El “descarado” encubridor de asesinatos

Luego que el Dr. Tabaré Vázquez lo destituyó como comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos realizó una amplia recorrida por diferentes medios de comunicación, radios y canales de televisión, al tiempo que anunciaba su postulación presidencial. Tal como lo puso de manifiesto el periodista y escritor Leonardo Haberkorn, en varias notas publicadas en El Observador, en dichas presentaciones, en ningún momento señaló haber informado a la Justicia acerca del testimonio incriminatorio brindado por José Nino Gavazzo sobre la desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en el cuartel de Artillería N°1, en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry.
En las diferentes entrevistas que concedió, explicó de manera reiterada, cuáles fueron las razones de  no cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la justicia los hechos de apariencia delictiva de los que fue informado por sus subordinados.  Henchido de la soberbia propia de la impunidad, las grabaciones de Radio Carve, Radio Universal y de “Buen día Gente” de Canal 10 son un testimonio indudable de su reconocimiento público de sus omisiones, de su tránsito institucional al margen de la ley, aunque ahora se presente como una víctima perseguida del sistema.

Las leyes son claras

De acuerdo a las normas vigentes, todos los funcionarios estatales tienen la obligación de denunciar los hechos de apariencia delictiva de los cuales toman conocimiento mientras ejercen sus actividades oficiales. Los militares, desde el regreso a la institucionalidad democrática, no tienen, en términos legales, ningún privilegio al respecto. Deben cumplir con las disposiciones que son comunes a todos los ciudadanos.
Aunque la Ley de Caducidad, desde diciembre de 1986 a octubre de 2009 les permitió eludir la justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, en la actualidad, ya no gozan de ningún privilegio.
Las leyes son disposiciones destinadas a regular la convivencia social de una manera armoniosa y pacífica de las sociedades. Son aprobadas siguiendo procedimientos públicos y reglamentados, por un poder del Estado elegido cada cinco años, de manera democrática, a tales efectos.
Tal como lo establece el Código Penal uruguayo, los funcionarios que no informan al poder judicial cometen un delito y deben ser sancionados penal y administrativamente, de acuerdo a la gravedad de la falta, siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.

Pruebas irrefutables

Las evidencias en contra de Guido Manini Ríos son abrumadoras. No existe ningún documento que acredite que haya cumplido con su obligación de informar al Poder Judicial como correspondía.
Manini Ríos entregó las actas del Tribunal de Honor a las jerarquías del Ministerio 10 meses después que José Nino Gavazzo realizó su primera confesión. Lo hizo, además, presentando un escrito propio que no aludía al asesinato de Gomensoro Josman y tampoco hacía mención al testimonio autoincriminatorio de Gavazzo ni a las declaraciones formuladas por Jorge “Pajarito” Silveira.
En su recorrida mediática del momento, además, Guido Manini Ríos explicó públicamente las razones del incumplimiento legal de sus obligaciones y las justificó, variando su relato, ante audiencias amplias y masivas.
Por si fuera poco, tres generales en situación de retiro, que integraron los Tribunales de Honor, ya lo responsabilizaron en los estrados judiciales por las omisiones.

Un crimen de Lesa Humanidad

Como comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos sabía que José Nino Gavazzo había sido eximido de responsabilidad por el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro Josman, que la causa había sido archivada, siendo un crimen impune, al igual que el de Eduardo Pérez.  Su ocultamiento deliberado de los testimonios de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira fue un acto de complicidad con los responsables de dos causas pendientes de resolución. El aplauso del Centro Militar a la conducta de Manini Ríos es el reconocimiento a su complicidad militante con los principales criminales estatales.
El Senado debe comprometerse con la Justicia
La Cámara de Senadores no puede estar integrada por personas con causas judiciales, con personas que violentaron las disposiciones legales vigentes y que, además, han encubierto a los responsables de crímenes de Lesa Humanidad para que puedan evadir su castigo, transformándose en cómplices de ellos. En democracia, somos todos iguales ante la ley: debe haber justicia. Los delincuentes deben ser juzgados y condenados.
En cuanto se instale el nuevo Parlamento, la Cámara de Senadores deberá abordar la solicitud de desafuero del general retirado Guido Manini Ríos, imputado de ocultar información sobre un hecho delictivo, para encubrir a José Nino Gavazzo.
Para afirmar la institucionalidad republicana, el Senado debe votar su desafuero.   Sobran evidencias en su contra. Todos los senadores deben asumir su responsabilidad y su obligación de contribuir con el Poder Judicial para aplicar las leyes vigentes. Votar el desafuero de Manini Ríos para que sea juzgado, como corresponde, es un compromiso con la legalidad democrática y de rechazo al terrorismo de Estado.
CRYSOL – Asociación de expresas y expresos del Uruguay