Suelo urbano: hay para rato

Juan Eduardo Arellano*, integrante del equipo asesor del candidato a intendente Ariel Beltran, Frente Amplio. La política departamental de acceso al suelo urbano es fundamental a la hora de encarar el problema actual de acceso a la vivienda de calidad. Se podría interpretar que la política pública de vivienda del gobierno frenteamplista, en particular la ley de vivienda promovida (ley 18795) ha sido aceptada por el nuevo gobierno, ya que la mantuvo y le hizo algunas modificaciones, con el objetivo de favorecer aún más la inversión privada. Eliminó los topes de precio, admite monoambientes de 25 m2, cuando antes el mínimo era 32m2, y admite también unidades de un dormitorio sin limitar su cantidad. Argumentando la falta de interés en zonas menos densificadas del país, han incorporado estos nuevos incentivos con el objetivo de orientar la inversión en otras ciudades que no sean exclusivamente la capital del país.
Pero el factor especulativo que reina en el suelo urbano actual, que lleva a que cada vez sea mayor el área categorizada como urbana y potencialmente transformable, debe ser encarado de forma urgente con políticas como las que se están tomando en algunas ciudades del Conosur o incluso la capital del país.
Cabe la posibilidad de que lo analizado en el plan SUVI (“Plan sectorial de acceso al suelo urbano para vivienda”) que impulsa la Intendencia de Montevideo sea trasladable a la realidad de nuestro departamento, en lo referente al crecimiento de la población esperada y la disponibilidad del suelo urbano. Es posible que esta situación de incrementar la trama urbana de forma poco planificada, que pretende ser legitimada en los planes locales de las ciudades de Colonia del Sacramento y Carmelo, sea necesariamente revisada en el corto plazo. Con esto me refiero al aumento del área urbana sin tener en cuenta las infraestructuras, centralidades y servicios disponibles, a las grandes superficies de territorios considerados áreas potencialmente transformables, que a la vista de las noticias atienden a intereses de unos pocos inversores, que no dejan un beneficio real a la comunidad, y que atentan contra un uso sustentable del mismo en lo más amplio de su concepción.
Es necesario afrontar un cambio urgente que facilite y ordene el acceso a suelo ya urbanizado a las personas afincadas en el territorio de forma permanente y temporal. Para ello, es ineludible fortalecer la cartera de tierras departamental que cumpla un fin social facilitando el acceso al suelo a programas públicos de vivienda (cooperativas, BPS, realojos, etc.) y a su vez incidir en el mercado de suelo para bajar su precio.
El apoyo a sistemas cooperativos, la ayuda a modelos autoconstruibles y por supuesto a los sustentables.
Para todo lo anterior, es primordial la creación de talleres de capacitación para empresarios, técnicos y población en general, en técnicas de construcción que apunten a modelos bioclimáticos y sustentables, accesibles para los sectores de ingresos medios y bajos de la población.
Es necesaria la revisión y modificación de la normativa de la Vivienda Económica Popular; el famoso “plano económico”, transformarlo y llevarlo hacia modelos constructivos más sustentables, incluso hasta autoconstruibles. Abrir la posibilidad a nuevas tecnologías y admitir la libertad de diseño, y sin dejar de lado el rol técnico que abriría un camino, por así llamarlo de democracia estética o de despojo de monotonía.

*Juan Eduardo Arellano, oriundo de la ciudad de Colonia del Sacramento. Arquitecto recibido de UdelaR en ejercicio libre de la profesion. Cofundador de TAT Arquitectos, estudio y taller de arquitectura y construcción. Miembro y referente de zona centro por el departamento de Colonia de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.