SOCIEDAD
El futuro mundo del trabajo
La llamada ‘nueva normalidad’, sea lo que sea que traiga ese inquietante futuro, no se instalará hecha de confección, ni de medida. Aunque los cimientos de esa construcción ya están puestos, el edificio está en proceso de diseño.

En él habitarán nuestros nietos, sus hijos y los nietos en tiempos por venir. Las columnas, en ese nuevo mundo, serán nuevas relaciones de producción, distribución y consumo. Las vigas un sistema de ideas hoy en disputa.
¿Seremos solidarios o egoístas en extremo, cooperantes o competitivos, cuidadosos de la naturaleza o prescindentes de los impactos que nuestras acciones tengan sobre el ambiente? ¿Pondremos los derechos humanos por sobre los del capital o seremos dominados por éste a extremos aún desconocidos?
En cualquier tesitura, sea cual sea el desenlace, el mundo del trabajo verá cambiar reglas de juego que suponíamos instaladas por un largo e indeterminado tiempo.
Derechos vs. privilegios
En la ‘nueva normalidad’, el trabajo: ¿será un derecho o un privilegio? El acceso a un empleo –que no es lo mismo que a un trabajo- estará condicionado fuertemente por el marco internacional, por el regional, nacional y por el local. Tendremos una NNM (Nueva Normalidad Mundial) con millones de desocupados, hambrientos y sin techo. ¿La humanidad saldrá de la pandemia con esperanzas o absolutamente aterrorizada?
¿El reparto justo de los Bienes Terrenales del Hombre será una realidad querida o una utopía lejana? La idea de distribuir el trabajo que haya entre las personas que quieran/necesiten trabajar ¿suena a locura o será de recibo? Los/las que nos cuidan ¿serán cuidados?
La justicia social por razones de interés público
La idea de establecer una Renta Básica Universal no es nueva, la novedad reside en el contexto en el que se debate esta iniciativa. En tiempos de coronavirus y aislamiento social, la RBU se ve bajo ópticas nuevas. La Renta Básica Universal sería un derecho reconocido a todos los residentes en un territorio determinado. Cada niño que nace lo tendría, se otorgaría a cada inmigrante con la residencia legal; sólo se perdería si se extingue la vida o se emigra.
Quienes se oponen a esta propuesta argumentan –entre otras cosas- razones de ‘costos’. La “economía”, afirman, no soporta una política pública tan onerosa para las arcas públicas. Quienes sostienen su pertinencia invitan a calcular también ‘los costos de oportunidad’ que conlleva el no instalar el sistema.
Defienden sus evidentes beneficios y hacen sus propios cálculos. Sólo sería necesario gravar fuertemente al capital más concentrado. En particular al 10% que está en la cima de la pirámide del sistema no puede gustarle. Y seguro que, en Uruguay, el 1% (35.000 personas) sentirían que son expropiados, privados de sus ‘derechos’, etc. etc. Posiblemente se quieran ir a vivir en paraísos fiscales, pero las propiedades que son origen último de sus ingresos, no se las podrían llevar consigo.
Una debilidad evidente de esta propuesta está en la dificultad de controlar los ingresos altos, siempre subestimados por las encuestas y los censos; por lo tanto por las estadísticas.
Otras dificultades tendrían que ver con la evasión y la elusión de las obligaciones de cada uno. La mayor barrera a la instalación de esta y cualquier otra forma de justicia social, está en nuestra cultura, en formas de pensar arraigadas en el subconsciente colectivo con mucha firmeza. Terminar con la lotería de las cunas, dar a todos un punto de partida con iguales oportunidades, reconocer los derechos fundamentales como tales, es todo un desafío para nuestras convicciones.
Los cambios históricos provienen de las ideas e ideologías en pugna tanto como del conflicto de intereses de clases. En tiempos de crisis las oportunidades de cambio se potencian. Se juntan las ganas con las necesidades. Los de abajo ya no quieren seguir en esas condiciones, los de arriba ya no pueden mantener sus privilegios dentro de esos esquemas.
Son tiempos de coronavirus. Todo está en discusión…
David Rabinovich, periodista, San José

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