Qué proceso tienen los Proyectos de Urgente Consideración para que se aprueben

Daniel Chasquetti, periódico La Diaria. Desde la Constitución de 1830, el Poder Ejecutivo (PE) cuenta con la potestad de presentarle proyectos de ley al Parlamento. Este precepto no es tan obvio en los sistemas presidencialistas, puesto que el modelo originario estadounidense nunca concedió esa facultad a sus presidentes. En Uruguay todas las constituciones mantuvieron la regla, pero la reforma de 1967 introdujo la posibilidad de que el PE envíe proyectos de ley de urgente consideración (PUC), que deben ser tratados dentro de un plazo estipulado y en caso de que esto no se haga se convierten automáticamente en ley.1 Julio María Sanguinetti y Álvaro Pacheco Seré calificaron a esta disposición como “un mecanismo de aprobación tácita”, pues el proyecto queda aprobado tal cual lo presentó el PE si no existe un pronunciamiento parlamentario.

Las reglas básicas que determinan su tratamiento son:

–La cámara que recibe el proyecto cuenta con 40 días para tratarlo, y la segunda cámara con 30. Si la segunda modifica el proyecto, la primera tendrá 15 días para opinar sobre las modificaciones; si las diferencias entre las cámaras subsisten, la Asamblea General debe resolver el conflicto en un plazo de diez días.

-Cualquiera de las cámaras puede levantar el carácter de urgencia del proyecto por una mayoría de 3/5 de sus miembros.

-Si el Parlamento está tratando un PUC, el PE no puede enviar otro proyecto.

–Los proyectos presupuestales no pueden ser presentados bajo esta modalidad, por tener sus propias reglas de aprobación tácita.

El mecanismo de urgencia legislativa fue diseñado en una coyuntura histórica muy concreta. Uruguay era gobernado por un colegiado que lucía inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país (estancamiento, inflación, movilización social, etcétera). Los partidos políticos, por otra parte, se encontraban fuertemente fraccionalizados como resultado de la renovación forzada de liderazgos (habían fallecido Luis Alberto de Herrera, Luis Batlle Berres, Benito Nardone y Óscar Gestido), y mostraban una muy frágil cohesión en el Parlamento. Como lo han manifestado algunos de sus redactores, la Constitución de 1967 buscó rediseñar el gobierno procurando fortalecer al PE a partir del retorno de la figura del presidente y la creación de reglas e instituciones que favorecieran el ejercicio de su autoridad. Por esa razón se establecieron nuevas áreas de políticas públicas de iniciativa legislativa exclusiva del PE (jubilaciones y pensiones, precios de la economía, creación de empleo público, etcétera), se creó el Banco Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil, y se diseñó el mecanismo de los PUC.

Inspirados en la Constitución gaullista de 1958, que sacó a Francia del impasse gubernativo en que naufragó durante una década y media, los reformistas uruguayos idearon los PUC como un dispositivo orientado a reducir los costos de transacción que provocaba un Parlamento dominado por partidos fraccionalizados y carentes de disciplina. Imponer un plazo para el tratamiento del proyecto a partir del ultimátum de la aprobación automática era visto como una solución para los problemas de acción colectiva derivados de una asamblea balcanizada.

La evidencia empírica

Lamentablemente, no contamos con información sobre la frecuencia de uso de este dispositivo durante el período 1967-1973. Sin embargo, contamos con información muy precisa para el período 1985-2019. El cuadro que figura a continuación muestra que durante las últimas siete legislaturas (1985-2019) sólo 13 proyectos fueron enviados con el rótulo “urgente consideración”. Esta pequeña cifra representa apenas 0,003% del total de proyectos presentados por el PE durante el período (3.732). De esos 13 proyectos, nueve fueron aprobados y cuatro rechazados.