Delito de aglomeración con peligro sanitario: multas de 38 mil pesos a 1.300.000 pesos

Los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, y de Defensa, Javier García, dieron una conferencia de prensa el domingo con detalles de cómo se aplicará la ley, luego de una reunión con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para afinar detalles de su reglamentación.
Larrañaga informó que quienes resolverán cuándo intervenir para disuadir aglomeraciones serán los Centros Coordinadores de Emergencias (Cecoed) de cada departamento, presididos por cada intendente e integrados por los ministerios de Salud Pública, de Defensa y del Interior, a los que además se integran las fiscalías.
La ley, que terminó de sancionarse en el Parlamento el sábado a las 3 de la mañana, define como aglomeración toda “concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales”.
Las aglomeraciones no tienen un número de personas fijado en la normativa y será considerado caso a caso por las autoridades.

Las multas

Las multas irán de 30 a 1.000 unidades reajustables, lo que equivale a entre $ 38 mil y casi $ 1.300.000.
El plazo de validez de la ley es de 60 días y podrá extenderse una única vez por 30 días.

Entrevista a Andrés Ojeda

¿Cómo trabajará la Policía en este nuevo escenario? En la mañana de este lunes los periodistas Emiliano Cotelo y Romina Andrioli, conductores de En Perspectiva en Radiomundo, entrevistaron a Andrés Ojeda, abogado del sindicato policial (SIFPOM).
Ojeda aseguró que el procedimiento será “muy similar” a los de los meses pasados, y que en primer lugar se apuntará a lo “disuasivo voluntario”. El policía se acercará y “exhortará” que se cumplan las medidas, pero ahora “la cosa cambia si la gente no quiere cumplir las medidas”.
Ojeda recalcó que “la regla en esos operativos ha sido no tener problemas”. “La gente en su enorme mayoría colabora, los casos de no colaboración son muy puntuales, y los que han terminado mal ni siquiera tienen tanto que ver con disolver con una aglomeración, sino con casos de agresión a la Policía”, dijo.

Temas a resolver

Consultado sobre si en cada caso se necesitará la aprobación del Cecoed para actuar, Ojeda dijo que no está claro.
“Van a estar todos (los integrantes del Cecoed) involucrados. No sé si van a llamar al Cecoed cada vez que la Policía tenga que intervenir. Lo que está claro es que tiene el respaldo de todas las organizaciones del Estado”, dijo Ojeda.
“Estamos a la espera de lo que diga el Ministerio (del Interior) sobre este procedimiento. El policía no puede quedar regalado porque es el responsable de amortiguar la decisión del Estado contra la gente”, prosiguió el abogado del SIFPOM, y aseguró que le da “tranquilidad” que Fiscalía esté incluida en el Cecoed.
“Si una persona no quiere cumplir, se levanta el teléfono, se llama a la Fiscalía y se comunica la situación. El policía relata la situación y si el fiscal entiende que hay delito de desacato dice ‘tráiganmelo’. La decisión jurídica sobre la comisión del delito la toma el fiscal”, declaró el entrevistado.
Consultado por Andrioli sobre que recomendación le da a los policías, Ojeda dijo que se les aconseja “ampararse en la Fiscalía”.
“Llame, se puede respaldar. Tiene un fiscal detrás. Hay un Cecoed entero y el responsable del Cecoed es el intendente. La intendencia es la responsable de poner las multas, así que tendrá que poner muchos inspectores en la calle. Lo peor que le puede pasar al policía es quedar solo, y acá por suerte está bastante acompañado. El miedo siempre es que quede un poco regalado, aplicando una decisión estatal poco simpática para la gente”, argumentó Ojeda.
Por otra parte, Ojeda respaldó que no haya un número determinado de personas que defina cuando hay una aglomeración, y dijo que hacerlo “sería un verdadero problema”.
Por último, consultado sobre el trabajo en las playas, Ojeda dijo que “a priori la policía no debería intervenir porque es resorte de la Prefectura, el Ministerio de Defensa”.