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Un juez que pone en primer lugar a los niños

Las faltas a clase son una constante en los centros de enseñanza y así se “violentan los derechos” de niños y adolescentes a la educación. A eso se suma el desaprovechamiento de las instituciones que aportan alimentación y promoción humana. Todo eso pretende combatir el juez Javier López.

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El Dr. Javier López Portillo, de 27 años de edad, oriundo de Montevideo, asumió el 16 de noviembre de 2017 como Juez de Paz de Nueva Palmira. Uno de los primeros problemas sociales que vio fue la discontinuidad de la concurrencia de niños a la escuela. Y eso lo llevó a armar “un plan de trabajo” para lograr la “deserción cero” en Nueva Palmira. Su postura parece firme, su idea es iniciar reuniones con los responsables de los centros de enseñanza “a partir de febrero cuando retomen las actividades”, que son el preámbulo del inicio de clases en marzo.
EL ECO supo de la labor que realizó López entre noviembre y diciembre del pasado año en la Escuela nº 8: faltaban unas niñas a clase y él tomó cartas en el asunto y dio fin a la inasistencia, porque como dijo, “no puede ser que dos niñas tengan 30 asistencias a la escuela y entre 130 a 140 inasistencias. A la familia no le gusta tener el patrullero todos los días en la puerta, pero si no cumplen no hay otra solución para que los adultos no violenten los derechos de los niños a educarse”.
Remarcó que no es partidario de la burocracia y por eso “un mensaje de whatsapp desde la escuela es suficiente” para que envíe a la policía a ver a ese niño y llevarlo a la escuela, amparados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, “porque el derecho a la educación está consagrado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales”. Y agregó que “la justicia de paz tiene que cumplir un rol social activo, establecer contacto con la comunidad. Tenemos que salir a embarrarnos, no quedarnos en los escritorios”.
No pretende mejorar sólo la asistencia a clase sino también la buena alimentación, y para eso López programa realizar reuniones con todas las instituciones educativas (escuelas, liceo y Utu) y las vinculadas al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (caso Club del Niño, Caif y Nuevo Mundo), más el comedor popular, porque no acepta que “los niños con vulnerabilidad familiar tengan carencias en la alimentación”. Por eso, dice, “tenemos que coordinar” que los niños que necesitan alimentarse y necesitan promoción humana “vayan a la escuela de mañana y de tarde al Club del Niño”. También pretende que “las instituciones que brindan alimentación no cierren todas al mismo tiempo, que se turnen para que, en enero por ejemplo, los niños no queden sin alimentación”.
El juez observó en sus recorridas por la ciudad y en citaciones al juzgado a “niños en pleno verano con campera y sin nada abajo”, eso indica que “no tienen ropa”, entonces apunta a trabajar con organizaciones que se encargan de suministrar prendas de vestir (como la Parroquia y el Club de Leones) y subsanar también ese problema. Y si es necesario, “salir a hacer campañas” de ropa.
En la entrevista no dejó de citar la importancia de enseñar buenas prácticas de higiene. “Aquí hay muchos niños que sólo tienen a la mamá” y con ellas pretende que se trabaje para que sean pilares tanto en la “escolaridad como en la higiene”.
“Hay que conjugar la educación con la alimentación, la vestimenta e higiene. Para no superponer esfuerzo hay que lograr que las instituciones que brindan alimentos se turnen” en vacaciones, para que no queden chicos sin un plato de comida.
Definió que ser juez “es cumplir un rol nada más. El salario del juez lo pagan todos los habitantes, y es nuestra obligación cumplir nuestro trabajo, somos parte de la sociedad y en un Juzgado de Paz se atienden más problemas sociales que de otra índole”, consideró.

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