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Auxiliares de la Justicia: militares patrullarán la zona fronteriza

Las Fuerzas Armadas vigilarán la frontera en una franja de 20 kilómetros adentro del territorio, excepto en “los centros poblados”. Es una superficie que totaliza unos 30.000 kilómetros cuadrados.

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En las argumentaciones del mensaje del Poder Ejecutivo se destaca que la aprobación de esta ley “es para disuadir enemigos y prevenir amenazas, la permeabilidad de la frontera constituye una debilidad del Estado, debido a la falta de presencia en la zona, supone una facilidad para que se cometan delitos tras nacionales, en diversas formas, constituyendo riesgos para la institucionalidad del país”.
A pesar que cuestiona esta ley, la senadora Constanza Moreira señaló que “los militares ya tienen controles en los pasos de frontera, ahora lo que se les da es ser auxiliares de la Justicia de la frontera para adentro. Se les amplía las facultades”.
De acuerdo a la ley, y a las declaraciones que EL ECO obtuvo de la senadora Constanza Moreira (F.A.), la vigilancia de los militares se refiere a todas las fronteras, ya sea de tierra o de agua como en nuestras zonas territoriales.
Por otro lado la ley establece que se excluyen los centros poblados, sin embargo no se especifica ni está reglamentado a qué distancia de los centros poblados actuarán los militares, y qué pasará cuando deban perseguir a delincuentes y que estos ingresen a las ciudades.
La discusión está instalada y se suma a la iniciativa de la recolección de firmas “Vivir Sin Miedo” que impulsó el senador Jorge Larrañaga y que pretende que los militares custodien las calles de las ciudades.
Este proyecto supone una militarización, aunque sea fronteriza, porque implica el patrullaje continuo en las fronteras contiguos a los pueblos, por ejemplo. Y los límites y las arbitrariedades van de la mano, más en los militares que no han sido formados o entrenados para prevenir delitos, sino para atacar “al presunto enemigo”, que en otras épocas fueron los propios pueblos.

 

Los hechos

Este martes 9 de octubre el senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que establece la participación de militares en la frontera con el fin de brindar seguridad y tareas de apoyo a la Policía. La iniciativa sufrió cambios en su trámite y deberá volver a Diputados.
El espíritu del proyecto es que los militares participen en la detención de una persona en caso de flagrante delito. Se acordó que el militar destinará directamente al detenido al fiscal o juez de turno. Esto significa que en los hechos, los militares pasarán a ser auxiliares de la Justicia, según explicó el senador oficialista Ruben Martínez Huelmo.
De acuerdo con el proyecto, los efectivos de las Fuerzas Armadas actuarán en una franja de 20 kilómetros adentro del territorio, excepto en los centros poblados, en una superficie que totaliza unos 30.000 kilómetros cuadrados.

 

Distintas posturas

El proyecto del gobierno “está en las antípodas de lo que creo debe ser el rol de la policía y las Fuerzas Armadas”, dijo por su parte la senadora frenteamplista Constanza Moreira y explicó que daría su voto “por disciplina partidaria”.
Moreira fue muy crítica con la presencia de militares en tareas de seguridad pública. “La militarización es una cesión de terreno en relación a las libertades. Es una forma de perder libertades”, advirtió.

Luego, el senador nacionalista Jorge Larrañaga remarcó que las de vigilancia de la frontera son “evidentes funciones policiales”. Son “incluso más amplias que la que nosotros proponemos mediante la reforma (“Vivir sin Miedo”), porque aquí se encomienda a todas las Fuerzas Armadas”, mientras que en su iniciativa a plebiscitar plantea crear una fuerza con 2.000 efectivos.

 

La ley

En el marco de esta ley, EL ECO destaca los primeros cuatro artículos de esta ley que establece en el Artículo 1 “encomendar a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia, en la “zona fronteriza” que se define en el artículo siguiente.
Artículo 2º.- Fíjese como “zona fronteriza”, la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso, quedando excluidos los centros poblados. Dentro de dicha zona, el Poder Ejecutivo determinará los procedimientos y normativas aplicables.
Artículo 3º.- Quedan comprendidas dentro de las tareas indicadas en el artículo 1º las siguientes: a) patrullaje; b) identificación de personas y control de vehículos; c) detención en caso de flagrante delito. En caso de detectar una presunta irregularidad, su actuación se comunicará de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente, según el caso, debiendo adoptar las acciones para preservar el lugar o escena de los hechos, de acuerdo a lo que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 4º.- En los casos en que el personal militar designado para las tareas definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso.

Artículo 5º.- Los actos cumplidos en el marco de las tareas asignadas al personal militar de acuerdo a la presente ley, estarán alcanzadas por la presunción legal de configuración de la causal de justificación del artículo 28 del Código Penal. Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos de coordinación con los otros organismos del Estado con competencia en la materia, a efectos de asegurar el eficiente cumplimiento de las misiones encomendadas por la presente ley, así como los aspectos a priorizar en los controles a llevar a cabo”.

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