Los datos que revelan la situación del Sistema Carcelario uruguayo

Como es de general conocimiento, el Sistema Carcelario en Uruguay es muy precario y presenta muchos déficit en diferentes áreas; éste deja mucho que desear en términos de su funcionamiento y regulación. La realidad de las cárceles es hoy en día una problemática social destacada en nuestro país que perjudica y amenaza día a día a la seguridad y salud pública.

Pero con el fin de intentar mejorar las cárceles una delegación del gobierno  viajará a Texas (EE.UU.) para ver de cerca su sistema carcelario, que se implementó en 2007 y que ha dejado resultados tanto positivos como negativos, e incluso ha sido señalado por violar derechos humanos. Irán representantes Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, la oficina del comisionado parlamentario y dos legisladores miembros de la comisión especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria.

Volvamos a Uruguay que es el tema de esta nota. De acuerdo con los datos del Instituto sobre el Crimen y Delito de la Universidad de Londres, Uruguay tiene 388 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. A su vez, el hacinamiento es de una densidad promedio de 134%, es decir, por cada 100 plazas hay 134 personas. No obstante, hay establecimientos como Artigas que superan este porcentaje (226 personas cada 100 plazas), Salto (323 personas cada 100 plazas) y Maldonado (163 personas cada 100 plazas).

Según el informe de 2021 de Juan Miguel Petit, Uruguay ocupa el puesto número 12 a nivel mundial en cuanto a personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes.

Mucho se ha discutido del tema por diferentes referentes del medio e instituciones especializadas. Se cree que el problema radica en el enfoque que dan los establecimientos penitenciarios, estos priorizan la sanción y castigo en lugar de hacer hincapié e invertir en la educación y recursos para la rehabilitación de los privados de libertad. Actualmente el sistema cuenta con un déficit de recursos, así como una ejecución deficiente de acciones estructurales y de gestión.

Cuando hablamos de las personas que ingresan a este sistema, se trata mayoritariamente de personas con problemas a nivel social o de salud mental. Algunos de los casos más comunes son quienes provienen de contextos desfavorables, los cuales los conducen a diferentes circunstancias como el abuso de sustancias psicoactivas, relacionamiento con personas vinculadas a la actividad delictiva, un núcleo familiar asociado a ésta, institucionalización desde la niñez o adolescencia, patologías crónicas tanto a nivel físico como psíquico, entre otras. Por ende, no debe verse a estas personas como delincuentes, sino como personas que necesitan un proceso de rehabilitación adecuado y acorde a sus necesidades.

En palabras de Petit, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y con una amplia trayectoria en lo que respecta a la lucha de esta problemática social, el sistema carcelario “sigue siendo un sistema de gigantes proporciones, de débil intervención técnica, baja capacidad de rehabilitación, carencias materiales y de recursos, sin cuya reforma seguirá siendo un problema serio de seguridad pública (alta reincidencia) y de salud pública (transmisión social de la violencia, la exclusión, rupturas socio familiares y trastornos de salud mental)”

Por otro lado, según la evaluación de la Oficina del Comisionado Parlamentario, en el 33% de los establecimientos se evidencia trato cruel e inhumano, así como condiciones infrahumanas. En el 56% se reportaron falta de condiciones y rehabilitación para la integración social y solo en el 11% se encontraron buenas condiciones y oportunidades de integración social.

Se destaca en sus informes la falta de respuesta de parte del sistema carcelario para tratar con los problemas de adicciones y salud mental en la población privada de libertad. Por consiguiente, Petit recomendó que ASSE se conecte y trabaje con este. “Es vital que ASSE asuma plenamente su mandato institucional, como prestador público de salud en todo el sistema penitenciario y pasando a cubrir los servicios de todo el sistema penitenciario y profundizando sus servicios, disponiendo que los recursos otorgados en la Ley de Presupuesto para salud mental y tratamiento de adicciones también sean desplegados en el sistema penitenciario, tanto en las prisiones como en el sistema de medidas alternativas”, dijo Miguel Petit al respecto.

Petit menciona a su vez que ya existen normas legales en el país para que personas con adicciones severas o trastornos en su salud mental que los conducen a cometer actos delictivos sean derivados a establecimientos especializados, cuando la cárcel no cuenta con los recursos para realizar el tratamiento que corresponde.

A pesar de la visión negativa de todo el panorama, se destaca en uno de los informes el involucramiento con la rehabilitación en cárceles de parte de varios organismos: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Codicen, el Ministerio de Trabajo y distintas Intendencias como Paysandú, Salto, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rivera, entre otras.

En el departamento de Colonia hubo tiempos en que la Intendencia de Colonia tomaba trabajadores de la cárcel, ahora no. Y el establecimiento se encuentra superado de reclusos, aunque si intenta que tengan actividades como realizar huerta, tareas de tambo, panadería. También rearmaron bicicletas para uso público el pasado año.

Mientras que en el informe de 2021, Petit mencionó como algo positivo la nueva institucionalidad con la participación del BPS, Mides, MTSS, para generar trabajos. El Comisionado recomendó la creación de una Comisión de Seguimiento de Asistencia de las Políticas Sociales Penitenciarias, en la que actuarían diferentes organismos que proporcionan recursos al Sistema Penitenciario. También vuelve a mencionar, al igual que en el informe de 2020, la importancia de completar el proceso de cobertura sanitaria integral de la población privada de libertad, siendo ASSE la responsable de esta tarea. El informe menciona a su vez la necesidad de que El Mides garantice capacitación y sistemas de información a las personas liberadas, y estas deben pasar a orientación y cuidado de la Dirección Nacional de Asistencia al Liberado Dinali del Mides. También la Rendición de Cuentas y la propuesta de medidas alternativas a la prisión son necesarias, entre otras medidas.

Se requiere de la responsabilidad de ASSE, el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial en conjunto, para asegurar la rehabilitación y atención especializada necesaria.

Con toda esta información podemos llegar a la conclusión de que a pesar de que se está poniendo el foco en este problema y se han involucrado varias instituciones para combatirlo, sigue siendo un problema importante de seguridad y salud pública en el que no se debe desistir en su mejora continua.

Es fundamental que las cárceles actúen como educadores sociales en los privados de libertad. Deben proporcionar programas educativos, laborales, de recreación y salud física y deportiva e incentivar a los internos a realizarlas. A su vez, son necesarios programas de tratamiento específicos e individualizados, corrigiendo comportamientos, actitudes y pensamientos que conducen a la conducta antisocial, mejorando las habilidades sociales para poder reinsertarse en sociedad y evitar reincidir. Para esto, es crucial que los funcionarios del establecimiento penitenciario cumplan un rol reformatorio, que no actúen únicamente imponiendo castigos.

También es necesario terminar con el estigma social hacia los ex privados de libertad. Como sociedad es nuestro deber garantizar un trato humano tanto dentro de las cárceles como afuera, ya que de lo contrario, todo el proceso de rehabilitación habrá sido en vano.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “los reclusos se enfrentan a una variedad de problemas sociales, económicos y personales que tienden a complicar considerablemente su reintegración social. Algunos son el resultado de las propias circunstancias y experiencias de los delincuentes. Otros son las consecuencias directas del encarcelamiento y de la actitud y disposición de la comunidad hacia los delincuentes puestos en libertad”.

Así como es necesario un buen trato en el proceso de rehabilitación dentro del establecimiento penitenciario, también es fundamental que la sociedad permita la reinserción de estas personas al encontrarse en libertad.