Los asesinos de patos seguirán amparados en un decreto claramente ilegal

El pasado lunes 30 de octubre, nuestra organización presentó un recurso de amparo contra la renovación automática del decreto 104/2000 el cual en su contenido habilita la caza de varias especies, entre ellas tres especies de patos (picazo, cara blanca y maicero).

Como ya hemos hecho público y denunciado, la caza en Uruguay es ilegal, ya que el estado la ha decretado sin cumplir con la normativa (Ley 9481 y Dec.164/996) que determina que para cazar determinada especie (y por ende salir de la prohibición general de caza) debe existir un “fundado informe técnico”, algo inexistente para 18 de las 21 especies pasibles de caza en Uruguay.

Sin embargo, COENDU (Conservación de Especies Nativas del Uruguay), apostó en primera instancia únicamente a las tres especies de patos, ya que de las mismas SI existe un informe técnico. El mismo, de fecha marzo 2022, concluye que debe suspenderse la caza de patos por un mínimo de 5 años. Accedimos a este informe vía ley de acceso a la información pública, más de un año después, permaneciendo “oculto” todo ese tiempo, seguramente por la voluntad del estado de permitir la caza de patos, contra la ley, atendiendo de esta forma intereses particulares de una minoría selecta, sobre el interés general y prioritario de conservación de la naturaleza.

El recurso fue rechazado por el Juzgado del TCA de 3er.turno, atendiendo que por la presentación de un recurso administrativo (no respondido por el MA) se encuentra abierta esta vía, no agotándose (requisito para el amparo). Es de destacar que el Ministerio de Ambiente aún no ha respondido un otro recurso impuesto por nosotros en el año 2020 (quizás la “no respuesta” es una estrategia de su anti-ambientalismo), por lo cual seguramente no responderá tampoco este, dejando la causa abierta, ante lo cual no tendremos nunca lo necesario para el amparo.

De nuestra parte seguiremos trabajando como siempre, apostando a visibilizar todas las acciones perjudiciales para la conservación de nuestra flora y fauna nativa, sean estas realizadas directamente por el estado o permitidas por este, mediante decretos y resoluciones, algunos con validez legal, otros como los referentes a la caza de notoria y clara ilegalidad.

En materia ambiental, Uruguay tiene hermosos discursos hacia “afuera” pero la triste y profunda realidad demuestra que:

Hemos perdido el Uruguay Natural de antaño (Ej: UPM, deterioro costero, etc).

Hemos perdido el respeto a la Constitución y las leyes (Ej: caza de patos).

Hemos perdido la fiscalización (Ej.: ventas de fauna protegida en ferias y redes sociales pública).

¿Cuál es el fin del Ministerio de Ambiente?

¿Validar el daño ambiental bajo la aprobación de una sociedad ciegamente creyente?

Coendu