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POLÍTICA

Qué le respondió el Frente Amplio a Lacalle Pou

Así como EL ECO transcribió la declaración de Luis Lacalle Pou en su alocución en el parlamento basado en su primer año de gestión, ahora se da a conocer el balance del Frente Amplio sobre cómo está el país, según su visión, qué medidas se deberían aplicar, y apreciaciones sobre lo dicho por el presidente.

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En primera plana el presidente del Frente Amplio Javier Miranda y José Mahía

El documento del FA dado a conocer por el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, la tarde de este miércoles 3, aborda la situación actual y  los pasos que se deberían dar para la reactivación del país. Y cuestiona la falta de empleo, el aumento del costo de vida y la “soberbia” de Luis Lacalle Pou. El documento:

Un Gobierno sin diálogo

Ignorar a la oposición y polarizar. El Gobierno optó por ignorar a la oposición y, con ello, a la mitad del país que esta fuerza política representa. Despreció la mano tendida y desestimó toda instancia de diálogo democrático. Por el contrario, eligió el camino de la confrontación y eludió el debate amplio en instancias parlamentarias. Con el agravante de hacerlo en tiempos de pandemia, cuando es clave la unidad nacional.

El Frente Amplio presentó propuestas desde marzo 2020 que no fueron –en su inmensa mayoría- ni consideradas, ni respondidas, ni implementadas.

Cabe destacar, además, la lealtad institucional del Frente Amplio (votó la mayor parte de los proyectos vinculados con la pandemia en tiempo récord) y el papel activo de las intendencias frenteamplistas.

El FA ofreció ideas, colaboración y diálogo.

El Gobierno construyó un relato negando los logros de los gobiernos del Frente Amplio. Culpó a la principal fuerza política del país de todas sus limitaciones presentes y justificó en la herencia sus políticas antipopulares. Sin embargo, contó éxitos y fortalezas heredadas al inversor extranjero.

El Gobierno procuró polarizar la sociedad, entre otros mecanismos, a través de la publicitación de supuestas irregularidades a investigar mediante innúmeras auditorías, intentando generar escándalos; por el momento, todos estos anuncios resultaron irrelevantes.

El Gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas de la oposición ni, aún, de sus aliados coyunturales. Eso define la soberbia de un gobierno.

El costo de gobernar la coalición. El Gobierno pagó carísimo el precio de la gobernabilidad de coalición. El ejemplo más claro es el entorpecimiento de la Justicia, con la negativa al desafuero de Manini Ríos.

Un Frente Amplio honesto y firme. El Frente Amplio definió un posicionamiento de oposición firme ante las políticas que perjudican a las grandes mayorías de la población, pero también de oposición honesta, particularmente en el contexto de una pandemia que es enemiga de todas y todos.

Pandemia: salud, crisis y respuesta de política económica y social.

El estado de relativo control de la pandemia que reinó por varios meses, no es el resultado exclusivo de la gestión del Poder Ejecutivo. Se debe también a la conducta del pueblo uruguayo y a las fortalezas que heredó. En particular, las fortalezas de la red de protección social, las fortalezas financieras y en ciencia y tecnología, el desarrollo de las plataformas de comunicación digital y un sistema de salud sólido.

A diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el Gobierno mostró apertura al conocimiento científico, en la respuesta económica y social a la crisis se encerró en su ortodoxia ideológica.

La única política fue y es el ajuste fiscal y el recorte de políticas públicas y de participación del Estado.

Ortodoxia neoliberal. La ortodoxia neoliberal se ha manifestado, entre otros aspectos, en los siguientes:

Una concepción que propone menos Estado como sinónimo de Estado eficiente.

La explícita intención de favorecer al “malla oro” y aliviarlo del “lastre” del Estado, bajo la (vieja y comprobadamente falsa) idea de que su beneficio derramará en mejora de la distribución para toda la sociedad.

El debilitamiento de las empresas públicas, a las cuales se les recorta su accionar y su capacidad de competir.

Se insiste con que bajando salarios se recuperará el empleo.

Se intenta restablecer la “patria financiera”, erosionando la reputación de transparencia del Uruguay.

LUC y Presupuesto: legislación regresiva. La “Ley de Urgente Consideración (LUC)” y Ley de Presupuesto son leyes negativas y regresivas. Por un lado, no tienen en cuenta la pandemia y la consecuente crisis económica y social que cambió todo. Al mismo tiempo, definen un perfil desestatizador, con fuerte concentración de los recursos y del poder, claramente antipopular.

La LUC consagra la rigidez de un programa de Gobierno pre pandemia, que caducó antes de empezar. Por otra parte, es cuestionable la “nueva modalidad” de gobernar con urgencia: sin debates profundos, sin verdadera participación de la sociedad y sin los tiempos necesarios. Ello constituye una mala señal para la deliberación ciudadana y un peligroso precedente, que deteriora la calidad de la democracia.

