¿Existe el campo?

Veamos: hay un campo de los peones de estancia, de los peludos cortadores de caña, de los peones de tambo.
Hay otro, que muchas veces se superpone con el anterior, de los pequeños productores hortícolas, ganaderos o tamberos.
Están los estancieros que producen en cientos o miles de hectáreas, pero también están los que arriendan sus campos y se limitan a cobrar la renta.
No faltan, por cierto, los consignatarios, corredores inmobiliarios y sus combinaciones con los últimos.
Están UPM, Montes del Plata, Syngenta, Monsanto, Cargill, las grandes empresas representantes de maquinaria agrícola.
¿Qué decir de los contratistas del arroz o, más en general, la agricultura?
Y están, para terminar esta breve enumeración, unas 5 mil familias de colonos asentadas en 600.000 hectáreas de tierra.

Todos ellos integran “el campo”

¿Cuáles son sus intereses comunes?
¿Cuál de alguna de las medidas propuestas por este movimiento que surge de repente y recorre el país beneficiaría a todos?
¿En qué beneficiaría la rebaja del gasoil a los peones de estancia? ¿o a los contratistas? Al fin y al cabo estos trasladan el precio a sus contratantes.
¿De dónde saldría el dinero para financiar esta rebaja?
¿Alguno propuso reducir o eliminar los beneficios que el MIDES otorga a algunas decenas de miles de compatriotas.
¿A cuánto ascienden esos beneficios?
Para una familia con 4 o más hijos, que reúna las condiciones de ingresos misérrimos, carencias básicas en vivienda y demás condiciones de vida, el dispendio puede llegar a los 5.000 pesos mensuales. Son una minoría de los aproximadamente 60.000 beneficiarios del MIDES. La tarjeta social.

Todo un escándalo

Se puede calcular que todo ese gasto, incluyendo los funcionarios, técnicos y demás empleados de la institución cuestan 100 millones de dólares.
Se ha estimado, por otro lado, que el “gasto tributario”, o sea, la plata que el Estado deja de percibir por las exenciones fiscales al capital cuesta 2.500 millones de dólares al año.
Y buena parte de este gasto va “AL CAMPO”.
Muchas (o todas) esas novísimas plantas de silos que se ven al recorrer el país no han pagado un centésimo de impuestos.
Tampoco lo ha hecho alguna sonada venta de gran cadena de supermercados.
Ni qué decir de los parques eólicos privados. Hemos calculado que UTE pierde (o sea, los privados ganan) 120 millones de dólares al año. Porque esos parques perfectamente los hubiera podido contratar UTE directamente.

Y así sigue….

UPM y Montes del Plata ganan no menos de 200 millones de dólares cada una, totalmente libres de impuestos. Sin contar la energía que UTE se ha comprometido a comprarles por 20 años. Ni el fuel oil que ANCAP les vende a un precio menor a su costo. Y que es mucho menor al que paga la industria nacional.
Ahora los proyectos constructivos de más de 15 millones de dólares estarán exentos de impuestos, aunque se lleven a cabo en los lugares más costosos de la costa de Montevideo o Punta del Este.
¿Cuánto nos cuestan a los productores agropecuarios las comisiones de los intrermediarios?
¿Cuánto pagan los productores de renta al año?
Ahora por lo menos los rentistas pagan IRPF. Igual es demasiado poco.
Sí, es verdad, entre los censos de 2000 y 2011 unos  12.000 productores desaparecieron. Vendieron su tierra (y devolvieron las que arrendaban) y se fueron a la ciudad. Unos cuantos de ellos son ahora suficientemente pobres para ser “beneficiarios” del MIDES.
Pero, ojo, alguien compró esas tierras.
Habría que hacer otro censo, cuyos resultados serían seguramente impactantes.
En esta movilización parece que están todos representados. Y es curioso, porque al menos para mí es imposible encontrar un terreno común de reivindicaciones.
Por momentos, aunque tal vez no se diga por lo claro, se insinúa que un problema para la tan mentada “rentabilidad” son los elevados sueldos y prestaciones de los asalariados. Si uno mira los laudos del ministerio de trabajo parece un chiste.
Sí, es cierto, las explotaciones que carecen de escala no son rentables. Y, si no se cambia la política, van a desaparecer.
No se arregla rebajando el gasoil. Incluso si se subsidiara éste, además de importarlo en vez de refinarlo en ANCAP tampoco se arregla. Ni rebajando la energía eléctrica.  Aunque estas medidas ayudarían a sectores intensivos en energía. Pero pregunten a un arrocero (o tambero) arrendatario cuanto paga de renta.
Y habría que explicar de dónde salen los recursos para hacerlo.
¿Levantamos las exenciones fiscales a las pasteras (con todo el componente rupturista de la legislación internacional que ello supone)?
¿Aumentamos los impuestos a las grandes extensiones de campo, en particular a las grandes rentas agropecuarias?
¿Reducimos, o eliminamos, las prestaciones sociales?
¿Gravamos por fin las grandes jubilaciones de militares (y ya que estamos) de políticos?
Podríamos rebajar en términos reales las jubilaciones.
Y de paso liquidar las pocas conquistas laborales de los asalariados rurales. Y despenalizar los castigos corporales.
“EL CAMPO”, al igual que el resto de la sociedad, está dividido en clases sociales. Y, salvo que se mienta descaradamente, la cruda realidad es que no hay un paquete de medidas que pueda cubrirnos a todos.

*Dr. William Yohai, sociólogo, investigador