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Todos los detalles de la acusación del fiscal Pacheco al diputado Placeres

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Fiscal Luis Pacheco

La fiscalía constató que el diputado Daniel Placeres (MPP) habría participado de la actividad de la Cooperativa Envidrio, pese a que había renunciado a su cargo en la directiva luego de resultar electo representante nacional. La fiscalía pidió el procesamiento y el Diputado Placeres renunció inmediatamente a su banca, a sus fueros y al subsidio que le corresponde, para presentarse en la justicia.

Por otra parte, Pacheco constató que el gobierno no tuvo “negocios raros” y cuestionables con Venezuela, ya que los negocios los hicieron empresas privadas uruguayas electas por empresas privadas venezolanas. También constató correctas las actuaciones de institutos como el Inefop o el Fondes.

El dictamen del fiscal Pacheco, podés leerlo aquí:

VISTA Nº /2019.- JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1° TURNOAutos caratulados: “G.R., R. y otros – Denuncia”I.U.E. Nº 2-15452/2017Señor Juez: Evacuando la vista conferida, y entendiéndose suficientemente instruidos los hechos que se investigan, la Fiscalía formulará las siguientes consideraciones:

I) ANTECEDENTES. LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN AUTOS

1°) En fecha 4 de mayo de 2017, los Señores Representantes Nacionales R.G., J.T. y G.M. presentaron denuncia escrita (obrante de fs. 1 a 53) poniendo en conocimiento de la Sede “una serie de hechos con apariencia delictiva”, a saber: por un lado, “intervenciones arbitrarias y abusivas en el comercio exterior con Venezuela”, y por otro lado, “la concesión irregular” de préstamos por parte del FONDES a determinadas empresas, tales como DYRUS (ALAS-U), ENVIDRIO, FUNSACOOP, PRESUR, COTRAPAY y Cooperativa de Trabajadores de Empalme Olmos.

2°) En fecha 6 de febrero de 2018, el Sr. Representante Nacional R.G. formuló ampliación de denuncia (ver escrito obrante de fs. 300 a 303, ratificado de fs. 371 a 377), incluyendo -entre otros puntos- el presunto desvío de fondos recibidos por ENVIDRIO desde Venvidrio (Venezuela) para la cancelación de los préstamos otorgados por el FONDES, así como la concesión de un nuevo préstamo a ENVIDRIO por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), por un monto de 1.600.000 U$S.

3°) En fecha 20 de agosto de 2018, y en escrito obrante de fs. 392 a 402, los Sres. Representantes Nacionales R.G. y G.M. presentaron nueva ampliación de denuncia, respecto de la “oscura capitalización venezolana a ENVIDRIO-EBIGOLD y su socia ALENVIDRIO”, y a la nueva asistencia financiera a ENVIDRIO a través del INEFOP, solicitando diligenciamiento de medios probatorios.

4°) En fecha 16 de noviembre de 2018, el Ministerio Público presentó denuncia de oficio (fs. 526 y siguientes), a partir de un informe periodístico emitido el día 7 de noviembre de 2018 por el programa “Santo y Seña”, de Montecarlo Televisión Canal 4, en el cual se denunciaban hechos presuntamente delictivos cometidos en la empresa ENVIDRIO, concretamente la existencia de empleados que continuaban trabajando y recibiendo remuneración, pese a encontrarse en seguro de desempleo; así como la presunta situación irregular del Sr. Diputado D.P., quien siendo Representante Nacional continuaría vinculado a ámbitos de dirección de la empresa.

5°) El 3 de diciembre de 2018, los Sres. Representantes Nacionales R.G. y G.M. amplían nuevamente su denuncia (fs. 557 y siguientes), incluyendo los hechos difundidos en el programa “Santo y Seña”, que involucrarían al Sr. Diputado D.P.6°) Finalmente, el 18 de febrero de 2019 se presenta una nueva ampliación de denuncia (fs. 856 y siguientes), respecto de una presunta adulteración del informe del LATU a INEFOP, presentado en autos; así como también se denuncia un sospechoso aumento de los depósitos bancarios de ciudadanos o empresas de origen venezolano y una tentativa de transferencia de fondos venezolanos hacia el sistema financiero uruguayo.

II) ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS TEMAS DENUNCIADOS1°) LOS NEGOCIOS DE COMERCIO EXTERIOR CON VENEZUELA

Con relación a las denunciadas presuntas irregularidades en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas, la Fiscalía reitera las consideraciones expuestas en su dictamen fiscal N° 204/2017, de 24 de noviembre de 2017 (fs. 219 a 220), en el sentido de que no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan inferir la existencia de conductas penalmente reprochables. Si se lee detenidamente la denuncia original presentada, se advierte que no se denuncia concretamente la configuración de algún delito, sino más bien se establecen interrogantes o sospechas acerca de la forma en que las empresas privadas uruguayas fueron seleccionadas para contratar con las empresas públicas venezolanas, y se formulan cuestionamientos a los procedimientos administrativos llevados a cabo para la firma de tales acuerdos y contratos (véanse fs. 17 y 18 de la denuncia). Pues bien, luego de la instrucción de los hechos, y de acuerdo a las resultancias de la prueba diligenciada, se arriba a la conclusión de que las empresas uruguayas no eran seleccionadas por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo, por lo cual en principio no se advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva.

2°) LOS PRÉSTAMOS DEL FONDES Respecto de las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte del FONDES, a empresas tales como Dyrus S.A. (ALAS-U), ENVIDRIO, FUNSACOOP, PRESUR, COTRAPAY y Cooperativa de Trabajadores de Empalme Olmos, la Fiscalía entiende acreditado que los mismos han sido concedidos en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 18.716, de 24 de diciembre de 2010, que prevé “la creación de fondos con el objetivo de apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables, que resulten de interés para el Poder Ejecutivo”. De la instrucción practicada, y de la profusa documentación agregada en autos, que incluyen los antecedentes y los informes técnicos elaborados por la Unidad Técnica del FONDES previo a la concesión de los préstamos denunciados, emerge que la Junta de Dirección del FONDES se ajustó a la normativa reglamentaria contenida en los Decretos Reglamentarios Nº 341/011, 117/013, 45/015 y 100/015, no resultando apartamientos de las pautas y criterios en ellos establecidos, ni concesión de préstamos contraviniendo las prohibiciones o limitaciones establecidas en los artículos 27 y 28 del citado Decreto 341/011. Concretamente en el caso del préstamo concedido a Dyrus S.A. (ALAS-U), que supuso trece entregas por un monto total de 15.000.000 U$S, la Fiscalía requirió oportunamente el asesoramiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la cual elaboró un informe que obra agregado de fs. 403 a 424, y que concluye que en el caso “se observaron todas las pautas y criterios exigidos en los Decretos Reglamentarios vigentes al mes de mayo del año 2014” y que “la liberación de las partidas acordadas se realizó conforme a lo previsto por la Resolución N° 19/2014 de la Junta Directiva del FONDES y con el constante seguimiento, evaluación y aprobación de la Unidad Técnica de FONDES”. En relación a la ampliación del crédito concedido a EBIGOLD S.A. (ENVIDRIO) en fecha 4 de julio de 2014, por un monto de 1.500.000 U$S, se constata en este punto que la Junta de Dirección del FONDES no siguió la recomendación efectuada por la Unidad Técnica, en el sentido de que el préstamo adicional podría ser contemplado si se establecía su cancelación con los desembolsos que debía efectuar la contraparte venezolana y que para ello debería exigirse la cesión de cobro de la capitalización de VENVIDRIO (fs. 341). No obstante, el apartamiento de la recomendación no implica por sí sola una conducta penalmente reprochable, puesto que ninguna disposición legal o reglamentaria consagra los informes de la Unidad Técnica como vinculantes, por lo cual en ningún caso la Junta de Dirección se ve obligada a compartir necesariamente los informes de asesoramiento en todos sus términos. En definitiva, respecto de los préstamos otorgados por el FONDES, y sin perjuicio de que se puede discutir naturalmente la conveniencia o la oportunidad de los mismos, y sin perjuicio asimismo de que se puede cuestionar en algún caso el apartamiento de la Junta de Dirección a los informes o sugerencias de la Unidad Técnica, lo que debe analizarse en sede penal es si se entiende prima facie que existen hechos con apariencia delictiva, como por ejemplo actos arbitrarios cometidos en perjuicio de la Administración, lo que no acontece en el caso.

