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POLÍTICA

El desmantelamiento del Estado: el lacallismo vs el batllismo

Hay que desmantelar el Estado batllista que se formó en los primeros años del 1900, así parece ser la frase que resume la ola privatizadora que llega a Antel, el Banco República, Ancap, las ondas del Estado, el Instituto Nacional de Colonización y el Banco República.
Por Gabriel Monteagudo

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Ala actual política económica del gobierno la están descubriendo muchos de sus votantes. El gobierno electo no sólo no dijo la verdad con aquello de que se iban a terminar los impuestos, que no iba a subir la nafta, que no iba a subir la luz y el agua, ahora se comienzan a enterar, cuando las luces de la pandemia se van apagando y dejan ver otras cosas, que detrás del gobierno electo hay una ideología, y además que esa ideología, es para una clase específicamente definida. Y que nosotros, los simples mortales, los uruguayos trabajadores, no estamos incluidos en esa clase para la que gobierna el gobierno que elegimos.
Este gobierno termina radicalmente con la ideología batllista de antaño y predominante en el país, y con la concepción que el ciudadano uruguayo ha ido creando del Estado, a lo largo de su vida.
Lacalle Pou planea acabar con eso

 

Ideología 1

Para el batllismo, el Estado debía ser fuerte para el desarrollo de un país y de la sociedad. Los monopolios estatales son vitales para ello, a la vez que se crea un amplio cuerpo de leyes sociales para que las clases más bajas accedieran a igualdad de oportunidades, “que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos”, señalaba José Batlle y Ordoñez.

 

Ideología 2

La filosofía del actual gobierno es otra, y viene señalada por lo más profundo de la ideología herrerista: un estado muy chico, en donde la iniciativa particular y las fuerzas del mercado encaucen la economía y en donde la libertad responsable haga que cada uno vaya hasta donde pueda. A caballo de la “libertad responsable” hay una exacerbación del individualismo, del sálvese quien pueda, que permea a todo el gobierno nacional.
El modelo económico que persigue el gobierno de Luis Lacalle es el de “restablecer la rentabilidad” de las empresas, reducir el gasto público, contener la suba salarial y la inflación para atraer inversión. Eso desnuda una determinada filosofía, un neoliberalismo acérrimo donde se salva el que puede y para eso hay que desmantelar la raíz misma de la concepción batllista de la sociedad.
Que los empresarios anuncian que se va a contratar gente por debajo de los laudos históricos, es, sin dudas una señal de la filosofía de este gobierno.
Pero veamos por donde viene el uso de la ideología para desmantelar aquel Estado de Bienestar que impulsó José Battle y Ordoñez allá por el 1904.

 

Antel

El mundo es digital. Eso lo vio hace ya unos diez años el directorio de Antel encabezado por Carolina Cosse y por eso decidieron enterrar una red de fibra óptica por todo el país, para que internet no sólo estuviera en Montevideo. Ese cable enterrado, en el cual el país gastó 500 millones de dólares, permitió que un ciudadano de Carmelo trabaje a la misma velocidad en internet, que uno de Montevideo. La fibra óptica de Antel eliminó los 250 kilómetros que los carmelitanos tenemos de distancia con la capital del país. Ese cable eliminó la distancia de la capital con todos los pueblos del interior.
Ahora, el gobierno de Lacalle Pou le regaló a Movistar y Claro una parte de ese cable para que ellos compitan con Antel, quitándole clientes y recursos que son para salud, educación, etc., usando el cable que pagamos todos los uruguayos.
El director de Antel fue director de Claro y la presidenta del organismo que habilita esta concesión vergonzosa, trabajó para Telefónica.
La última medida tomada por la Ursec que dirige la ex empleada de Telefónica, beneficia a su ex empresa.
La Unidad Reguladora de Servicios de las Comunicaciones (Ursec) resolvió bajar el precio que les cobra a las telefónicas Claro y Movistar por la utilización de las redes que pertenecen a Antel, tras establecer un precio definitivo hasta 2023.
El valor de terminación es la tarifa que pagan las empresas de telecomunicaciones por el uso de las redes que no le pertenecen, es decir, que son propiedad de las otras compañías del mercado.
De $1,70 que le pagaban a Antel por minuto, ahora pasarán a pagar $0,88. Con esto Antel pierde 6.4 millones de dólares.
La realidad muestra que están rodeando a Antel para vaciarla, según ha dicho a la prensa el presidente de Sutel, Gabriel Molina. Antel ahora pierde millones de dólares que antes iban para una escuela y que ahora van para el bolsillo del dueño de Movistar y del dueño de Claro.

