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Jamás renunciaremos, es una causa histórica

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Los restos de Eduardo Bleier fueron ubicados el 27 de agosto en el barranco lindero al ex Batallón de Infantería 13 el

El general retirado Guido Manini Ríos es el primer comandante en jefe del Ejército de las últimas décadas descubierto colaborando activamente con criminales del terrorismo estatal. No cumplió con su obligación de informar a la justicia acerca de las declaraciones de José Nino Gavazzo en el tribunal militar que juzgaba su conducta. Tuvo una oportunidad de colaborar con la justicia y ocultó la información.  Un caso similar fue, salvando las distancias, lo realizado por el general Hugo Medina, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, en 1986,  que ocultó las citaciones a la justicia que llegaban a su despacho para que fuera a declarar el mismo Gavazzo y otros secuaces.
Con su visión coincidente con la de los círculos más reaccionarios, el general retirado Guido Manini  ha cuestionado públicamente, incluso, a quiénes reclaman que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos.

Una práctica represiva bestial

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.
Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor  Castagneto Da Rosa y Abel Ayala) fueron desaparecidos por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, en el marco de la vigencia permanente de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) para reprimir al movimiento sindical y estudiantil.
Roberto  Gomensoro Josman fue asesinado y desaparecido en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry. El resto, desapareció luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973, en operativos represivos que incluso se llevaron adelante fuera del país, en el marco de la denominada Operación Cóndor.
Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto,  por diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1989 a 2011) entre otras, aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba.
La Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

La investigación criminalística es decisiva

Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, herramientas imprescindibles para avanzar, ha sido un logro del  último año parlamentario.
Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo ya habían emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

INDDHH: el Estado debe continuar la búsqueda

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un derecho de los familiares y es una necesidad estatal. Es un camino imprescindible de afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales, el Estado de Derecho y afirmar la institucionalidad democrática. Comprometerse con la búsqueda de los detenidos desaparecidos es una señal de un Estado ético. Aunque hayan ocurrido hace más de cuatro décadas.
La INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años para afirmar una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la temática en general. Si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha recibido por parte del Parlamento  nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática. Fue una iniciativa valiosa y muy trascendente.
Tendrá todo el apoyo del colectivo de ex presas y de ex presos políticos como lo ha tenido históricamente el poder judicial y en los últimos años, el Fiscal Especializado en crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe.

Crysol – Asociación de expresos y expresas políticos de Uruguay

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