El senador Sartori siempre está tomando a la gente por tonta

Por Leandro Seciliano, Crónicas del Este. En una sociedad democrática, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública son principios fundamentales que garantizan la confianza de los ciudadanos en sus líderes electos y en las instituciones. En Uruguay, como en cualquier otro país, esto debería ser inquebrantable, especialmente cuando se trata de altos funcionarios del gobierno, como los senadores de la República. Sin embargo, recientemente se ha desatado una polémica en torno al senador Juan Sartori, quien ha estado en el ojo público debido a su reticencia a presentar la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ha solicitado en repetidas ocasiones que el senador Sartori presente la declaración de bienes de su esposa, como es requerido por la ley. Este es un procedimiento rutinario y esencial para garantizar que los funcionarios públicos no estén involucrados en conflictos de intereses o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la respuesta del senador ha sido evasiva y poco cooperativa.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) recientemente respaldó la solicitud de la Jutep, declarando que es constitucional exigir la declaración jurada de bienes de la cónyuge de un funcionario público. A pesar de esta decisión, el senador nacionalista Sartori sigue negándose a cumplir con esta obligación legal, alegando que su esposa y él tienen separación de bienes y, por lo tanto, no ve la necesidad de que ella presente una declaración de bienes. Esta posición, además de ser cuestionable desde el punto de vista legal, plantea preguntas importantes sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.

El argumento de Sartori de que su esposa y él tienen separación de bienes no justifica su negativa a presentar la declaración jurada de bienes de su cónyuge. En una democracia madura, los ciudadanos esperan que sus líderes sean ejemplares en términos de transparencia y ética. Si un senador está dispuesto a evadir una obligación legal tan básica, ¿qué mensaje envía a la sociedad? ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en que sus representantes están actuando en su interés y no en beneficio propio?

La presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, ha señalado que quienes defienden la constitucionalidad de esta solicitud entienden que no hay sanción para Sartori por no presentar la declaración de su cónyuge. Por otro lado, quienes argumentan que es inconstitucional sostienen que la declaración jurada, según el artículo 12, abarca tanto al funcionario como a su cónyuge como una unidad. En este sentido, el artículo es claro en que la declaración jurada es una unidad que abarca tanto al obligado como a su cónyuge.

La posición de Sartori y su negativa a cumplir con esta solicitud legal arrojan serias dudas sobre su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública. En lugar de liderar con el ejemplo y demostrar su compromiso con los principios fundamentales de una democracia saludable, el senador opta por eludir sus responsabilidades legales.

Es relevante destacar que la Ley 17.060, que obliga a los funcionarios públicos a presentar la declaración jurada de bienes, establece consecuencias claras en caso de omisión. En caso de que Sartori se niegue a presentar la declaración jurada de su cónyuge, la Jutep puede retener el 50% de su salario y también puede inhabilitarlo para presentarse a cargos públicos electivos en el siguiente período. Estas medidas están diseñadas para garantizar que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones legales y promuevan la integridad en la gestión pública.

La posición de Sartori también ha generado reacciones entre sus colegas políticos. Desde el Frente Amplio, se ha expresado que el senador está siendo omiso y que debe cumplir con las reglas vigentes. La senadora Amanda Della Ventura señaló que en Uruguay rigen ciertas reglas que deben ser cumplidas por aquellos que ocupan cargos públicos, y Sartori no debería ser una excepción.

Sin embargo, no todos comparten esta opinión. El senador nacionalista Sergio Botana ha salido en defensa de Sartori, argumentando que nadie puede obligar a otra persona a exponer sus bienes y que el problema radica en la dificultad de demostrar la separación de bienes en este caso específico.

La cuestión central aquí no es si Sartori tiene o no la obligación legal de presentar la declaración jurada de bienes de su esposa, sino si los funcionarios públicos deben ser ejemplares en términos de transparencia y ética. La negativa de Sartori a cumplir con esta solicitud básica socava la confianza de los ciudadanos en sus líderes y plantea preguntas sobre su idoneidad para ocupar un cargo público de tal responsabilidad.

Uruguay tiene que estar comprometido con la transparencia y la lucha contra el enriquecimiento ilícito. La sociedad uruguaya espera que sus representantes electos respalden estos principios y cumplan con sus obligaciones legales. La negativa de Sartori a hacerlo pone en tela de juicio su compromiso con estos valores fundamentales y sus credenciales como líder político.

En última instancia, la Jutep deberá tomar medidas adicionales para garantizar que se cumpla con la ley y que los funcionarios públicos no evadan sus obligaciones. La rendición de cuentas y la transparencia son esenciales para la salud de la democracia uruguaya, y es responsabilidad de todos los ciudadanos, incluyendo a los líderes políticos, defender estos principios.

Finalizo mi artículo señalando que Sartori mintió como siempre, como cuándo habló de los 100.000 puestos de trabajo, del mismo modo que mintió con la tarjeta Medicfarme, como cuándo dijo que iba a ser un legislador responsable y resulta que va al parlamento cuándo se le antoja.