Estudio sobre el asesinato de 108 detenidos durante la dictadura uruguaya

Un estudio médico-forense de la muerte bajo custodia durante el terrorismo de Estado en Uruguay, realizado por un equipo del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Facultad de Medicina), se presentó ante magistrados, familiares de las víctimas consideradas en el estudio y especialistas en el área forense.

La Universidad de la República (UdelaR) informó en su portal que el trabajo fue dirigido por el profesor Hugo Rodríguez Almada. También participaron las docentes del Departamento Natalia Bazán, Victoria Iglesias y Evangelina Pérez. Luego de la presentación el médico forense y relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Morris Tidball Binz, ofreció su visión sobre los aportes de este trabajo.

En la presentación, Rodríguez explicó que este reporte insumió dos años de sistematización, pero también incluyó informes realizados por docentes del departamento a lo largo de una década. Señaló que en este espacio académico se desarrolló la técnica denominada “autopsia histórica”, en la cual la información normalmente obtenida directamente del cadáver se sustituye por la que se encuentra disponible en los documentos oficiales sobre esa muerte, señaló.

Rodríguez sostuvo que el departamento “ha trabajado sobre la sistematización de una serie de métodos de tortura utilizados en nuestro país” y de las lesiones que estos pudieron provocar. Además, en los últimos años el equipo acumula experiencia en este campo por la producción de numerosos informes forenses solicitados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) o realizados en conjunto con el Poder Judicial.

Para definir los casos considerados en este estudio, los investigadores tomaron como referencia la Ley Nº 18.596 de 18 de setiembre de 2009, que reconoce como víctimas del terrorismo de Estado “a todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales”.

El equipo se enfocó en aquellas víctimas que en el momento de su fallecimiento se encontraban bajo custodia del Estado dentro del territorio nacional, esto incluye a las que estaban detenidas, a quienes murieron en procedimientos de detención y a las personas detenidas desaparecidas.

Las muertes bajo custodia se consideran “muertes potencialmente ilícitas por acción u omisión del Estado”, explicó Rodríguez, según consigna el portal de la UdelaR.

Como objetivo general, Rodríguez, Bazán, Iglesias y Pérez se propusieron “elaborar un reporte consolidado que sistematice el fenómeno de la muerte bajo custodia en la prisión política durante el período del terrorismo de Estado en Uruguay”.

Con base en la información disponible hasta enero de 2022, el reporte detalla que “entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, y dentro del territorio uruguayo, murieron 108 personas bajo custodia por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Según las circunstancias de la muerte, los investigadores determinaron que 36 de estas personas fallecieron en un centro de detención clandestino o irregular, 34 en un centro de detención regular; 19 son personas que continúan como detenidas desaparecidas y 19 fallecieron en operativos de detención o represión en la vía pública.

La mayoría de las víctimas fueron hombres (88) y la edad media fue de 37 años, con un rango de entre 16 y 69 años. Solo se conoció el nivel de instrucción de 78 de las víctimas. De ellas, diez habían accedido sólo a la educación primaria, 28 al nivel medio y 40 a estudios de nivel terciario. La mayoría eran obreros o empleados (72) y/o estudiantes (25).

En 37 casos, la causa y la manera de muerte se determinó en base a informes disponibles en los expedientes de las investigaciones llevadas adelante previamente por el Poder Judicial o el Ministerio Público y fiscal (casi todos con participación del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses). En otros 52 casos los dictámenes fueron realizados por una Junta Médica ad hoc constituida en el ámbito del Departamento a los efectos de cumplir los objetivos de este reporte, en base a las fuentes de información detalladas. Los restantes corresponden a personas que continúan como detenidas desaparecidas.

Respecto a las maneras de muerte, la investigación determinó que 75 fueron violentas. Dentro de este grupo, 60 (80%) fueron heteroinferidas, 14 (18%) autoinferidas y una fue indeterminada. Casi todas las muertes heteroinferidas (59) fueron causadas «por la acción directa de los agentes del Estado», expresa el informe. La única excepción fue resultado de la acción de una persona privada de libertad portadora de una esquizofrenia descompensada. En tres de las 14 muertes autoinferidas se encontraron «ostensibles negligencias asistenciales directamente vinculadas con el desenlace fatal».

La “muerte por tortura” fue la principal causa de muerte violenta, esta se constató en 36 de los casos