Aumentó el impuesto al alumbrado público

Consultado Guillermo Rodríguez por EL ECO en la mañana del  jueves 28 de diciembre, y al no conocer si subía o no el impuesto, se comunicó con el intendente que ya había partido de vacaciones, y corroboró que se aplica el aumento en igual porcentaje que el de UTE. “Dijo el intendente que así lo dispuso la Junta Departamental cuando lo votó”, aclaró el secretario privado de Carlos Moreira.
En diciembre de 2016, cuando se aprobó el impuesto en la Junta Departamental, solo contó con los votos en contra del edil Martín Pérez (PC), y de cinco ediles Frente Amplio: Luis Cisneros, Tatiana Aristegui (Laura Saravia que ese día ocupó la banca) Rodolfo Montaña, Hébert Márquez y Daniel Almada. Los restantes ediles de la izquierda y todos los del Partido Nacional votaron por el impuesto.

Después Márquez como edil, además de la lista 711, el Partido Comunista a lo que se sumaron dirigentes del Partido Nacional y Colorado, promovieron un levantamiento de firmas, y en 40 días firmaron treinta mil personas, papeletas mediante, solicitando la anulación del impuesto. La Suprema Corte de Justicia no dio lugar al pedido y quedó firme su existencia y cobro a través de la factura de UTE.
Mientras tanto, el edil colorado Pérez, que siempre ha dicho que “es inconstitucional ese impuesto” y que desde enero 2017 viene anunciado que presentará una denuncia formal para lograr su derogación, no concretó durante el año su propuesta, pero hace unos días señaló a EL ECO que presentará el escrito “a la Suprema Corte de Justicia” en el 2018.
El Tribunal de Cuentas calificó el impuesto de “inconsulto” cuando evaluó la Rendición de Cuentas 2016 de la Intendencia remitida a la Junta Departamental el 20 de noviembre pasado.
A su vez, el edil Márquez (ver edición de EL ECO del 16 de diciembre) afirmó que el impuesto le genera a la Intendencia “40 millones de pesos de superávit”, y que las más perjudicadas son las personas de menos recursos: inquilinos, familias humildes con tarifas del alumbrado subvencionadas, entre otras (están los que pagan 295 pesos mensuales por la luz y 300 a la Intendencia por el impuesto al alumbrado). Con documentación probatoria en la mano el edil fue categórico: “el intendente le mintió a la Junta Departamental y a la ciudadanía del departamento cuando habló de déficit” y de que había “42 mil contadores” cuando en realidad “son 62.500” y con una ganancia abusiva para la Intendencia. En esa denuncia, el edil pidió que Moreira diera “marcha atrás”, eliminando el impuesto. En los hechos sigue y ahora tendrá un reajuste del 3,2%.
Cuando Márquez efectuó la denuncia en diciembre ante la prensa, salvo los ediles Rodolfo Montaña y William Geymonat que lo acompañaron, los demás de su partido se quedaron en sus casas y hasta hoy permanecen en silencio, mientras que el Intendente se fue a gozar de su licencia reglamentaria.