El Presupuesto definió para 2021 un gasto muy por debajo del ejecutado en 2019. En especial, afectó a los organismos de salud, educación, ciencia y tecnología y a la inversión en vivienda. Para el final del quinquenio, proyecta un gasto público de un 2,4% menos en relación al PBI. En definitiva, el achique del Estado, sobre todo en lo social.

Insuficiencia de la respuesta a la crisis. La respuesta a la crisis ha sido definitivamente insuficiente. Se ha caracterizado por una apuesta excesiva al mercado y la insuficiencia de políticas de protección social, de empleo, reactivación y apoyo a pequeños empresarios. En el mundo la tendencia ha sido a la expansión del gasto, a una política fiscal expansiva, que se expresa en que a nivel promedio mundial el déficit fiscal aumentó 8 puntos -de 3,8 a 11,8% sobre PBI- y, en los países similares a Uruguay, el aumento fue 5,5%. No se está planteando aquí que el gasto se debe incrementar en esos órdenes de magnitud, debido a las fortalezas heredadas. No obstante, un aumento de solo el 1,4% luce extremadamente bajo. Obsérvense algunos datos:

El Gobierno anunció que el impacto fiscal de la pandemia fue de U$S 711 millones, un 1,3% del PBI.

Allí se incluyen US$ 213 millones que corresponden a la caída estimada de la recaudación del BPS por las personas amparadas por el seguro de desempleo y de enfermedad. Si bien ello implica un costo fiscal asociado a la pandemia, no significa una medida de apoyo a algún sector, ni implica gasto alguno.

Por ende, en términos del gasto propiamente dicho, éste fue de U$S 498 millones, esto es, aproximadamente, el 0,9% del PBI.

A modo de ejemplo, considérese tres componentes de ese gasto: El gasto en protección social propiamente dicho fue del orden de U$S 144 millones (0,26% del PBI); en promedio, representó $ 769 por mes y por persona asistida.

El refuerzo de ASSE fue de unos U$S 25 millones. Ello representa un 2,5% de aumento de su presupuesto. Sin embargo en 2020 ocurrió la pandemia, con nuevas necesidades sanitarias y, además, hubo un aumento de sus usuarios del orden de los 90 mil, lo que representa un 7,7% de incremento. O sea, el gasto por usuario en pandemia bajó un 15%.

Los subsidios a artistas, autores y guías turísticos y el subsidio a los monotributistas, totalizaron US$ 7,7 millones, resultado de otorgarles, durante dos meses, $ 6.000 a cada uno.

El Gobierno menciona, como parte del esfuerzo económico, la cifra de US$ 506 millones correspondiente a garantías de crédito otorgadas por el SIGA. Es claro que estas garantías facilitan el acceso al crédito, pero quienes otorgan los créditos son las instituciones financieras, por lo que no implica ningún desembolso de dinero por parte del Gobierno. Es falso decir que es un gasto para combatir la pandemia.

Tanto el dato de impacto fiscal de 1,3% sobre PBI, como el gasto propiamente dicho de 0,9% de aquel, nos deja muy mal parados en cualquier comparativo internacional; somos de los países que menos recursos hemos volcado para combatir la pandemia.

Al mismo tiempo el ajuste, además de no tomar en cuenta los impactos de la pandemia, fue contrario a las necesidades básicas de una economía en crisis. En particular, la inversión pública, un fundamental factor dinamizador, cayó 7,7%.

Crisis mal evaluada y proyecciones inconsistentes. Se subestimó la magnitud de la crisis y las proyecciones son inconsistentes.

El Gobierno, durante toda la discusión presupuestal, proyectó una caída del PBI para 2020 de 3,5%. Ahora reconoce que esa caída estará en el entorno del 6%.

En el Presupuesto se previó un crecimiento para 2021 de 4,3%; ahora el Gobierno lo estima en 3,5% (manteniéndose, igualmente, por arriba de la mediana de la encuesta de expectativas del BCU, que se ubica en 3%)

Caída del empleo, los salarios y las jubilaciones. Las políticas llevadas adelante por el Gobierno conducen a la caída de salarios y jubilaciones, así como a la pérdida de puestos de trabajo.

Se destruyeron 60.000 puestos de trabajo en un año. Se cerraron más de10.000 micro y pequeñas empresas.

Buena parte de las medidas de ajuste fiscal se basaron en la pérdida de salario real de los trabajadores, por su impacto directo a través de los salarios públicos, e indirecto por el efecto arrastre hacia las jubilaciones y pensiones.

