La fiscal Alicia Ghione cita a declarar al mediático Ignacio Àlvarez por intento de “extorsión”

Por Sergio Secinaro, Crónicas del Este. El caso de Gustavo Penadés ha sacudido los cimientos de Uruguay, generando un torbellino de atención pública que abarca desde los círculos políticos hasta la sociedad en general. La situación es tan inusual como alarmante: un senador de la República se encuentra formalizado y bajo arresto, enfrentando un juicio por 22 delitos, incluyendo 11 cargos por retribución a la explotación sexual de menores de edad. Este caso ha tenido un impacto incuestionable en la esfera política nacional e internacional y ha llevado a preguntas acerca de cuán profundamente afecta al Partido Nacional, al que Penadés pertenecía.

Aunque se ha intentado desvincular este caso de consideraciones políticas, resulta imposible ignorar la mancha que esto arroja sobre la imagen del partido al que Penadés representaba. Sin embargo, este caso va más allá de las fronteras partidarias y afecta a múltiples esferas de la sociedad uruguaya.

Uno de los personajes centrales en esta trama es la militante nacionalista Romina Celeste Papasso. Fue gracias a su denuncia inicial en los medios que el caso comenzó a tomar forma. A medida que avanzaba la investigación, se descubrían más víctimas, menores y ex menores, que alegaban haber sido abusados por Penadés, a menudo con la participación del Profesor Mauvezin.

Sin embargo, lo que hace que este caso sea aún más enigmático es la repentina transformación del famoso periodista Ignacio Álvarez. Inicialmente, Álvarez manifestó su apoyo a Romina Celeste, respaldando su historia desde el primer momento. Sin embargo, en una sorprendente reversión, acusó a Romina Papasso de cometer dos delitos, alegando que había falsificado y publicado un chat comprometedor.

La respuesta de Romina no se hizo esperar, ya que acudió a la justicia denunciando al periodista por presunta violencia psicológica.

Detrás de esta trama aparentemente interminable, se esconden intereses personales y políticos de gran magnitud. Incluso la defensa del Profesor Mauvezin había presentado previamente una denuncia contra Romina Celeste por falsificar un chat. En respuesta, la militante nacionalista desmintió públicamente estas acusaciones, cuestionando incluso la actuación de la fiscal Alicia Ghione.

En este complicado escenario, surgen versiones de que existe una estrategia para socavar la posición ética y hasta legal de la fiscal del caso, Alicia Ghione. Esta corriente argumenta que las denuncias y testimonios podrían haber sido “fabricados” por parte de la fiscal con el fin de armar un caso contundente y el aliciente habría sido obtener compensaciones económicas de parte de Penadés y Mauvezin, quienes, por ley, deben indemnizar a las víctimas en cantidades sustanciales.

Podemos decir que hay “actores” que, como se dice popularmente, que le “está haciendo la cabeza” a Romina Celeste, incluso para que en determinado momento se diera vuelta y dijera que todo era falso. Ahora esa misma gente, algunos de ellos allegados al Partido Nacional, quieren la cabeza de Alicia Ghione, por eso proliferan versiones de que la propia fiscal le habría pedido que rompiera su celular por intermedio de un abogado. Nosotros tenemos la versión de que ese “misterioso abogado”, habría sido sugerido a Romina por el Consultorio de la Facultad de Derecho. Ya el periodista Ignacio Álvarez prometió arremeter y “destapar” más datos al respecto. También se cuestiona la colaboración con la Fiscalía de Jonathan Mastropierro, al que consideran una persona no creíble (por su gran cantidad de antecedentes por estafa y falsificaciones) y lo consideran capaz de armar una trama falsa y quizás por ello Tarocco, lo tenía en su flujograma en la cabeza de la cúspide. Todo es raro y oscuro…

Pero lo que es claro, es que todo parece apuntar a una estrategia de voltear a la fiscal Alicia Ghione y seguramente, si algo así acontece, todo el caso Penadés podría caerse como un castillo de naipes.

Es importante recordar que este periplo legal recién comienza, ya que desde la formalización, se cuenta con un año para llevar a cabo la investigación, con la posibilidad de extender este plazo a dos años en circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Penadés ya ha dicho que no hará ningún acuerdo e irá juicio.

Sin dudas el caso Penadés, se ha convertido en una verdadera saga y va dejado una serie de incógnitas sin respuesta que llevan a una compleja red de intrigas, acusaciones y contraacusaciones. A medida que avanza el tiempo, Uruguay sigue observando atentamente este caso, esperando respuestas y justicia, en busca de la verdad en un caso que ha trascendido a la historia de la nación.