“Las niñas son niñas, no madres”. Qué reclaman organizaciones contra la violencia

Esta el grave error del profesional ginecólogo de Lascano que no percibió en diciembre 2019 que la interrupción de la menstruación de la niña no era un hecho normal sino un embarazo en curso. Ese embarazo fue detectado recién meses después por el crecimiento de su vientre.
El violador, de 43 años de edad, pareja de la madre de la niña, fue a prisión. Pasaron meses para que la niña lograra confesar a su madre las atrocidades a las que era sometida por su padrastro desde que tenía 8 años de edad.
Esta semana hablaron autoridades de la salud de Rocha y llegaron a decir que “la niña está bien, con ánimo de tener al bebé” (Subrayado, canal 10). Sin palabras.

Declaración

Por este medio queremos trasmitir a la opinión pública:

El Comité de Derechos del Niño del Uruguay, con el apoyo del grupo de trabajo de infancia de la Asociación Nacional de ONG’s para el Desarrollo (ANONG) y de la Red Nacional Contra la Violencia Doméstica y  Sexual (RUCVDS), expresa su profundo dolor e indignación por la situación de la niña de 12 años en Lascano, embrazada producto de una situación crónica de abuso sexual y alerta sobre las grandes debilidades que persisten para detectar los abusos sexuales que sufren niñas, niños  y adolescentes en nuestro país.

Si bien las estrategias de los ofensores sexuales se sostienen en prácticas de manipulación, coerción, amenazas, las instituciones tienen protocolos de actuación que incorporan acciones claras para la lectura de indicadores de violencia sexual y tienen el deber y la responsabilidad de revisar sus procedimientos cuando la detección falló, porque las niñas, niños y adolescente, tienen derecho a ser protegidos por el Estado a través de sus políticas institucionales, además de por las familias y la comunidad.

El abuso sexual es una violación grave a los derechos humanos que genera profundos daños en el desarrollo de quien lo sufre.

El embarazo producto de la violencia sexual es un embarazo forzado, la niña no elige el abuso, por lo tanto tampoco elige las consecuencias del mismo. Aquí hay daños físicos, psicológicos, y potenciales daños sociales y económicos ante maternidades forzadas.

En este caso, la niña asistía a instituciones, entre ellas de salud, por lo cual exhortamos a que el Ministerio de Salud, en el marco de las acciones para la prevención del abuso sexual y del embarazo no intencional, realice una revisión profunda y transparente del procedimiento institucional en este caso y se genere un plan de trabajo claro que muestre acciones concretas para fortalecer las capacidades de los equipos para la detección de la violencia sexual contra niñas y niños y la protección efectiva.

En este caso estamos frente a una niña de 12 años, abusada crónicamente. Esta niña tiene derecho a una atención especial por parte de un equipo interdisciplinario que garantice de forma profesional y responsable la valoración del riesgo de vida de la niña, con un embarazo forzado.

Esta atención debe considerar su salud física y psíquica teniendo en cuenta su edad. Por lo tanto solicitamos que el Ministerio de Salud Pública, desde su rol de rector de las políticas en la materia, de señales claras hacia la niña y la población en general, coordinando la atención con un equipo con experiencia en estas situaciones tan graves, mientras fortalecen las capacidades del centro de salud de Lascano.

Recomendamos que atentos al interés superior de la niña, ella sea atenida por un equipo especializado con formación en violencia sexual y conocimientos sobre derechos de infancia, entre ellos el derecho a ser escuchada.   Este es un derecho fundamental que no puede ser manipulado cuando se requiere intervenir en situaciones de tanta gravedad como es un embarazo producto de un abuso crónico.

Recordamos que el Comité de Derechos del Niño Uruguay, junto con ANONG, en el documento La Infancia como prioridad, alerta sobre la gravedad de las situaciones de violencia crónica y propone la urgencia de la formación de los profesionales, campañas de prevención y la necesidad de servicios especializados de atención en violencia sexual en todos los departamentos.
Reiteramos: el embarazo infantil es tortura. Las maternidades forzadas son tortura. Las niñas son niñas, no madres.
#LaInfanciacomoPrioridad