Investigan a rematador carmelitano: sobrefacturación por 76 mil dólares

Esto surge de la venta de dos retroexcavadoras a la Intendencia de Cerro Largo, presuntamente por el doble del valor de venta de las máquinas. El depósito que le hace la intendencia es cuatro veces el valor de las dos máquinas que vendió. El expediente lleva tres años dormido en la justicia de Cerro Largo. Así lo informó a EL ECO el edil que hizo la denuncia, Dardo Pérez.

¿Por qué el rematador Carlos Pagés le vendió a la intendencia de Cerro Largo dos retroexcavadoras en 31.000 dólares + IVA y la intendencia terminó pagándole el valor de cuatro?
¿Por qué la intendencia de Cerro Largo pagó la suma de 142.000 dólares, más otros seis mil dólares sin explicación, por esas dos retroexcavadoras, cuando fueron vendidas en poco más de treinta mil dólares? (Ver las copias de las facturas y retiro bancario al que accedió EL ECO a través del edil denunciante Dardo Pérez).
Esas son las preguntas que la justicia de Cerro Largo no ha respondido desde hace más de tres años. La lentitud de la justicia de Cerro Largo es llamativa.
Esta semana hablamos con el edil departamental de Cerro Largo Dardo Pérez, del Frente Amplio (MPP), que viene trabajando desde hace años en el contralor, como corresponde, de la gestión del intendente Sergio Botana.

Los inicios

Pérez manifestó que “nosotros en 2015 cuando comenzó el nuevo período de gobierno nos encontramos que en la legislatura anterior habíamos hecho una serie de denuncias y pedido una comisión investigadora. En los últimos días de la legislatura pasada habíamos mandado una denuncia sobre la compra de dos retroexcavadoras por parte de la intendencia de Cerro Largo a la firma rematadora Pagés Mañay. Ella denotaba varias irregularidades, pero no la habían hecho llegar al juzgado. Y en 2015 cuando asumimos de nuevo, revisamos la documentación y la enviamos a la justicia”, contó Pérez a EL ECO.
Las dos máquinas fueron compradas en un remate que organizó la firma Pagés Mañay, y la intendencia de Cerro Largo las compró al valor de 31.000 dólares cada una, más IVA. Eran de un empresario de Treinta y Tres que cerró la empresa.
La intendencia de Cerro Largo después le hizo la factura a Pagés Mañay por el valor de 148.000 dólares. Tendrían que ser setenta mil dólares más comisiones, unos dos mil ochocientos dólares, pero la intendencia le hizo el giro a Pagés Mañay por 148.000 dólares”, afirmó el edil. “Eso quiere decir que compró dos maquinas, pagó cuatro, con un premio de seis mil dólares que nunca lo pudieron justificar”, señaló.
Es que el valor de la factura que Pagés le hizo a la intendencia es por un total de 142.456 dólares, pero la intendencia le terminó girando 148.656.
El tribunal de Cuentas observó esto, contó el edil a EL ECO, “porque pagó dos veces y pidió explicaciones. La intendencia no le dio explicaciones, y lo que después dijo es que eso no era así, que hicieron cuatro boletas pero que en realidad pagaron dos. Pero la factura que pasa del Brou en el giro a la empresa Pagés Mañay es de 148.000 dólares”.
La intendencia hizo el pago, contó, “nosotros mandamos la factura a la justicia, las boletas y toda la documentación correspondiente y pedimos que la justicia aclare, porque nosotros entendemos que hay indicios de irregularidades”, señaló. “Esto fue en 2015, estamos en 2018, vamos para los tres años y la justicia aún no se ha expedido. Siempre apostando a la democracia republicana y a la justicia, nosotros no queremos pensar que no se quiere hacer justicia con el intendente, sino que no han podido expedirse”, señaló el edil.
En este sentido, reflexionó, “estamos esperando todos los días que el juez se expida y nos diga si comprar dos máquinas y pagar cuatro es correcto para la administración de Cerro Largo”, señaló.

Los testimonios

La junta departamental tiene una abogado que ha ido a la justicia a preguntar por el expediente, y “se nos dice que se está estudiando, se convocó a gente a declarar y creo que la firma Pagés Mañay fue, de hacienda fueron, el intendente fue, pero aún no hay dictamen”, indicó el edil.
También señaló que el pedido de comisión investigadora lo hizo él, “pero el edil que la integró fue el compañero Ademar Silvera, quien ha ido al juzgado a declarar como testigo”.
“No hay una explicación sensata”, aseguró. “La que nos dieron un día fue que era un error administrativo, que no habían pagado cuatro sino dos pero que las cuatro boletas se adjuntaron por error. El resultado de eso fue que los compañeros investigaron y consiguieron la transacción, y el Banco República lo dejó claro en la boleta”, señaló.
Los tres documentos pueden verse en estas mismas páginas.