Propuesta de no construir sobre las costas de todo el departamento de Colonia

Las autoridades nacionales, caso Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) no autorizarán la construcción de una casa sobre la costa palmirense, calle D entre las calles Gral. Flores y Rondeau, según pudo saber EL ECO.

Los permisos fueron gestionados por la misma profesional que logró la autorización para la edificación de una casa en la esquina de Gral. Flores y D, en la franja costera prohibida para toda construcción.

Por otro lado, ngresó en la sesión del Municipio de Nueva Palmira un pedido de información sobre la posibilidad de comprar, con fines de construir una casa, sobre la calle San Salvador entre Ibicuy y La Paz. El municipio respondió que el predio está entre la franja no edificable, y debe ser la Junta Departamental la que decida.

De acuerdo a consultas efectuadas por EL ECO quien debe autorizar toda construcción son Catastro Nacional y la Dinacea, porque la franja costera es de jurisdicción nacional.

Liberar toda la costa del departamento

El edil departamental Gabriel Gabbiani (PC-Ciudadanos), propone que no se permita construir desde el Arroyo Sauce hasta el Arroyo Cufré, o sea en toda la costa del departamento de Colonia.

En mayo pasado la Junta Departamental se había propuesto “prohibición de construir, edificar, alambrar o delimitar de cualquier manera, en una franja de 150 metros de ancho medidos hacia el interior del territorio a partir de la línea superior de la ribera del Río de la Plata, en el arco costero comprendido desde el límite urbano Este de la ciudad de Juan Lacaze (playa Charrúa) hasta la desembocadura del Río Rosario”.

A esa iniciativa se le suma ahora “no permitir construir o prohibir el ingreso a la playa en toda la costa del departamento de Colonia, desde el Arroyo del Sauce, en el límite con el departamento de Soriano, hasta el Arroyo Cufré, en el límite con el departamento de San José”, así lo propone el edil departamental Gabriel Gabbiani (PC – Ciudadanos)

El edil colorado propone, además, que se deje libre acceso a “la zona de servidumbre de protección, entendida ésta como la franja de terrenos de propiedad privada colindante con el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), medida en un ancho de 250 metros a partir de la línea superior de la ribera”. Y que se “prohíban nuevas construcciones de cualquier tipo, como así también la ampliación de la superficie, la altura o el volumen de las edificaciones existentes”.