El FA se prepara hacia el cuarto gobierno

Así surge de un documento al que accedió el diario El País -según sus propios dichos- y que difundió en la mañana de este jueves 7 de junio. Entre las medidas más destacadas, la interna frenteamplista señala que debe actualizar la reglamentación de la ley de promoción de inversiones para priorizar sectores de actividad que generen mayor valor agregado, crear nuevas empresas públicas o públicas de derecho privado en sectores “en auge”, y establecer una política de compras públicas que beneficie a los proveedores nacionales, son algunas de las políticas que se quieren incluir dentro del próximo programa de gobierno del Frente Amplio. Estas medidas son parte de un documento borrador de la unidad temática de trabajo, empleo y relaciones laborales de la coalición. El texto es la base que será debatida en la Comisión de Programa y luego deberá pasar el filtro de un Congreso a celebrarse en diciembre.

 

Las nuevas tecnologías

Se parte de un análisis general sobre los cambios que traen las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Se indica que si bien generan “posibilidades” también implican nuevas desigualdades que deben ser atendidas. En el marco de los objetivos generales se establece la búsqueda constante de “justicia social” y la reafirmación de “que el trabajo no debe ser considerado como una mera mercancía”.

 

Primeros pasos

Como medidas concretas se proponen la creación de nuevas empresas públicas (o públicas de derecho privado) en sectores de actividad en auge “generando nuevas formas de trabajo para el desarrollo”. También se plantean más políticas de articulación de las cadenas productivas nacionales y regionales con el objetivo de “fortalecer la matriz productiva”.

 

Inversiones

En cuando a los ajustes a la ley de inversiones, se señala la necesidad de priorizar sectores de actividades que generen mayor valor agregado y tengan un “gran impacto” sobre el empleo de forma directa o indirecta, en especial el de calidad. Para apoyar estos emprendimientos se propone analizar la asistencia del Estado, sea de tipo financiera o de otra naturaleza