Alberto Scavarelli “Se cumplió estrictamente con el mandato de que en año electoral no ingresara un solo funcionario de carrera al Estado”

“La determinación de cuántos empleados públicos son necesarios es directamente proporcional a las políticas que se aplican”, comenzó señalando Scavarelli a la prensa tras la presentación en la Torre Ejecutiva del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup).

“Si yo tengo una política como la de este Gobierno (2015-2020), con fuerza en la asistencia social y visión benefactora para los sectores más vulnerables, como el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, se requieren más operadores, aunque sean temporales”, explicó.

Consultado sobre el señalamiento del Gobierno electo de supuestos ingresos de empleados al Estado a último momento, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) expresó: “Antes que nada, debo decir que se han elaborado informes detallados al respecto, primero uno de 1.150 páginas y ahora otro, que fueron presentados en largas y fructíferas horas de charlas con el secretario de la Presidencia y el prosecretario designados”.

Respecto del tema en concreto, explicó que, por disposición del presidente Tabaré Vázquez, se incluyó tiempo atrás en la Rendición de Cuentas una norma por la cual, para cubrir los cargos públicos, no se puede llamar ni puede ingresar nadie si no hay un informe previo y favorable después de estudios técnicos, para lo cual actúa la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO), integrada por la ONSC, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Pasados esos filtros y si no hay personal para redistribuir, se hace una convocatoria pública por la página en Internet Uruguay Concursa (hasta 2018 había habido 1,1 millones de inscripciones para 2.800 puestos). Elegida la persona, entra por un período de 15 meses, a prueba, al cabo del cual un nuevo tribunal la juzga en su tarea y, si la aprueba, recién ahí es elevado el caso al presidente de la República y al ministro respectivo para concretar su designación como funcionaria presupuestada.

“Les puedo asegurar que se ha cumplido estrictamente con el mandato de que en el año electoral (2019) no ingresara ningún funcionario de carrera al Estado, lo cual es muy importante destacar”, enfatizó.

Los cargos a los que se convocó en este período de gobierno son la tercera parte de lo que se ha convocado antes, dijo. Sin embargo, se han triplicado las ofertas con todo un proceso que, por ejemplo, para el caso de la Dirección General de Impositiva fueron casi 20.000, “por lo cual tuvimos que contratar salones en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y hasta en el Palacio Peñarol, porque es todo un sistema muy garantista”, con tribunales integrados también por la sindical Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado como veedora.

En cuanto a la cantidad de empleados públicos existentes en la actualidad, el jerarca señaló que aún no están los datos del año, información que habitualmente se tiene en marzo o abril. El último dato con el que se cuenta, que es de 2018, indica que entonces había 273.000, incluyendo todos los organismos públicos del país. Por su parte, la Administración Central cuenta con 18.000 funcionarios, 4.600 de los cuales están en condición de jubilarse.

“Hoy el Estado tiene un nivel de inteligencia informática, analítica y de procesamiento de información que no tuvo nunca”, lo cual permite un contralor de todo el personal, en especial del ingreso mediante el sistema Uruguay Concursa, afirmó.

Scavarelli agregó que posee información satisfactoria de que se va a mantener “un servicio civil fortalecido, que se considera el mejor de América Latina y en los primeros puestos en el mundo.

Fuente: Presidencia de la República