3°) LA ASISTENCIA DEL INEFOP A ALENVIDRIO S.A. Otro de los hechos denunciados es la asistencia crediticia otorgada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional a ALENVIDRIO S.A. en el año 2018. En efecto, consta en el convenio cuyo original luce agregado de fs. 379 a 383, que en fecha 15 de enero de 2018 el INEFOP -representado por su Director General Sr. E.F.P.- otorgó a ALENVIDRIO S.A. un fondo rotatorio de hasta 1.645.091 U$S, para la puesta en marcha de la Planta N° 2, debiendo la empresa beneficiaria presentar periódicamente rendiciones de cuentas y reintegrar los fondos transferidos de acuerdo a un cronograma de pago que se establece en la cláusula 3a literal V del contrato. De acuerdo a la investigación practicada y concretamente a las resultancias del acta agregada a fs. 643 y vta., emerge que el Consejo Directivo del INEFOP aprobó por mayoría el otorgamiento del mencionado fondo rotatorio a ALENVIDRIO S.A., con el voto en contra de los dos representantes del sector empresarial y la abstención del representante del Ministerio de Educación y Cultura. Previo a la concesión de la asistencia, el INEFOP encomendó al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) un informe cuyo objeto era determinar el grado de avance de las obras y las necesidades faltantes para la puesta en marcha de la segunda planta de la fábrica de vidrio. Nuevamente en este caso, puede cuestionarse la conveniencia o la oportunidad de la concesión de esta nueva asistencia crediticia por parte de un organismo público a la empresa, que ya había sido beneficiaria de préstamos del FONDES por un total de 11.500.000 U$S y que había debido refinanciar su deuda por atrasos en los pagos; constando inclusive que había solicitado una nueva ampliación del préstamo del FONDES, lo que había sido rechazado. Con lo cual queda claro que -por vía oblicua- otro organismo público otorga una nueva asistencia a una empresa que ya había sido asistida por el FONDES y que no podía recibir más financiación de parte de éste. Además, la concesión del “fondo rotatorio” por parte del INEFOP, contó únicamente como respaldo técnico con un informe encargado al LATU (agregado en el Anexo Documental VII), que únicamente versó sobre una estimación del costo del equipamiento instalado y una estimación del costo del equipamiento faltante, pero no sobre la viabilidad del proyecto ni sobre las posibilidades de repago de la asistencia como hubiera sido lógico, por lo que el informe del LATU no puede ser invocado como antecedente justificativo de la concesión del fondo rotatorio. No obstante, y más allá de los cuestionamientos señalados en el párrafo precedente, no puede hablarse de irregularidades de naturaleza penal, desde que la Ley 18.406, de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, incluye dentro de los cometidos del Instituto -en su artículo 2° literales I y L- los de “cooperar y brindar apoyo crediticio y seguimiento técnico a las iniciativas de emprendimientos productivos generadores de empleo decente, pudiendo para ello establecer fondos rotatorios” y “desarrollar investigaciones, acciones, programas y asistencia técnica y crediticia que respondan a los requerimientos de las empresas y emprendimientos del sector productivo”. Sobre la base de dichas disposiciones legales, y no existiendo decreto reglamentario que establezca pautas y criterios a seguir por el INEFOP para el otorgamiento de tales fondos rotatorios, no puede concluirse que la asistencia otorgada a ALENVIDRIO S.A. configure un acto arbitrario pasible de reproche penal.

4°) LOS PAGOS DE JORNALES A EMPLEADOS EN SEGURO DE DESEMPLEO En denuncia presentada por la Fiscalía a fs. 526, y en escrito ampliatorio presentado por los denunciantes R.G. y G.M. (fs. 557 a 570 vta.), se agregaron a las presentes actuaciones un pendrive y un Cd conteniendo reproducciones de las emisiones del programa televisivo “Santo y Seña”, correspondiente a los días 7 y 14 de noviembre de 2018, en los cuales algunos trabajadores de ENVIDRIO denunciaban haber sido presionados para trabajar en la empresa, aún hallándose en seguro de desempleo. Sobre el punto, se cuenta en autos con la declaración de tres ex-empleados de ENVIDRIO, quienes deponen de fs. 573 a 584 y de fs. 588 a 593, dando cuenta que durante el período en que se encontraron en seguro de desempleo, que se extendió entre los años 2016 y 2017 aproximadamente, muchos trabajadores igualmente concurrían a cumplir con jornadas de trabajo que se denominaban “horas voluntarias” o “jornales solidarios”. Asimismo, consta que el Banco de Previsión Social inició una investigación administrativa cuyas conclusiones lucen resumidas en la contestación remitida a la Sede (véanse fs. 979 a 984), y de las que surge que se constataron 10 trabajadores de ALENVIDRIO S.A. y 77 de EBIGOLD S.A. (ENVIDRIO) “que generaron cobros indebidos individuales por el desarrollo de actividad remunerada incompatible con el cobro de subsidio por desempleo. Respecto de tales conclusiones, la Fiscalía entiende que los hechos denunciados no evaden la esfera administrativa, y las eventuales irregularidades constatadas deberán ser eventualmente sancionadas en dicha órbita; surgiendo asimismo que se sustancia un expediente judicial en sede laboral (Ficha I.U.E. 2-55250/2017), en el que -entre otras cuestiones- se debate la naturaleza de las horas extras “solidarias” (ver fs. 597 a 606).