 

Ancap

El gremio de trabajadores de los combustibles estatales “asegura que este gobierno quiere desmantelar a Ancap”.
El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, aseguran, que “es la expresión económica, financiera y política de un proyecto desestatizador, concentrador de la riqueza y el poder, excluyente, clasista y de clara ideología neoliberal”. Señalan que el artículo 305 de dicho proyecto de ley le quita a ANCAP la potestad de proponer al Poder Ejecutivo las tarifas integrales de los combustibles incluyendo todos los componentes de la estructura de costos (hecho que se configura en el artículo 235 de la LUC recortando dicha potestad, y que el proyecto de Ley de Presupuesto ni siquiera reconoce).
Agregan que el artículo 307 del proyecto de Ley de Presupuesto representa una burda herramienta de entrega del patrimonio nacional y desconocimiento del pronunciamiento popular en los referéndums de 1992 y 2003. Que dicho artículo podría utilizarse para la entrega de la industria cementera, la distribución de combustibles, plantas y servicios logísticos, el proyecto agroindustrial de ALUR, e incluso, enajenar la infraestructura logística para una futura desmonopolización de los combustibles.
Menos dinero para hospitales, educación, seguridad y más dinero para grandes capitales privados.

 

El Banco República

El pasado 3 de julio, el gremio de trabajadores bancarios fue claro en señalar el terrible perjuicio que se le producirá al Banco República si se permite que los organismos públicos puedan llevar su dinero a los bancos privados (y extranjeros).
En este sentido, Aebu señaló que la Ley 15.903 estipula que el dinero del sector público “deberá depositarse en bancos del Estado”. La nueva redacción propuesta por el artículo 281 permite que los organismos estatales puedan depositar también en bancos privados, sin la necesaria autorización que el Poder Ejecutivo da actualmente de forma excepcional.
Aseguran que derivar dichos recursos hacia los bancos privados implica disminuir las ganancias de la banca oficial, además de erosionar la capacidad de realizar políticas crediticias con objetivos de desarrollo, que en el mercado local solo pueden llevar adelante estas instituciones. A causa de ese cambio se reducirían los recursos de los únicos bancos cuyo interés económico no es únicamente la rentabilidad, y que actúan en muchos casos como instrumento de las políticas públicas.
Actualmente los depósitos del sector estatal totalizan U$S 1.623 millones, lo que significa el 9,7 % de los depósitos totales de todo el sector no financiero del país. De ellos, actualmente el 96 % se encuentra en los bancos propiedad del Estado, que se distribuyen en U$S 1.558 millones en la banca oficial y U$S 65 millones en los bancos privados. Tanto su monto total como su participación en el sistema financiero ha crecido sostenidamente en los últimos 20 años y posibilitado que la banca pública desarrolle políticas de crédito orientadas hacia todos los segmentos del mercado.
Mucho menos dinero para la sociedad, más dinero para la banca privada que es toda extranjera.

 

Instituto de Colonización Andrés Berterreche

El Presidente de la República Luis Lacalle dijo que el Instituto de Colonización no compraría más tierras. No es esa su política y con el argumento que utilizará ese dinero para eliminar los asentamientos, se dejará sin recursos al Instituto de Colonización, por lo cual ya no habrá 12 mil nuevos colonos cada año.
Parece una decisión de poner a los pobres del campo contra los pobres de la ciudad, pero lo cierto es que, fundado en 1948 a partir de una iniciativa de Luis Batlle Berres, el Instituto de Colonización es una herramienta efectiva creada por el batllismo, en este caso de aquel batllismo de posguerra, que también será eliminado.
No es la primera vez que esto ocurre. Cuando asumió el Frente Amplio el Instituto Nacional de Colonización no compraba tierras y tenía una deuda de un millón de dólares en sueldos a sus empleados.
Después de 15 años, se entregó con menos funcionarios, una cartera de tierras de 135.000 hectáreas y un superávit de tres millones de dólares por buena gestión. Uruguay tiene 6 millones de hectáreas de tierras productivas.
¿Qué hizo el gobierno? Andrés Berterreche, director del Instituto por el Frente Amplio dijo en el programa Legítima Defensa que “cada año se presentan 1.000 aspirantes a acceder a la tierra y es bueno tener esta herramienta para quienes no pueden acceder a la tierra por la vía del mercado”.
En la Ley de Urgente Consideración (LUC) se le sacan 50.000 hectáreas que venían del BHU, “se hace una medida lesiva donde establece que los colonos no tienen obligación de residir en el predio. Luego nos quitan de uno de los fondos alrededor de 1.000 millones de pesos, y también del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que financiaba 17 millones de dólares para la compra de tierra. Esa ley del ICIR es de la que se va a tomar el resto de dinero, se votó en el gobierno de Mujica solo con los votos del FA”, contó Berterreche.
Esto termina con el Instituto, puntualizó, “porque solo le queda la plata para la administración. El argumento es poner a los pobres del campo contra los pobres de la ciudad. Hay un montón de esta gente que si no obtiene tierras no va a tener otra que ir a vivir a los asentamientos. Esto es una medida clara en contra del Instituto, no es la primera vez que pasa esto y muchas veces se tuvo que pelear mucho para que el Instituto pudiera proyectarse. El tema de los asentamientos es una excusa”, señaló.
Y finalmente Berterreche recordó que “quedan 12 mil hectáreas en proceso de adjudicación y son las últimas porque ya el Instituto no va a poder seguir comprando tierras”.

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