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Sentencia en caso Perrini consolida imprescriptibilidad sobre delitos durante dictadura cívico-militar

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La justicia sentenció  al Teniente 1º José Tomás Puigvert Valerio, como coautor de delito de homicidio, especialmente agravado, de Aldo “Chiquito” Perrini. La sentencia dictada en la jornada de este viernes 1 de febrero lo manda a la cárcel, por 22 años, menos la preventiva cumplida.

Además de esta ejemplar sentencia de la que escapan por fallecimiento los otros dos torturadores de Perrini, el Capitán Baudean y el Teniente Pedro Barneix (se suicidió para evitar la cárcel)  es muy importante esta sentencia para el resto de los casos que están en manos de la Justicia,  de militares violadores de los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar. La prisión de Puigvert   señala claramente la imprescritibilidad de estos delitos.

Un punto que hace que el caso del carmelitano, irradie una pequeña luz de justicia,  más allá de su propio crimen.

El abogado de la familia Perrini, Oscar López Goldaracena, envió en la noche de este jueves 1, algunos puntos para destacar de esta sentencia de la justicia:

Juzgado Ldo. Penal de 23º turno
Sentencia : 1/2019, Fecha :01/02/19
Ficha 2-53193/2010
(….) Aldo Francisco Perrini Guala (“Chiquito”) contaba en febrero de 1974 con 34 años de edad y vivía junto a su esposa y tres hijos en la ciudad de Carmelo (Departamento de Colonia) donde se desempeñaba como comerciante en el ramo de heladería en un emprendimiento de carácter familiar junto a un hermano. Carecía de militancia política y era simpatizante del partido político Frente Amplio. Y bien, el 26/2/1974 en horas de la mañana se desplegó un operativo militar por personal de la Brigada de Infantería Nº 2 y Batallón de Infantería Nº 4, ambos con asiento en la capital departamental, al mando del Capitán Baudean (hoy fallecido) y Teniente Pedro Barneix Mattiauda (hoy fallecido) para ubicar y detener a militantes y simpatizantes de la oposición a la situación impuesta.
El operativo militar conjunto, no estaba dirigido solo hacia él sino que abarcaba un número mayor de personas (fundamentalmente jóvenes de entre 18 y 25 años de vecinos carmelitanos militantes y opositores al régimen militar imperante). Entre ellos, José Antonio Valente, Carlos Alberto Pereyra, Miguel Alfredo Chipolini, Margarita Noemí Castillo, Daniel Gastón Conde y Jorge Raúl Ferrari, todos detenidos el mismo día que Perrini. En tanto, en fechas anteriores y posteriores también fueron detenidos ilegítimamente y sufrieron diversos tormentos al igual que los anteriores, Roberto Melo Rodríguez, Abraham Alfredo Bermúdez, Graciela Joana Castillo, Miguel Angel Molfino y Ruth Margarita Castillo.
En el transcurso del operativo Perrini fue detenido en la Heladería. Allanaron su domicilio y finalmente previo paso por la Comisaría donde lo encapucharon y esposaron con las manos hacia atrás lo trasladaron junto a otros detenidos en igual condición en un camión del ejército al Batallón de Infantería Nº 4, siendo agredido por golpes y puntapiés por soldados que lo custodiaban. A su arribo fueron trasladados a una pieza del cuartel donde les requirieron los datos identitarios y luego fueron trasladados a otra dependencia (anteriormente destinada a cantina) habiéndoles cambiado las esposas por cuerdas y las capuchas por vendas. Así los hicieron permanecer de pie con prohibición de tocarse y hablar durante varios días, sin proporcionarles ni agua ni comida, en lo que se denominaba en el léxico propio de los circunstantes “el ablande”. En los días de “plantón” todos eran golpeados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, hombres y mujeres, e incluso a estas el vejamen ingresaba al ataque sexual con tocamientos e incluso violaciones. Esto ocurría frente al resto de los detenidos quienes si bien tenían sus ojos vendados escuchaban las palabras vejatorias y los gritos desesperados de las víctimas a las cuales conocían por el trato cotidiano de vecindad propio de una localidad del interior.
Estas situaciones de alternancia entre “plantón” e interrogatorio bajo tortura se mantenían por varios días, hasta que al final los detenidos eran puestos a disposición de la Justicia Militar.
Los interrogatorios se realizaban bajo tortura –golpes, “submarino” (atados a una tabla los sumergían a un tanque de 200 litros con agua sucia) y luego picana eléctrica. Las víctimas luego de dichas sesiones de tortura eran trasladadas a la Enfermería para su control y recuperación a efectos de proseguir con la tortura.