Al mismo tiempo, en el sector privado, más allá del correctivo que venía del convenio del Gobierno anterior, el aumento salarial en julio de 2020 fue cero. En 2021, con una inflación prevista de 6,9%, el aumento salarial público será de 4,41% y en privados no llegará a 4%.

Por ello, durante 2020, la caída promedio del salario real fue de 1,7%, en tanto que en el acumulado 2020 – 2021 se espera que la caída del salario real supere el 4%.

Una vez más, trabajadores y jubilados, pequeños empresarios y comerciantes, pagan el ajuste.

Incumplimiento de promesas de campaña electoral

Durante la pasada campaña electoral, tanto el sector preponderante en la actual coalición de Gobierno, como sus socios, prometieron a la población, para captar su voto, no aumentar las tarifas públicas, no aumentar los impuestos, realizar un fuerte impacto en materia de vivienda, así como llevar adelante un ambicioso programa de unidades modelo para la enseñanza secundaria.

La realidad del primer año de este Gobierno de coalición, rápidamente, se ha encargado de desmentir con hechos estas promesas electorales:

Se llevó adelante más de un aumento de tarifas, incluso por encima de la inflación.

Hubo un significativo aumento de impuestos para la enorme mayoría de la población:

Aumento del IVA que pagan transacciones electrónicas y con tarjeta de débito.

Aumento real del IRPF y del IASS, rebaja real de asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones mínimas (al cambiar el criterio de ajuste de la BPC).

Simultáneamente, en la Ley de Presupuesto, se implementó una rebaja tributaria para las grandes empresas y los propietarios de la tierra (IRAE e Impuesto al Patrimonio).

Tempranamente el Gobierno dejó por el camino la promesa de construcción de 50 mil viviendas. El 19 de abril de 2020, en entrevista con El País, la ministra de Vivienda afirmaba que el objetivo de su cartera era la construcción de 50 mil viviendas; el 23 de octubre del mismo año, en Canal 4, afirmaba que eso fue dicho como “algo para mostrar lo que habría que hacer”.

La reiterada promesa electoral de la creación de “centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país”, ha quedado en eso, en sólo una promesa electoral. La Directora Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, en declaraciones recogidas por la prensa el pasado 2 de enero, al tiempo de anunciar un modesto plan de 12 centros educativos de enseñanza media, desestimó aquel proyecto de creación de 136 liceos modelo.

Más allá de la pandemia: ausencia de una agenda de desarrollo

La única propuesta, aún en plena pandemia, parece ser la del ajuste y el austericidio. No hay un solo plan de crecimiento y desarrollo presentado. Amplios sectores empresariales empiezan a manifestar desconfianza ante la ausencia de propuestas políticas consistentes en ese sentido, para hacer frente a los desafíos de la productividad, de la competitividad, del desarrollo científico y tecnológico.

¿Estaba bueno cambiar? Sin nuevas políticas, sólo con recortes, ¿dónde está el cambio publicitado en campaña? Las interrogantes se acumulan y hay ausencia de respuestas consistentes.

Educación: ¿cómo se va a combatir la deserción en secundaria? ¿Cómo se van a relacionar las autoridades con los docentes? ¿Dónde están los liceos prometidos por Talvi? Lo concreto hoy es la caída de salario y la reducción de horas docentes, el recorte de su participación, la eliminación de los consejos desconcentrados, la supresión de programas y el incumplimiento de la promesa de equipamiento edilicio.

Protección social: ¿cuáles son los nuevos programas para apoyar a los más vulnerables? Por ahora, lo único nuevo son anuncios de auditorías, renuncias de jerarcas y creación de cargos de confianza. Y, adicionalmente, el recorte y debilitamiento de programas claves (más en tiempos de pandemia) como el Sistema de Cuidados.

Salud: recortes en ASSE en plena crisis sanitaria y ausencia de plan de contingencia para todas las áreas no Covid-19.

Ciencia, tecnología e innovación: más allá del discurso, ¿dónde quedó el apoyo a la ciencia? La realidad muestra una política de recorte al sistema de ciencia, tecnología e innovación, comprometiendo cargos de investigadores, becas de formación de posgrados y proyectos. El reciente recorte brutal a la ANII es expresión de esta tendencia. Científicos que han sido sostén fundamental de la política de enfrentamiento a la pandemia, que han colaborado activamente con el Gobierno, han debido salir a la opinión pública a denunciar los perjuicios de este ajuste. Este enfoque desprecia el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo del país. No hay futuro sin ciencia, sin tecnología, sin innovación, aplicadas al desarrollo humano, social y productivo.

Política de género: ¿cuáles son los cambios, las prioridades? Luego de 15 años de mejoras evidentes, ¿qué se va a hacer en materia de asimetría salarial, desempleo, precarización, violencia, acceso a la justicia? Se retrocedió en materia de asignación presupuestal y en la participación de la sociedad civil organizada en el monitoreo de políticas de género.