5°) LA CONDUCTA DEL SEÑOR DIPUTADO D.P. LOS HECHOS SEMIPLENAMENTE PROBADOS De las actuaciones cumplidas se desprende que el Señor D.E.P. fue presidente de la Asociación Civil “21 de abril”, que posee el 100% del paquete accionario de EBIGOLD S.A. (ENVIDRIO) desde su creación en 2005 y paralelamente integró el Directorio de EBIGOLD S.A. desde su creación en 2014, renunciando a la Presidencia de la Asociación Civil y al Directorio de ENVIDRIO, con motivo de asumir una banca en la Cámara de Representantes, para la que fue electo en las elecciones nacionales celebradas en octubre de 2014.En el transcurso de su actuación como legislador, surge acreditado que el Diputado P. intervino –en cuestiones vinculadas a la empresa ENVIDRIO- en las siguientes instancias parlamentarias:1) propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que fue aprobada y votada el 18 de octubre de 2017, por la cual “la Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo realizar los máximos esfuerzos posibles a los efectos de buscar todos los instrumentos y mecanismos que estén a su alcance con el objetivo inmediato de lograr la financiación de la planta industrial Envidrio 2 (Proyecto Alenvidrio – Planta Envidrio 2) y dar de esta forma célere inicio a la producción de la misma” (ver fs. 680);2) votó afirmativamente el proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado como Ley N° 19.611, de 26 de abril de 2018 (fs. 830), que facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores de EBIGOLD S.A. (ENVIDRIO) y de ALENVIDRIO S.A. Surge acreditado asimismo que el Diputado P. –pese a haber renunciado formalmente al Directorio de EBIGOLD S.A. (ENVIDRIO), y pese a haber declarado ante la Cámara su desvinculación de la empresa a partir de febrero de 2015, con motivo de asumir la banca parlamentaria- continuó ostentando un rol activo en la empresa, según se desprende de los siguientes elementos de prueba incorporados a la causa:a) En primer lugar, los trabajadores que declararon ante la Sede han manifestado que el Sr. Diputado P., aún con posterioridad al mes de febrero de 2015, continúa concurriendo asiduamente a la fábrica, y que decisiones o asuntos laborales de importancia continúan bajo su dirección. Así por ejemplo, el testigo C.J.P. declaró que trabajó en ENVIDRIO hasta el año 2016, y que durante todo su período laboral, siempre que debía negociar algún tema laboral, lo hacía con D.P.; agregó que “todo pasa por él”, a la vez que indicó que “(P.) daba una recorrida desde las 6 de la mañana por todas las secciones todos los días” (fs. 574-575); el testigo N.R. declaró por su parte que trabajó en ENVIDRIO hasta el mes de diciembre de 2017, y que hasta el último momento de su vinculación con la empresa, quien “manejaba todo” en la empresa era D.P., aún después de haber asumido la banca parlamentaria, llegando inclusive a manifestar que quien lo despidió de la empresa fue precisamente P. (fs. 580-581); finalmente, el testigo L.D.F. depuso que trabajó hasta diciembre de 2016, y que hasta el fin de su relación laboral, P. era quien “decidía todo (en la empresa), hasta las licencias; si las pedías cuando él no estaba te decían que tenías que esperar a que él volviera para resolver”, y que inclusive cuando fue despedido, en diciembre de 2016, “fue él (P.) el que me dijo cómo era el tema de la liquidación, cuando yo fui a que me paguen lo que me correspondía” (fs. 589-590).b) En el audio de la asamblea de trabajadores celebrada el día 2 de octubre de 2017, incorporado a la causa, se constata la participación primordial del Sr. Diputado P. en la misma, pudiéndose advertir que en su persona recae la alocución inicial y principal de la asamblea, que es él quien comunica las novedades empresariales y la búsqueda de inversores y clientes, quien plantea las alternativas laborales a resolver, quien reconoce haber realizado gestiones ante organismos públicos para laampliación de la asistencia financiera, quien pregunta uno por uno a los trabajadores presentes quiénes estarían de acuerdo en trabajar horas “solidarias”, y su participación en la asamblea continúa hasta casi el final de la misma; todo lo cual es admitido –aún parcialmente y con algunos matices- por el propio indagado.c) El testigo A.M.Q., gerente general de la empresa Cristalpet y Cristalerías del Uruguay, declaró en autos que su empresa tuvo un vínculo comercial con la empresa ENVIDRIO, hasta finales de 2017, y que las negociaciones para la concreción de los negocios fueron mantenidas “normalmente” con el Sr. Diputado P., hasta el año 2016; específicamente, aclara que en las negociaciones comerciales con ENVIDRIO “había otras personas, pero él (P.) era un poco el responsable” (fs. 586).d) Finalmente, el Ing. E.R., uno de los integrantes del equipo del LATU encargado de elaborar el informe solicitado por el INEFOP previo a la concesión del fondo rotatorio a ENVIDRIO, al ser interrogado acerca de si en el transcurso del tiempo que insumió la realización del informe había tenido algún contacto con el Diputado P., respondió que éste le había ofrecido trabajo en ENVIDRIO, ofrecimiento que no se había concretado por la negativa del declarante, debido precisamente a haber participado en la confección del informe relacionado con la empresa (fs. 914 in fine y 915). Quiere decir entonces, a partir de los elementos probatorios señalados, que el Diputado P. –si bien se había desvinculado formalmente del Directorio de laempresa ENVIDRIO- continuó ligado a la misma, no ya por razones históricas o sentimentales como se alega- sino en un rol directriz y de gestión en varias áreas de la empresa, ya sea operativas, de producción o de recursos humanos.

