Discrepando con Sergio Sommaruga. La portabilidad numérica es la libertad para el usuario

Escribe Freddy Planchón,  Dolores. La Ley de Urgente Consideración 19889 establece y desarrolla entre los artículos 471 y 475 el derecho de “portabilidad numérica”, los que serán sometidos a Referéndum el venidero 27 de marzo.

Días atrás en un artículo publicado en EL ECO, en opinión del profesor de Filosofía, Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT: “ANTEL y el gobierno están generando las condiciones jurídicas, técnicas y de inversión para compartir su negocio con dos transnacionales de escala global, que operan como sus competidoras locales en el 85% de los segmentos más rentables del negocio de las telecomunicaciones”.

Sin embargo, la realidad es otra, la posibilidad de ejercer el nuevo derecho ha provocado que el principal favorecido sea ANTEL y no sus competidoras. ¿Por qué pasa eso? Sencillo, las dos compañías privadas -por su condición de tales- han tenido –y tienen con ley o sin ley- más agilidad a la hora de establecer promociones y negocios, especialmente dirigidos a empresas, y vienen compitiendo fuertemente con la estatal en ese segmento. Pero una vez concluida la promoción, y gracias a la LUC, individualmente el usuario de una de esas líneas adquiridas en paquetes se libera del encierro y hace lo que más le conviene: en este caso pasarse a ANTEL.

Por tanto la realidad no coincide con lo que dice Sommaruga quién afirma que el “poder ejecutivo encabezado por el herrerismo está sirviendo en bandeja el negocio de las telecomunicaciones a las dos empresas globales que rivalizan con Antel”. Es más, a partir de este tema temerariamente apunta “esta orientación política desconoce el bien común, aunque no desconoce los estragos que suscitan las lógicas del mercado en los atrasos estructurales de la sociedad uruguaya”. No me voy a poner a defender al Poder Ejecutivo, pues y al fin y al cabo la norma fue aprobada por la representación popular en el Parlamento, es más si se quiere que defienda solo. Tampoco voy a discutir sobre los supuestos estragos que a sabiendas –según él- el gobierno permite, y los atrasos estructurales (como el de la Educación por ejemplo) del Estado no obstante, permítanme señalar que la visión de Sommaruga subestima la inteligencia de los uruguayos, quienes obviamente son capaces de determinar lo que más le conviene.

El dirigente gremial de paso hace referencia al negocio de los frigoríficos indicando que “como es de público conocimiento todas las plantas frigoríficas que funcionan en Uruguay son privadas; muchas de ellas controladas por capitales trasnacionales” los que “succionan esas utilidades hacia cuentas en el exterior, dejando aquí, en términos de riqueza, poco más que la despojada osamenta”. Efectivamente los frigoríficos son privados, y la mayor parte se trasnacionalizaron durante los quince años del gobierno del FA. No voy a entrar en el juego de decir no vi a nivel parlamentario ninguna iniciativa del Ejecutivo de entonces para nacionalizarlos, ni a recordarle que también se promovieron –durante el gobierno de su simpatía- más pasteras extranjeras que también “succionarán” la renta, lo que si le pregunto a Sommaruga es ¿qué alternativa propone para el mercado de la carne?

Sommaruga vincula previamente la telefonía con las vacas, y remata “la fuga en masa de esa riqueza nacional, detentada en manos privadas, es sin duda uno de los problemas estratégicos que explica incapacidad del Estado de salir de sus lógicas deficitarias, superar el subdesarrollo histórico y erradicar las desigualdades sociales más torpes y dolientes”.

Las ideas de Sommaruga no se compadecen con la realidad, y no solo en los teléfonos. En principio el Estado no tiene en un todo una lógica deficitaria (véase ANTEL, UTE, BSE, OSE); y si globalmente lo tiene, ¿porqué habría que suponer que matar vacas o que todos los teléfonos estén en manos del Estado? El dirigente de obvia orientación socialista, entiende que el problema está en la propiedad de las cosas, en cambio los batllistas entendemos que sin importar quién es el dueño, lo que interesa es que todos tengan igualdad de oportunidades, y que en la República lo que resulta realmente relevante es que el poder sea distribuido y diluido permanentemente entre los más. Fue por esta lógica republicana que en el gobierno del Dr. Jorge Batlle se aprobó la Ley 17.243 para la defensa de la competencia con el fin de evitar trustificaciones y distorsiones en la economía.

Evidentemente, como partimos de premisas diferentes, él de la socialista y yo de la batllista (Batlle y Ordoñez era antisocialista) probablemente no nos vamos a poner de acuerdo.

El que define es el lector, el usuario, el ciudadano; el pueblo define si quiere que la gente el usuario de un teléfono tenga la opción de mantener su número, personalmente no voto derogar derechos.