Inserción internacional a la deriva. Hay ausencia total de estrategia en la materia. Después del caricaturesco entierro de la “Diplomacia 5.0”, apenas se ha insinuado una improvisada diplomacia presidencial, que expresa un preocupante alineamiento con las tendencias más conservadoras y reaccionarias. Ejemplo de ello son las coincidencias con Bolsonaro y con Trump, la ruptura con la tradición diplomática uruguaya a la hora de votar el nuevo Secretario General del BID. La incertidumbre en esta materia se expresa también en los recortes presupuestales y de competencia a una agencia fundamental como ha sido Uruguay XXI.

Cultura y turismo ignorados. Son estos dos sectores particularmente golpeados por la pandemia. ¿Qué políticas se han implementado para su sostenimiento? Más allá de algunos anuncios aislados, la realidad es que estos dos sectores han sido sustancialmente ignorados por las políticas públicas.

¿Y hacia adelante?

Se perdió un año. Recién ahora, algunos de los socios de la coalición de Gobierno empiezan a reclamar medidas que el Frente Amplio propusiera desde marzo de 2020 y durante todo ese año. Son los mismos, por cierto, que hace poco más de dos meses votaron y defendieron un Presupuesto de recorte y ajuste.

El 31 de marzo de 2020, el Frente Amplio presentó un “Plan de Contingencia

Sanitario, Económico y Social” en el que, además de evaluar la situación de la emergencia sanitaria, se planteaban tres objetivos centrales para la política económica y social, así como un conjunto de propuestas específicas para avanzar en ellos:

Preservar el empleo y el aparato productivo, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas y en los sectores más afectados -como el turismo, el comercio y los servicios- con medidas de alivio tributario y financiero.

Evitar el aumento de la pobreza y la desigualdad, con medidas específicas en materia de ingresos, transferencias, vivienda, salud y precios de productos básicos.

Prepararse para el día después, fomentando condiciones de crecimiento, con foco en la estabilidad macroeconómica y en medidas de gasto e inversión pública.

No cabe duda que si esas medidas se hubieran implementado en aquel momento, otra sería la situación económica y social de nuestro país.

En mayo pasado, un grupo coordinado por el ex Presidente Tabaré Vázquez, junto a los compañeros Ricardo Ehrlich y Miguel Fernández Galeano, presentó al Frente Amplio y a la ciudadanía, una “Propuesta para un plan estratégico nacional en respuesta al impacto de la pandemia”. En él, sobre la base del análisis de tres escenarios, se propusieron medidas de mediano y largo plazo para diferentes áreas de la política pública.

Tampoco este aporte fue tomado en cuenta por la gestión del Gobierno.

En diciembre de 2020, ante la ausencia total de gestos de diálogo del Gobierno, el Frente Amplio volvió a presentar una serie de propuestas, construidas sobre la base del documento de marzo, agrupadas en ejes prioritarios. Volvemos a insistir en ellas, con el ánimo de seguir contribuyendo, responsablemente, a orientar una gestión pública que atienda, efectivamente, a las necesidades de la población, en particular en la actual situación de crisis sanitaria, económica y social.

Hoy el Frente Amplio presenta nuevamente las propuestas ante la emergencia para el primer semestre de 2021, estructuradas sobre 5 ejes:

Ingreso básico de emergencia.
Suspensión de los lanzamientos y cortes de servicio, diferimiento de cuotas/vivienda y pagos de servicios para los sectores más necesitados.
Seguros de desempleo.
Apoyo a las micro y pequeñas empresas.
Adelanto de la inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda.
Los anuncios del Presidente de la República ante la Asamblea General del día de ayer confirman la insuficiencia de las medidas para atender la crisis social y económica. Se anuncia que se volcarán menos recursos en el Fondo Coronavirus que lo gastado en 2020. Los adelantos realizados en materia de inversiones en infraestructura -que podrían ir en la dirección correcta- han sido difusos y con un alto grado de incertidumbre en cuanto a su composición y ejecución en el presente año.

Con esta perspectiva, se seguirán perdiendo puestos de trabajo y crecerán la informalidad y la pobreza, con menos oportunidades para la infancia y la juventud. Si no se toman medidas contundentes como las planteadas por el Frente Amplio, la reactivación económica será tardía, débil e injusta.

Para finalizar, el Frente Amplio ratifica su plena confianza en el pueblo uruguayo, en su organización y en las organizaciones sociales, para resistir los retrocesos que promueve el Gobierno, así como para construir, colectivamente, la alternativa política para hacer frente a los actuales desafíos nacionales y globales.

Montevideo, 3 de marzo de 2021.

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