Vuelta de tuerca: “falsas” afirmaciones de Guido Manini Ríos

La tarde de este martes 19, Crysol emitió un comunicado en el que indica que “a diferencia de lo sucedido en Argentina y Chile, donde centenares de oficiales fueron llevados ante los estrados judiciales, juzgados y condenados, en Uruguay solamente un pequeño, un reducido grupo, de quienes cometieron graves violaciones a los DDHH fueron investigados y procesados”.

Uruguay desde el retorno de la democracia, no “se ha caracterizado”, por “trabajar en busca de la verdad”. Y argumenta el colectivo que “debido a la vigencia de la ley de Caducidad que impulsó el Dr. Julio María Sanguinetti en su primera presidencia, una no encubierta ley de amnistía, durante más de 20 años estuvo impedida de realizar ninguna investigación sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) durante el largo período dictatorial”.

“Recién a partir de octubre de 2011, en que se restableció la pretensión punitiva del Estado, se pudo empezar a cumplir con las obligaciones que le imponen las normas constitucionales. Salvo honrosas y destacadas excepciones que la ciudadanía conoce, Dra. Mariana Mota por citar un caso, los magistrados y la propia Suprema Corte no han sido un ejemplo de dedicación, compromiso y espíritu justiciero”.

“Desde las declaraciones del ex presidente de la SCJ, Dr. Jorge Ruibal Pino, en febrero de 2013, en el sentido de que quienes promovieran las causas del pasado reciente encontrarían en el máximo órgano ‘una auténtica muralla’ para que ellas no prosperaran, a la sentencia que en octubre de 2017 desestimó una investigación sobre José Nino Gavazzo, por las torturas que infringió a una detenida en Tacuarembó en el año 1972, el órgano dirigente de la Justicia no es tampoco un modelo a exaltar”.

Los argumentos de Crysol que sostienen que “Manini Ríos mintió con real malicia”

El excomandante en jefe mintió descaradamente y a sabiendas, con real malicia, acerca del rol desempeñado por el poder judicial. Lo sabe muy bien. Todos los involucrados, en todo momento, han contado con todas las garantías legales que existen en nuestro país. Se han beneficiado del mejor apoyo legal y académico disponible, financiado incluso con los impuestos que pagan sus víctimas y la sociedad uruguaya en su conjunto. Sus abogados defensores han podido, incluso amenazar y prepotear a los testigos presenciales en los juzgados, e incluso, como ha quedado documentado, lo hicieron, en el año 2018, en una Sala del Hospital Maciel, en la causa por la desaparición de Oscar Tassino.

Se les ha permitido, con total displicencia, recurrir a todos los mecanismos legales posibles para enlentecer y entorpecer el diligenciamiento de las investigaciones y de las causas con artificiosos recursos de inconstitucionalidad. Los jueces solamente han procesado a un reducido y escaso número de quienes fueron denunciados, indagados o de los cuales se solicitó el procesamiento. Todos los procesados lo fueron en base a pruebas y evidencias contundentes y abrumadoras, a veces con testimonios de exmilitares.

Todos los condenados, son ampliamente conocidos en la familia militar por haber sido integrantes  de los principales órganos represivos, en Uruguay y en el exterior, actuando en la Esma y en Automotoras Orletti.  Todos tienen un currículum represivo tenebroso. Han podido fugarse del país para eludir el brazo de la justicia y al mismo tiempo seguir cobrando sus privilegiadas jubilaciones. Todos han sido condenados recorriendo, sus causas, toda la escala del poder judicial y sus sucesivas instancias hasta culminar por los fallos ratificatorios de la SCJ.

Cuando ha sido necesario y/o oportuno han contado con preparadas campañas mediáticas orquestadas desde la tribuna de El País, comentarios de senadores y diputados amigos de la impunidad, estridentes declaraciones públicas de los Centros Militares y amenazas de furtivos comandos sobre los promotores de las causas o actos vandálicos sobre los memoriales. A veces con el silencio y apoyo no encubierto de algún jerarca ministerial ya fallecido.

El portavoz de lo peor y más deshonroso

La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral  de país, en el marco de la injerencia constante y agobiante en el continente de Estados Unidos. Se comenzó a implementar desde el mismo momento  en que Pacheco Areco suspendió los Consejos de Salarios, impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 y comenzó a militarizar gremios en conflicto.

Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas, del campo y la ciudad. Empobreció al país y redujo el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.

Tuvo, como no podía ser de otra manera, el apoyo de los grandes sectores del campo, del comercio, de la banca y de la prensa  como El País. Fue un proyecto de  nación en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. La brutal política represiva desencadenada fue la herramienta imprescindible para disciplinar a la sociedad e implantar dicho modelo.

Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. La actuación de la justicia, el órgano del Estado con facultades plenas para hacerlo, investigando y sancionando las graves violaciones a los DDHH es decisiva para que no vuelva a ocurrir.

Crysol – Uruguay