Perrini, fue sometido a igual tratamiento que los restantes detenidos empero sobre él recayó especial inquina por cuanto en distintas ocasiones intentó con los escasos medios a su alcance (que no eran otros que su voz) interceder para hacer cesar los vejámenes hacia las mujeres insultando a los captores, por lo que como respuesta recibió no solo mas insultos sino también mayores apremios físicos por parte de aquellos. Es así que en tales circunstancias el día 3 de marzo de 1974 próximo a las 17 horas Perrini fue llevado a una nueva sesión de interrogatorios por cuanto según sus captores se encontraba “desacatado”.
Ese día el Batallón estaba a cargo del Mayor Washington Perdomo Díaz (hoy fallecido) por cuanto el primer Jefe, Teniente Coronel Hugo N. Canobra, se encontraba de licencia. No obstante por ser domingo Perdomo no se encontraba en el lugar. En razón de ello el interrogatorio estuvo a cargo del Capitán José Agustín Baudean (fallecido) que fungía como S2 de la Unidad, el Teniente 1º Pedro Ramón Barneix Mattiauda (procesado en autos y luego extinguido el proceso por su fallecimiento) que en ese momento revestía como Capitán de Servicio, y el ahora único encausado Teniente 1º José Tomás Puigvert Valerio, participando todos en el mismo. Según estos Perrini se encontraba “desacatado” e insultaba “a todo el mundo” y llegó “forcejeando con cinco o seis soldados, muy enojado”.
Al igual que todos los interrogatorios a los que fueron sometidos los restantes detenidos, este último se realizó también bajo el signo y tormento de la tortura. El lapso del mismo no pudo precisarse pero se estima entre 15 y 30 minutos cuando finalizó en forma abrupta ante el desvanecimiento de Perrini. Fue así que el Capitán Baudean ordenó al encausado Puigvert que buscara asistencia médica. Este, requirió la presencia del Enfermero Hugo Fernández quien concurrió y al ver su estado entendió menester llamar al Dr. Eduardo Enrique Solano García en su carácter de médico de la Unidad que de inmediato hizo trasladar a Perrini a la Enfermería. Allí Solano constató que Perrini estaba en “estado comatoso” por lo que solicitó el traslado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas en Montevideo. En el trayecto, a la altura del km. 110 de la Ruta 1, Perrini sufrió un paro cardiaco y murió. Pese a ello el cadáver fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas donde el Dr. José A. Mautone realizó la autopsia. En ella se consignó: “…El examen externo, enseña múltiples hematomas y equimosis en parte anterior de tórax y abdomen, especialmente en hipogastrio y genitales externos. Múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente. Equimosis en miembro inferior derecho y antebrazo izquierdo, tercio inferior. Orificios naturales, sin particularidades. El examen interno practicado enseña: Pulmones parcialmente distendidos, congestivos, con hemorragia subpleural, especialmente la izquierda. Al corte se observa un exudado sero hemático, que ocupa la casi totalidad del parénquima. Corazón: Solo se observa dilatación de cavidades derechas, con ectasia sanguínea en grandes vasos. Abdomen: con vísceras de morfología sensiblemente normal. Cráneo encéfalo: sin particularidades.
(…)
Por su parte, la Autopsia Histórica realizada por los Dres. Prof. Hugo Rodríguez Almada, Prof. Adj. Daniel Maglia y Prof. Agdo. Domingo Mederos por el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina concluyó que:
“El contexto de la muerte. Está fuera de controversia que la muerte de Aldo Perrini ocurrió en prisión y en el contexto de las torturas que se aplicaban a los prisioneros políticos en el Batallón 4º de Infantería con asiento en Colonia.
Las lesiones descritas en el cadáver. El informe de autopsia da cuenta de extensas lesiones traumáticas contusas cerradas (equimosis y hematomas), que comprometían miembros y tronco, y eran especialmente marcadas en epigastrio y genitales externos.
Estas lesiones se corresponden con una víctima multi- golpeada, excluyéndose de plano una etiología médico legal accidental o auto inferida, como la señalada en varias declaraciones de los militares actuantes. Se corresponden, por el contrario, con una etiología intencional y heteroinferida, como la esperable en el contexto de tortura como el denunciado por los ex prisioneros y admitido –mas allá de los eufemismos empleados en las declaraciones- por los militares presentes en el lugar del hecho. Se trataron de contusiones de elevada energía, capaces de producir hematomas en topografías de gran resistencia, como la cara anterior del abdomen. Mientras las contusiones en los miembros sugieren lesiones defensivas, las topografías en epigastrio y genitales externos corresponden a estigmas de agresiones dirigidas a despertar un intenso dolor.
Por otra parte, los hallazgos pulmonares descritos en el examen macro y microscópico resultan compatibles con una sumersión incompleta del tipo de la producida en la tortura conocida como “submarino”.