III) EL DELITO DE CONJUNCIÓN DEL INTERÉS PERSONAL Y DEL PÚBLICO (ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO PENAL) A juicio de la Fiscalía, y considerando las circunstancias señaladas en el capítulo precedente, emergen elementos de convicción suficientes para entender que el Sr. Diputado D.P. ha incurrido prima facie en un delito de conjunción del interés personal y del público, tipificado en el artículo 161 del Código Penal. Por cuanto se interesó –con el fin de obtener un provecho para una empresa a la que continuaba estando vinculado- en asuntos en los que debió participar por razón de su cargo, y omitió informar su vinculación con la empresa, configurándose de tal modo ambas modalidades de la figura delictiva señalada. En efecto:a) Promovió, fue informante y votó la minuta de comunicación de la Cámara de Representantes al Poder Ejecutivo y votó afirmativamente una ley de ampliación de seguro de desempleo para los trabajadores de ENVIDRIO y de ALENVIDRIO, ya referidas el capítulo anterior, pese a que se trataba de una empresa a la que continuaba vinculado, más allá de su renuncia formal al Directorio. Asimismo, consta que el Diputado P. contaba con familiares dentro de la plantilla de trabajadores de ENVIDRIO: un hermano y un hijo del Sr. Diputado P. son trabajadores de la empresa y fueron beneficiados con la extensión del seguro de desempleo (véase al respecto la planilla de trabajadores de la empresa, obrante de fs. 899 a 900).b) No informó a la Cámara las circunstancias que lo vinculaban a la empresa interesada en ambas instancias, como exige el artículo 104 literal M del Reglamento de la Cámara, que obliga a todo Representante “a declarar ante la Cámara o la Comisión que integre toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere”. Si bien –indagado en autos sobre este punto- el Diputado P. alega que era conocida su vinculación histórica a la “industria del vidrio” (fs. 618), y que no juzgó necesario informar al Cuerpo tal circunstancia, la Fiscalía entiende por el contrario que consta que había informado su desvinculación con la empresa, por lo cual era su deber abstenerse en las votaciones o bien comunicar –en las instancias parlamentarias ya mencionadas- que continuaba ligado a la empresa en los términos que correspondieren, y que contaba con familiares directos que resultarían beneficiarios de los actos legislativos en cuestión. La minuta de comunicación promovida por el Diputado P. fue tomada en cuenta por el INEFOP como uno de los argumentos que motivaron la concesión de la asistencia a la empresa ENVIDRIO por 1.645.091 U$S, según quedó estampado en el considerando del Convenio suscrito entre el organismo público

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