SOCIEDAD
Caminería rural “detonada” denuncia asociación civil en Fiscalía
Unos seiscientos millones se habrían destinado a caminería rural, pero el gasto no está detallado en el presupuesto nacional, que solo registra ciento noventa millones de dólares. Con una caminería rural “detonada”, hay quien quiere saber dónde está ese dinero.
Así lo señaló a EL ECO el integrante de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, que presentó el resultado de un trabajo de investigación sobre el Programa de Caminería Rural. Denunció en Fiscalía lo que a su entender constituye una serie de graves irregularidades con claros apartamientos de varios funcionarios públicos de los artículos 7, 211 y 213 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2 y 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
El economista Jorge Núñez, presidente de dicha asociación, dijo a EL ECO que se identificaron hechos que desde los últimos cinco años violentan la ley, pero que el problema iría más allá y que se deberían investigar los últimos 40 años. “Ningún funcionario público puede pasar por arriba el Tocaf, que es un documento marco que nos permitió ver dónde está el problema”, agregó.
Respecto a las cifras que se han destinado a caminería rural y cuyo destino último no se ha controlado, comentó: “hay dos montos, uno es el que aparece en el Presupuesto Nacional” por 190 millones de dólares. Sin embargo y como muestra “de la desprolijidad administrativa y que compromete la transparencia del BID, encontramos en el sitio web que tiene la trazabilidad del gasto en la caminería rural otros 600 millones de dólares en estado de implementación o ejecución”.
Quiere decir que se presupuestaron “casi 200 millones de dólares, pero de esos otros 600 no sabemos cómo se están gastando”. La pregunta es: “¿por qué la OPP incorpora 200 cuando son 600 millones? Necesitamos poner luz sobre si son 200 o 600 millones y sobre cuál es el procedimiento que usan las intendencias y la OPP que no está controlando”.
La investigación sobre caminería rural realizada por la asociación va desde 2020 a 2024, surgiendo que, en 2021, cuando José Luis Falero se desempeñaba como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), “tomó la decisión de no controlar más las transferencias que salen de la OPP a los gobiernos departamentales en el Programa 999, que es de financiamiento y que los contribuyentes financiamos. Falero nos confirmó que él tomó la decisión”, algo que es incomprensible porque “es usar los dineros públicos como si fuese una cuenta de almacén de los viejos tiempos que se apuntaba en una libreta”, comparó Núñez.
El resultado que vemos es que “la caminería rural está detonada”, con un Programa de Caminería Rural “que nace en la OPP con gente de escritorio que cada mañana enciende el aire acondicionado, a la que se le paga un sueldo y no conoce la realidad”. A esto se suma que “el dinero no se estaría utilizando donde se debe porque no existen los controles”.
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