La causa de la muerte. Las limitaciones en la credibilidad de la información disponible y las del propio método pericial impiden afirmar con un absoluto grado de certeza la causa final de muerte.
No existe duda posible sobre que se trata de una muerte violenta y heteroinferida, acaecida en el contexto de la tortura.
Los elementos disponibles permiten plantear dos hipótesis principales sobre la causa de la muerte:
La primera de ellas es la que se conoce en Medicina Legal como “golpeado hasta la muerte” (beaten to death en la literatura anglosajona). En efecto, la agresión reiterada con objetos contundentes, incluidas las armas naturales como los puños y los pies, es un medio idóneo para provocar la muerte. Ella puede sobrevenir por varios mecanismos, como la inhibición (como respuesta refleja a estímulos dolorosos), Shock hipovolémico (por secuestro sanguíneo o hemorragia interna), compromiso encefálico o un síndrome de embolia grasa.
Falla cardíaca por ahogamiento durante la aplicación del “submarino”. Si bien los hallazgos pulmonares son significativos y están a favor de esta causa de muerte, también pueden obedecer a secuelas de una sesión de “submarino” anterior a la muerte. De hecho, la presencia de pigmento hemático fagocitado sugiere un lapso de supervivencia entre la hemorragia alveolar y la muerte.
Data de las lesiones. Tanto las lesiones superficiales (equimosis y hematomas) como algunos hallazgos pulmonares (fagocitos de pigmento hemático) sugieren un lapso de días entre la producción de las lesiones y la muerte.
Esto no significa que las agresiones no hayan precedido inmediatamente a la muerte, sino que hubo agresiones en forma prolongada, a lo largo de varios días. Esto se corresponde con los días transcurridos entre el momento de detención y el fallecimiento”. (fs. 614 a 621).
(…)
Que en relación a la prescripción alegada al contestar la requisitoria fiscal del reato incriminado no resulta de recibo la misma atento a lo normado en los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 18.831 del 27/10/11 que derogó tácitamente la Ley 15.848, llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, atento a la fecha de la perpetración del delito incriminado y lo dispuesto en la normativa legislada en la Ley que viene de referirse resulta inconcuso que al no computarse los plazos de prescripción entre el 22/12/86 y la promulgación de la Ley 18.831 y, va de suyo -y en eso resulta conteste la totalidad de la doctrina y jurisprudencia- el no cómputo de los plazos previos, los que transcurrieron durante el período del régimen de facto, el delito por el que se juzga en autos no prescribió. Además de ello el delito incriminado resulta inscripto en la categoría de delito de Lesa Humanidad y, por tanto deviene imprescriptible conforme la norma edictada en el art. 3 de la Ley 18.831, los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país (Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 15.737 del 8/3/1985; Carta de la OEA; Carta de la ONU; Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobada por la Asamblea General de ONU el 10/12/1984 y ratificada por Ley 15.798 del 27/10/1985; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad aprobada por la Asamblea General de la ONU el 26/11/1968 y aprobada en nuestro país por la Ley 17.347 con fecha 5/6/01; Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19/12/66 y aprobado en el Uruguay por la Ley 13.751 del 10/7/69; Convenio de Ginebra de 12/8/1949; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado en el país por la Ley 17.510 del 27/6/02; Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg (Acuerdo de Londres del 8/8/1945), así como el plexo de normas de “jus cogens” que conforman el derecho imperativo protectivo de los Derechos Humanos que ingresa a nuestro orden jurídico por la vía de los arts. 7 a 72 y 332 de la Constitución de la República adquiriendo pues dicha raigambre.
(…)
FALLO:
CONDENANDO A JOSE TOMAS PUIGVERT VALERIO COMO COAUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN (1) DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO A TITULO DE DOLO EVENTUAL A LA PENA DE VEINTIDOS (22) AÑOS DE PENITENCIARIA CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA CUMPLIDA E IMPONIENDOLE EL PAGO DE LOS GASTOS CARCELARIOS Y SIN ESPECIAL CONDENA RESPECTO DE LOS GASTOS PROCESALES (ART. 105 LIT E) DEL C.P.).
NOTIFIQUESE Y DE NO MEDIAR APELACION ELEVESE EN APELACION AUTOMATICA (ART. 255 INCISO SEGUNDO DEL CPP).
ADECUESE LA CARATULA.
COMUNIQUESE Y EJECUTORIADA SIGASE LA VIA LEGAL CORRESPONDIENTE.

Tabare ERRAMUSPE RAFFO

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