscalía debe conocerlas, analizarlas y calificarlas, y, luego de eso, resolver cuáles de ellas deberán mantenerse en reserva, por ser ajenas a los hechos que se investigan. La exclusión de responsabilidad presidencial derivada de la investidura tiene el alcance y las limitaciones que establece nuestra Constitución y no puede interpretarse fuera de ellos, sin perjuicio de respetar en toda su extensión la presunción de inocencia. La preocupación por la presunta utilización de herramientas del Estado para violar los derechos de no se sabe cuántos ciudadanos, en tanto resulta violatoria de la Constitución y las leyes, no puede ser desestimada calificándola como “manija”. Y resulta inaceptable que permanezcan en sus puestos los jerarcas policiales que habrían habilitado el acceso a esas herramientas en forma absolutamente ilegal: sin autorización judicial, sin que existiera ninguna investigación oficial y a personas ajenas al ámbito estatal. La actual y – coyuntural – lógica binaria, de bloques, no puede cercenar nuestra vocación republicana, que implica el apego irrestricto a la verdad y la justicia. Iluminados por nuestra historia e identidad partidaria debemos bregar por el esclarecimiento de los hechos, la asunción real de responsabilidades de todos, sin exclusiones, y el respeto absoluto a nuestras instituciones y nuestras mejores tradiciones republicanas.

Firmas: Margarita Machado Mariella, Demarco Baltasar Brum, Leopoldo Trivel Yeanneth Puñales, Horacio Pla, Eda Machado, Aníbal Gloodtdofsky, Juan Carlos Nassif, Ramiro Tafernaberry, Alejandra Caino, Jose Pablo Franzini Batlle, Martín Pérez Banchero, Guillermo Quintela, Ma. Florencia Soca, Juan Ignacio Rivero, Santiago Bianchi, Toáas Vassallucci, Lorena Massanet y Leandro Guarteche

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